Colectiva denuncia objeción de conciencia y falta de transparencia en la aplicación de la ILE en San Luis Potosí
Integrantes de una colectiva feminista denunciaron que, a un año de la despenalización del aborto en San Luis Potosí, las mujeres y personas con capacidad de gestar enfrentan múltiples obstáculos para acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), debido a la falta de personal capacitado, el uso indiscriminado de la objeción de conciencia y la omisión de información por parte de las autoridades de salud.
De acuerdo con el informe presentado por las activistas, nueve hospitales públicos están registrados oficialmente para ofrecer el servicio de ILE, sin embargo, en la práctica sólo uno brinda la atención efectiva a personas sin seguridad social: el Hospital del Niño y la Mujer. En contraste, el Hospital General de Soledad, aunque forma parte del sistema IMSS Bienestar, no realiza el procedimiento, debido a que la mayoría de su personal se declaró objetor de conciencia.
“Acudimos personalmente y se nos refirió al Hospital del Niño y la Mujer, donde se nos dijo que era el único lugar que atendía a mujeres sin seguridad social. En Soledad, el personal médico reconoció que no realizan el servicio porque la mayoría son objetores”, señalaron las representantes.
En el Hospital General de Ciudad Valles, los registros indican que 10 de los 17 profesionales de la salud son objetores, lo que representa un 33% del personal médico identificado en hospitales habilitados, según los datos obtenidos mediante solicitudes de transparencia.
Las activistas también denunciaron la falta de transparencia de la Secretaría de Salud del Estado, ya que en los registros oficiales todas las interrupciones practicadas entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025 (132 en total) fueron clasificadas como casos médicos, sin que se reportara ningún procedimiento por decisión voluntaria, pese a que la ley lo permite desde la despenalización.
“El 100% de los casos fueron reportados como interrupciones por riesgo a la salud o malformaciones congénitas. Sabemos de casos de mujeres que solicitaron el servicio voluntariamente, pero las razones reales no se registraron”, afirmaron.
La colectiva presentó un recurso de revisión ante la CEGAIP (943/2025) por omisión de información en su solicitud, especialmente sobre quejas y denuncias por negativa o mal servicio en la ILE.
Finalmente, las representantes recordaron que siguen pendientes dos iniciativas presentadas hace un año en el Congreso del Estado, una para ampliar las excluyentes del delito de aborto después de las 12 semanas, y otra para armonizar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, incorporando sanciones por violencia institucional en procedimientos de interrupción del embarazo.
“A un año de la despenalización, el acceso real sigue siendo un privilegio en la capital, mientras en otros municipios las mujeres son rechazadas o deben desplazarse largas distancias”, advirtieron.
