La Vocería de Seguridad: Censura y persecución
Una serie de amenazas, porque no se pueden tomar de otra forma, ha vertido en redes sociales la Vocería de Seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí.
El 15 de diciembre se publicó uno de los vídeo más virales que ha tenido la SSPE, pero no por brindar información de relevancia o emitir un mensaje para buscar la “proximidad social”, el vídeo se llenó de interacciones, en su mayoría comentarios cuestionando el mensaje que advertían la clara amenaza, el acto de censura y un advertencia de posibles actos de espionaje.
A continuación el mensaje:
“La difusión de imágenes y videos relacionados con hechos de sangre o con acciones de presuntas organizaciones delincuenciales provocan inquietud, temor, desinformación y psicosis. Desde el gobierno del Estado de San Luis Potosí, hacemos un llamado a la población y a los responsables de portales electrónicos de no alimentar el medio con este tipo de publicaciones innecesarias a través de redes sociales. Actualmente contamos con la tecnología para rastrear blogs, perfiles, sitios webs y números telefónicos, y así ubicar desde donde se envían este tipo de material. En cada hecho detectado se iniciará una investigación y en su caso se fincarán responsabilidades, estas malas prácticas podrían ponerte en riesgo, también a tus hijos, a tu familia, no seas parte de un delito.
Analizaremos en partes el mensaje, que a todas luces busca coartar la libertad de expresión, infundir temor y mal informar a la ciudadanía sobre sus derechos humanos.
En la primer parte del mensaje, en un intento de justificar la amenaza que se va verter, se intenta desestimar el derecho constitucional de la libre difusión de información y acceso a la libertad, la cual tiene sus claros límites establecidos por la propia Constitución y leyes secundarias.
Lo hace de una forma perversa, pues se coloca a la natural acción humana de la comunicación, la cual se detona en situaciones adversas por razones de supervivencia con una especie de acción consiente en favor del crimen y hasta con fines colaborativos. De forma maliciosa se quiere señalar que cualquiera que compartiera información de violencia o crimen organizado, es casi cómplice de esos actos.
En la segunda parte, se dirige desde el membrete del Gobierno del Estado, desde una posición de poder y señala de forma muy precisa a ciudadanos y portales electrónicos, hace un señalamiento preciso con el fin aparente de que nadie se pueda sustraer de la amenaza. Y califica a la información de interés público como “innecesaria”. Es decir, además de hacer notar que el mensaje se emite desde el poder, que nadie se puede sustraer de dicho poder, se atribuye la capacidad y personalidad de definir que se puede difundir y que no.
Finalmente la parte más delicada, una vez más advierte el mensaje de la capacidad del Estado para perseguir. El mensaje no reparar en recalcar que el Estado cuenta con la tecnología para individualizar la información y perseguir al emisor “ blogs, perfiles, sitios web y números telefónicos” , no hay forma de sustraerse de la vigilancia ni de la discrecionalidad de la autoridad. Y se remata el mensaje con una amenaza apelando a que está en riesgo no solo el emisor, también la familia y se habla de un delito no específico.
Antes de que abordemos sobre el tema, pongamos por ejemplo la siguiente situación
Se desata una balacera en algún punto del estado, cualquier persona puede grabar estos hechos, subirlos a su cuenta de Facebook y Twitter, y por la propia naturaleza de la información esta se viraliza. El vídeo comienza a compartirse, detonando un ejercicio social, en el que las personas primero por el simple acto de supervivencia comparten la información sobre el peligro en su ambiente, peligro que va tomando una mayor forma conforme se suman comentarios o reportes de otros usuarios que están presentes durante los hechos o bien quienes de forma furtiva realizan periodismo ciudadano (conjuntan, descartan, esquematizan y agregan discurso a una información). Un acto de todos los días en cualquier parte del mundo.
Pues bien, esa persona corre riesgo de que la SSPE pueda individualizarle, acusarle de algún delito, por el simple hecho de ejercer sus derechos constitucionales. Cualquiera diría que el proceso sería infructuoso, porque por más que Jueces de Control estén en contubernio con la FGE (se sabe), la justicia federal no permitirá tal atrocidad. Sin embargo, el daño ya está hecho, ha sido suficiente para nulificar los derechos descritos, cohibir para que el ciudadanos pueda ejercerlos y debilitar el discurso público. La autoridad no reparará en informar, en lo que liberan al acusado, que detuvo a una persona por “difundir hechos de violencia” – no sé cómo le llamarán, ni si quiera me imagino como justificar tal aberración- para que el mensaje le quede claro a la ciudadanía de San Luis Potosí.
Recientemente la SSPE emitió un boletín, en el que se aseguraba que un chofer fue detenido por agredir a policías en la colonia 21 de Marzo. En el boletín se aseguró que el camionero conducía a exceso de velocidad, y que en respuesta a la detención de los policías el chofer y otra persona respondieron con violencia física, les pongo aquí la nota que salió en Pulso:
Más tarde, gracias a la recabación de información y la difusión de imágenes de los propios ciudadanos se pudo conocer que:
Los oficiales fueron quienes conducían de forma agresiva
Que el camionero respondió a agresiones que habrían cometido dichos oficiales
Que por razón desconocida, esos días la cámaras del C5 no funcionaron
Que por razón desconocida el camionero fue presentado más de 8 horas después de los hechos
Que el camionero y otra persona fueron golpeados en la celda de la SSPE, donde apagaron las cámaras.
Pero fue gracias a la valentía de ciudadanos que se pudo conocer la otra cara de la realidad, la otra información. Fue gracias a medios de comunicación que contrastaron la información oficialista que buscaba criminalizar a una víctima que se pudo contrapesar el poder mal ejercido.
Las amenazas vertidas por la SSPE, que buscan el monopolio de la información, pone en riesgo la democracia y nulifican el discurso público. Si se emite información, es porque existe una realidad. Querer presentar a los medios o los ciudadanos como contrarios a al gobierno, es un discurso absurdo, por el simple hecho de que ni medios ni ciudadanos pertenecen al gobierno sino todo lo contrario.
Actualmente existe una Ley de Protección al Ejercicio de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual precisamente excluye a las personas más vulnerables del quehacer periodístico, a las que no se encuentran trabajando en algún medio reconocido por las autoridades, reconocimiento que se da a discreción. Este tipo de mecanismos de exclusión son los principalmente usados para desestimar el quehacer periodístico, históricamente se ha visto como la autoridad busca en primero momento catalogar a alguien como persona ajena al periodismo y criminalizar su labor aduciendo que tiene fines propagandísticos y colaborativos con el crimen.
Recordemos el “Pórtense bien” de Javier Duarte.
Es lamentable el discurso tan peligroso que lanza no solo para ostenta un poder, sino que se amenaza con ejercerlo, porque finalmente eso es el poder. Un poder dado por el pueblo y que es usado en contra periodismo ciudadano, independiente o cualquier voz que no se ajuste a los parámetros y tiempos del oficialismo.
Es necesario que se vigile la actuación de las autoridades, esperando que no se concreten las amenazas vertidas y exigiéndonos como ciudadanía el levantar la voz ante las arbitrariedades y abusos que se cometa las autoridades
PD. El Congreso guarda silencio, parece que para éste también es conveniente que la gente calle.
