Estado

Líder de destrucción en Congreso fue detenido y liberado sin cargos

El pasado viernes 5 de junio se registró una destrucción sin precedentes en el recinto del Congreso del Estado, realizada por cerca de 12 jóvenes, quienes lograron romper el candado de la reja y la puerta para ingresar a saquear y quemar el lugar.

La actuación tardía por parte de la autoridad ha generado mucha polémica, pues a partir de los daños que se registraron frente la Fiscalía del Estado, la autoridad, fuera de hacer presencia cada vez más, se fue alejando de los eventos. El Secretario Leal Tovías declaró ese mismo día que todo se trató de una estrategia para evitar enfrentamientos y violencia.

Sin embargo, lo que más polémica ha causado es que se ha hecho de conocimiento público que uno de los actores más activos en la destrucción de la propiedad pública fue detenido en el lugar de los hechos por Policías Estatales, pero nunca fue presentado ante la Fiscalía General del Estado.

En el momento más álgido del amotinamiento en el Congreso del Estado, un operativo por parte de la Policía Estatal se desplegó, entrando primero de forma pasiva a la Plaza de Armas -por el lado oriente- y luego actuando de forma enérgica. La pasividad de la policía permitió que quienes se encontraban vandalizando el interior del Congreso escaparan por las calles aledañas sin problemas; ninguno fue detenido ni perseguido.

Pero, cuando finalmente los oficiales llegaron a la explanada del Congreso del Estado, los manifestantes que veían a distancia la destrucción del recinto legislativo fueron dispersados violentamente a golpes; unos fueron sometidos e inclusive otros fueron llevados al interior del Congreso a jalones para allí ser sometidos y hasta golpeados. Diversos materiales audiovisuales evidenciaron la torpeza policial; estas pruebas han servido para demostrar la inocencia de los imputados. Incluso se muestran detenidos que ni siquiera participaron en la manifestación y que fueron sacados de entre el público que observaba todo el montaje; como si de un régimen totalitario se tratase.

Lo que llama más la atención es el ahora famoso “joven de blanco”, quien ese día vestía gorra blanca con logo «NIKE», playera polo blanca, pantalones de mezclilla azules y tenis blancos; participó en la destrucción de la patrulla, en los daños a la Fiscalía, al Palacio de Gobierno y al Congreso (en este último estuvo de forma muy activa, al punto que fue él quien -junto con otros- rompió la puerta de cristal, ingresó y ayudó a romper y sacar cosas).

El joven de blanco logró escapar antes de que los policías llegaran “porque alguien les avisó”; varios testigos vieron cómo entre los vándalos se coordinaban y gritaban “¡ahí vienen!”. A pesar de esto, el joven cometió un error: regresó más tarde a observar el operativo. Por eso fue identificado y detenido por los Policías Estatales, y de la detención hay testigos e imágenes, pero nunca fue presentado ante la Fiscalía.

Investigando para determinar porqué no fue presentado ante el Ministerio Público con cargos como el resto de los detenidos, y a pesar de que hay evidencias en decenas de fotos y archivos audiovisuales donde se observa cómo daña una patrulla, ingresa al congreso y coordina actos de destrucción, resulta que fue bajado de la camioneta antes de la presentación de los detenidos. Entrevistando a diversos imputados, señalaron que en todo momento a bordo de la camioneta se mostró confiado, riendo e inclusive tomándose fotos y mandando mensajes. Pero, sin razón, y durante el lapso de más de 4 horas en el que la Policía Estatal tardó para presentar a los detenidos, fue bajado de la camioneta.


El joven de blanco además ha sido identificado en redes como uno de los convocantes a la marcha; la propia gente se ha dado a la tarea de investigar para conocer la verdad. No obstante, la autoridad -aun con las herramientas con las que cuenta y tras haberlo tenido en su custodia- simplemente permitió la impunidad, y hasta el momento no se conoce qué interés es superior al de la justicia como para que esto pase en San Luis Potosí.

La mano negra del Congreso

Los 3 imputados que fueron vinculados a proceso sufrieron de amenazas y de un proceso judicial irregular, situación que ha extrañado a los abogados y activistas que han brindado su apoyo para exonerarlos; esta situación hasta ha resonado en chats de abogados y defensores de los Derechos Humanos.

Se habla que el diputado Martín Juárez Córdova (del Partido Revolucionario Institucional, PRI) está detrás de todo y es quien ha ordenado que se haga todo lo “extra-judicialmente” posible para encarcelar a los tres inocentes, pero, ¿cuál es el interés que tiene para ello? De momento no existe una respuesta clara.

La persecución política

A pesar de todo, resalta el hecho que Claudia Hernández, una de las detenidas y quien ha sido siempre una pieza incómoda para el Gobierno, de inmediato fue individualizada y tratada diferente en comparación con los otros detenidos. Y es que no es para menos, pues es reconocida como Defensora de los Derechos Humanos, además de que es integrante de la Escuela de Justicia Trasnacional, de la Directiva del Patronato Pro Defensa del Patrimonio Cultural e Histórico de Cerro de San Pedro, y actualmente su tesis de licenciatura (la cual es asesorada por el Dr. David Madrigal del Colegio de San Luis) refiere a la Lucha de los Comuneros de San Juan de Guadalupe y la Sierra de San Miguelito. La madrugada del domingo, en las afueras de la Pila, se reunieron un grupo de familiares, amigos, abogados, animalistas, activistas de derechos humanos y derechos ambientales para brindarle su apoyo.

Es por ello existe el planteamiento para que se investigue las acciones de Gobierno del Estado por violación de Derechos Humanos por observadores nacionales e internacionales.

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