UASLP reconoce deficiencias en seguridad y agiliza protocolos: abogada general responde a crisis universitaria

San Luis Potosí, SLP.— La abogada general de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Urenda Queletzú Navarro Sánchez, aseguró que la institución está trabajando en dos líneas estratégicas fundamentales para atender la crisis derivada del caso de violencia de género ocurrido el pasado 17 de octubre y la posterior movilización estudiantil: reforzar la seguridad en los espacios universitarios y agilizar los mecanismos de atención en casos de violencia y acoso sexual.

Durante su encuentro con medios de comunicación en el Edificio Central, Navarro Sánchez detalló que las acciones propuestas han sido consensuadas con integrantes de la comunidad universitaria, incluyendo profesoras y profesores. Entre las medidas inmediatas, destacó el fortalecimiento de los protocolos de atención y la revisión del mecanismo de debida diligencia, con miras a prevenir nuevos casos y garantizar atención eficaz.

“Se han planteado estrategias concretas construidas a partir del diálogo con la comunidad. También estamos revisando el protocolo para que las instancias brinden atención más ágil en los casos de violencia”, declaró.

Respecto al seguimiento puntual del caso de la estudiante agredida, informó que la Defensoría universitaria fue instruida para acercarse a la víctima, aunque aclaró que la institución no puede ofrecer representación jurídica directa, pero sí acompañamiento institucional si así lo solicita.

Asimismo, señaló que los presuntos agresores, tras un procedimiento administrativo sancionador, fueron excluidos de la Universidad, sin que se les brindara asesoría o acompañamiento por parte de la institución.

En cuanto al tema de la seguridad física en campus universitarios, la abogada reconoció que alrededor de 75 cámaras se encuentran fuera de funcionamiento, lo cual complica la identificación de los responsables de actos vandálicos registrados en la protesta del martes 22. No obstante, subrayó que la prioridad de la UASLP ha sido preservar la integridad de las personas, más que los daños materiales.

“No pretendemos criminalizar. Entendemos que pudo haber agentes disruptivos, pero nuestra prioridad es que no hubo afectaciones a personas”, señaló.

Consultada sobre la solicitud de comparecencia del rector Alejandro Zermeño ante el Congreso del Estado, la abogada sostuvo que no existe competencia legal para obligarlo a ello, al tratarse de una universidad autónoma. Indicó que el único órgano con atribución para convocarlo es el Consejo Directivo Universitario.

“No negamos la rendición de cuentas, pero una comparecencia del rector ante el Congreso sería una intromisión en la autonomía universitaria”, puntualizó.

También respondió sobre versiones que acusan falta de voluntad para que la Universidad se someta a fiscalización del uso de sus recursos propios. Al respecto, afirmó que es falso que exista un “pase abierto” a la auditoría, ya que el litigio con el IMSS versa sobre una disputa competencial, y no sobre la negativa a ser auditados.

Finalmente, sostuvo que el equipo jurídico del rector Zermeño Infante mantiene su compromiso con el manejo institucional de la crisis, evitando confrontaciones políticas:

“Estamos saliendo a dar la cara, a reconocer las deficiencias y a responder con acciones. Nuestro enfoque está en las demandas estudiantiles, no en intereses externos”, concluyó.