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Ejido Peyote eleva la negociación por ocupación de tierras y exige obras sociales en Guadalcázar

El Procurador Agrario Nacional, Víctor Suárez, respalda a la comunidad al proponer un modelo que incluya pago justo, acceso carretero, parador turístico y proyectos de impacto social y ambiental.

Con el objetivo de romper el esquema tradicional de negociación por la ocupación de tierras, el Ejido Peyote —ubicado en Guadalcázar, San Luis Potosí— anunció que la empresa interesada en suelos ejidales elevó su oferta de 40 a 185 pesos por metro cuadrado y aún podría incrementarla en las próximas rondas de diálogo.

Durante una asamblea informativa celebrada este lunes 7 de julio, se precisó que el Procurador Agrario Nacional, Víctor Suárez, planteó un acuerdo integral: «Acceder a la carretera por el ejido, establecer un parador con productos regionales y desarrollar obras de beneficio social y ambiental es totalmente posible, y este Gobierno Federal no permitirá el sometimiento ni el abuso contra los núcleos agrarios».

La representación ejidal sostuvo que el caso de Peyote marcará un precedente al rechazar compensaciones insuficientes: «Esos ejidos que aceptaron tan poco dinero y nada de obras son un ejemplo de lo que no se debe hacer». En ese sentido, la comunidad declaró: «Ya se acabó el tiempo de los ejidos arrodillados; ahora es la nueva historia de los ejidos que luchan y triunfan, y eso es Peyote de Guadalcázar: ni se rinde ni se doblega».

Para consolidar la propuesta, el Procurador Agrario visitará San Luis Potosí y participará en mesas de negociación con empresarios y el Gobierno Estatal, donde se afinarán montos definitivos y compromisos de infraestructura. El ejido insistirá en:

  • Pago justo por metro cuadrado conforme al valor actualizado de la tierra.

  • Construcción de un parador turístico que impulse la economía local mediante la venta de productos regionales.

  • Obras de beneficio social y ambiental, incluidas vialidades internas y acciones de reforestación.

Con esta postura, Ejido Peyote busca asegurar que la inversión privada se traduzca en desarrollo sostenible y dignidad para la comunidad ejidal, estableciendo un modelo replicable para otros núcleos agrarios del país.

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