Vía Alterna: Un Proyecto en Conflicto con la Protección de la Sierra de San Miguelito
San Luis Potosí, SLP – La construcción de la Vía Alterna en San Luis Potosí, un proyecto vial que busca aliviar el tráfico en la ciudad, se ha convertido en un foco de controversia debido a su impacto ambiental en la Sierra de San Miguelito. Desde su aprobación inicial en 2018, el trazado de esta vía ha generado preocupación entre ambientalistas y comunidades locales, quienes señalan que el proyecto invade áreas naturales protegidas y amenaza la biodiversidad de la región.
Carlos Covarrubias, activista de los Guardianes de la Sierra, ha sido una de las voces más críticas del proyecto. Covarrubias explica que la Vía Alterna no solo afecta áreas de amortiguamiento de la sierra, sino que también está diseñada para beneficiar proyectos inmobiliarios y empresariales, como Gran Peñón y Cañadas. «La Vía Alterna está concebida como un ramal que interconecta varios proyectos inmobiliarios, más que como una solución de movilidad para la ciudad», afirmó Covarrubias.
El activista también destacó que el proyecto se aprobó bajo un contexto de «protección simulada», ya que en 2018 aún no existía el decreto federal que hoy protege la Sierra de San Miguelito. A pesar de esto, la construcción ha continuado, lo que ha llevado a la destrucción de flora y fauna en el área. «Hoy, vemos cómo las máquinas avanzan, destruyendo parte de la sierra, lo cual es inaceptable desde cualquier punto de vista ambiental», subrayó.
Uno de los puntos más críticos mencionados por Covarrubias es la contradicción en la postura del gobierno federal respecto a este proyecto. En 2020, el presidente de la República decidió retirar el presupuesto asignado a la Vía Alterna, reconociendo el impacto negativo que tendría en el ecosistema. Sin embargo, el gobierno estatal actual ha retomado el proyecto, generando un conflicto entre los niveles de gobierno. «Hay una clara contradicción aquí. El gobierno federal retiró el apoyo, pero el gobierno estatal sigue adelante con la construcción, lo que pone en riesgo la credibilidad de las instituciones», dijo Covarrubias.
El activista también reveló que existe una resolución negativa de la Semarnat para una nueva manifestación de impacto ambiental presentada en 2021, la cual buscaba modificar el trazado de la Vía Alterna para interconectarla con otros proyectos carreteros. A pesar de esta negativa, la construcción ha continuado, lo que Covarrubias califica como un acto de «flagrante ilegalidad». «Esto demuestra que hay intereses muy poderosos detrás de este proyecto, que están dispuestos a pasar por encima de la ley y del medio ambiente», denunció.
La situación se agrava con la participación de figuras políticas y empresariales de alto perfil, como Marcelo de los Santos, quien, según Covarrubias, es uno de los principales beneficiarios del proyecto. «La Vía Alterna está diseñada a la medida de proyectos como el Gran Peñón, y su construcción es un ejemplo de cómo los intereses privados están moldeando la infraestructura pública», añadió.
Covarrubias también cuestionó quién será responsable de inaugurar este proyecto, dada la controversia que lo rodea. «¿Quién del gobierno federal va a venir a inaugurar una obra que ha generado tanto conflicto y que podría tener implicaciones legales serias?», se preguntó. El activista concluyó que, aunque la necesidad de mejorar la movilidad en la ciudad es real, no se puede permitir que este tipo de proyectos pongan en riesgo la viabilidad de áreas naturales protegidas como la Sierra de San Miguelito. «Es necesario encontrar un equilibrio que permita el desarrollo urbano sin sacrificar nuestros recursos naturales y sin caer en la corrupción que ha marcado este proyecto desde su inicio», finalizó.
