Ejidatarios de La Pila exigen auditoría agraria y revisión de actos administrativos
San Luis Potosí, SLP.— Ejidatarios del núcleo agrario «La Pila» han denunciando una serie de irregularidades y violaciones a los procedimientos y leyes agrarias que, según ellos, comprometen sus derechos agrarios y la integridad de su comunidad.
Los ejidatarios, representados por Eulogio López Delgado, Miguel Adán López Ávalos, Guadalupe Segura Sustaita, entre otros, expresaron que han sido ilegalmente suspendidos de sus derechos agrarios por actos de venganza del comisariado ejidal actual, en respuesta a su negativa a cooperar con actos que consideran contrarios a la ley. Esta suspensión derivó de una asamblea celebrada el 14 de abril de 2024, la cual describen como plagada de «vicios ocultos y violaciones a los procedimientos agrarios».
Los afectados han solicitado la intervención de la Procuraduría Agraria en la Ciudad de México, junto con el Registro Agrario Nacional y el Archivo General Agrario, para realizar una auditoría agraria exhaustiva que examine las acusaciones de corrupción y manipulación de documentos y procedimientos que favorecen a empresarios y funcionarios corruptos en detrimento de los legítimos ejidatarios.
Además, han detallado cómo ciertas autoridades estatales y federales, incluyendo las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Medio Ambiente, así como la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), han participado o validado actos que consideran ilegales, como la aprobación de proyectos que afectan directamente las tierras de uso común del ejido sin los debidos procedimientos de impacto ambiental y de riesgo.
Los ejidatarios también mencionaron la preocupación por las esferas gigantes de gas licuado instaladas en su territorio, las cuales comparan con desastres como el de San Juanico, subrayando la falta de estudios de riesgo adecuados y la omisión de normas de seguridad esenciales.
Este llamado a la acción se realiza en un contexto de creciente descontento y desconfianza hacia las autoridades agrarias y otros organismos gubernamentales, a quienes acusan de complicidad en un «mercado de tierras» que opera a espaldas de la ley y en perjuicio de los verdaderos ejidatarios.
