
Entre las principales medidas destacan:
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Renuncia del director de la Facultad de Derecho y destitución de otras autoridades por omisiones en la atención del caso denunciado.
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Expulsión de dos estudiantes involucrados en los hechos de violencia de género.
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Creación de un protocolo integral con participación de colectivas feministas y especialistas externos.
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Formación obligatoria en derechos humanos y perspectiva de género para todo el personal académico, administrativo y estudiantil.
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Reconocimiento de la pluralidad de grupos estudiantiles y fortalecimiento de los derechos de asociación y representación sin mediación de estructuras verticales.
La institución reafirmó su compromiso con los principios de libre manifestación, protección integral a las víctimas y cero tolerancia a represalias, reiterando su disposición a mantener un diálogo permanente con la comunidad universitaria para consolidar un ambiente libre de violencia, justo, plural y respetuoso de la dignidad humana.