
Los quejosos señalan que son cerca de 130 personas afectadas a las cuales se les despojó de grandes cantidades de dinero a través de simulación de negocios que no generaron ningún envolvente. Consideran que Salazar Soto está siendo protegido por las autoridades estatales debido a su relación con la ex titular de Servicios de Salud, Mónica Liliana Rangel a la cual también se le detectó irregularidades pero nunca existió ninguna sanción de algún tipo.
Los afectados señalan que el atraso en las investigaciones tiene más de 6 meses y la Fiscalía no responde por qué la demora en la ordenanza de distintos oficios de investigación. Son 23 las carpetas de investigaciones las que se encuentran totalmente detenidas y que involucran a empresas creadas por Salazar Soto.





