DENUNCIA

Consejera de CEDH es aviadora en diferentes nominas legislativas

Su relación con grupos parlamentarios panistas beneficio para cobrar abultados sueldos y estar en claro conflicto de intereses
Después del video escándalo en donde salen a la luz actos de corrupción de los diputados locales de los diferentes partidos políticos continúa un inimaginable destape de tráfico de influencias, amiguismo y compadrazgo, dentro de las “aviadoras” se encuentra una recién nombrada consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Giselle Meza Martell, quien además es asesora del Senado de la República también en ambos casos recomendada por legisladoras de extracción panista.

 

 
Hace unas semanas después de la controvertida elección del Presidente de la CEDH, Meza Martell debido a sus nexos tanto con Xitlalic Sánchez Servín como con Sonia Mendoza Díaz y Juan Pablo Escobar Martínez, fue electa y rindió protesta como Consejera de ese organismo autónoma y quien se desenvuelva como consejero no debe tener ninguna relación partidista.

 

 
La ahora consejera de la CEDH aparece como de las personas recomendadas en la Auditoria Superior del Estado con un sueldo de 17 mil pesos mensuales, aparte de fungir como asesora de la diputada local por el PAN y afiliada en el PRI como militante Xitlalic Sánchez, quien además es la Presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, con lo cual se demuestra un claro conflicto de intereses, pues como puede ser parte del organismo de Derechos Humanos y a la vez desempeñarse en la comisión que legisla en materia de Procuración de Justicia.

 

 
A su vez Meza Martell es asesora en el Senado de Sonia Mendoza y se también desempeña como parte del equipo que apoya a Margarita Zavala en San Luis Potosí para buscar la candidatura por el Partido Acción Nacional, que coordina el ex diputado local y federal Juan Pablo Escobar, quien también busca ser candidato a la senaduría en el 2018.

 

 
Anteriormente ya había se había señalado a Giselle Meza que cobraba doble sueldo como asesora del Congreso del Estado, bajo el régimen de honorarios y en la propia Auditoria Superior, sin embargo nunca fue removida de ninguno de sus sueldos.

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