Advierte diputada Nancy García falta de información oficial sobre municipalización del agua en Soledad
Asegura que aún no hay acercamiento institucional por parte del Ayuntamiento; llama a actuar con responsabilidad técnica y financiera
San Luis Potosí. — La diputada Nancy Jeanine García Martínez, presidenta de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, informó que hasta el momento no ha recibido ninguna solicitud formal ni documentación oficial por parte del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez para avanzar en la municipalización del servicio de agua potable, como lo ha manifestado públicamente el alcalde Gilberto Hernández Villafuerte.
Durante una rueda de prensa, García Martínez explicó que si bien el Ayuntamiento ha reiterado su intención de desincorporarse del INTERAPAS, aún no se ha cumplido con los procedimientos institucionales que permitan analizar legalmente la viabilidad de esa decisión.
“No me opongo, pero sí me preocupa y me interesa saber cómo se va a solventar el servicio, cómo se va a garantizar ya como un organismo descentralizado. Hasta ahora, no he tenido ningún acercamiento formal ni del alcalde ni del Cabildo”, señaló la legisladora.
Indicó que la ruta legal implica primero una decisión del Cabildo y posteriormente, un análisis por parte del Congreso del Estado, que debe revisar tanto el decreto correspondiente como la Ley de Ingresos del nuevo organismo operador. El plazo límite para presentar dichas iniciativas es el 5 de noviembre.
“Necesitamos que llegue la información, no solo anuncios mediáticos”, puntualizó, al advertir que si el proceso administrativo y legislativo no se concluye antes de esa fecha, podría quedar fuera del análisis presupuestal para el ejercicio fiscal 2025.
La diputada también explicó que actualmente está en curso un proceso de diálogo con los 21 organismos operadores de agua de la entidad, con quienes ya se realizó un conversatorio técnico en presencia de representantes del INEGI, la Comisión Estatal del Agua y el Instituto de Fiscalización.
En este marco, se han abordado criterios técnicos y administrativos para evitar errores en las iniciativas de leyes de cuotas y tarifas, además de evaluar la posibilidad de ajustar los cobros con base en el Índice Nacional de Precios al Productor (INPP).
García Martínez subrayó la necesidad de que los organismos presenten propuestas bien justificadas y que implementen estrategias serias de recaudación, citando como ejemplo positivo al organismo operador de Matehuala, al que calificó como “excepcional” por su continuidad administrativa y experiencia operativa.
“Cada organismo tiene una situación muy diferente, y muchos enfrentan condiciones caóticas”, advirtió.
Finalmente, la legisladora reveló que propuso una iniciativa para ampliar el plazo legal del 5 de noviembre, con el fin de sincronizar mejor los tiempos legislativos con los ciclos presupuestales municipales y garantizar un análisis más riguroso y equitativo de cada caso.
