Estudiantes del Tecnológico de San Luis Potosí presentan pliego petitorio con 33 demandas por seguridad, infraestructura y transparencia
La comunidad estudiantil solicita respuesta en un plazo de cinco días hábiles y advierte que podría acudir a instancias externas si no hay soluciones

El pliego expresa el descontento de los estudiantes ante lo que consideran el incumplimiento de derechos básicos relacionados con el acceso a instalaciones dignas, la seguridad al interior del plantel y la atención efectiva a inconformidades previas. La comunidad señala que estas omisiones han derivado en un ambiente de preocupación y han motivado la formalización de este reclamo colectivo.
Demandas de seguridad y garantías contra represalias
El estudiantado solicita medidas que garanticen un entorno seguro, libre de intimidación y sin represalias hacia quienes expresen inconformidades. Exigen también que se detengan prácticas que consideran actos de censura en canales institucionales, así como el establecimiento de mecanismos efectivos para prevenir discriminación y atender denuncias de acoso o maltrato.
Entre los puntos señalados destaca la demanda de mejorar la seguridad en los accesos al plantel, la supervisión del personal de vigilancia y el fortalecimiento de la iluminación en áreas que, según afirman, representan un riesgo para la comunidad.
Deficiencias en infraestructura y condiciones de aprendizaje
Los estudiantes enumeran diversas carencias en la infraestructura académica, entre ellas:
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mobiliario insuficiente o dañado,
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fallas en sistemas de climatización,
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proyectores y equipo de apoyo didáctico en mal estado,
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laboratorios con equipo obsoleto o incompleto,
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problemas de conectividad que afectan actividades académicas,
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deterioro en suelos, pasillos y áreas específicas del plantel.
Estas deficiencias, señalan, no solo afectan el desempeño académico, sino que comprometen la seguridad y la calidad del proceso de enseñanza.
Exigencias sobre el cuerpo docente y prácticas pedagógicas
El pliego también incluye señalamientos respecto al desempeño y conducta de ciertos docentes. Entre las preocupaciones mencionadas se encuentran:
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el uso reiterado de exposiciones estudiantiles como sustituto de la cátedra,
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el incumplimiento de contenidos programáticos,
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evaluaciones poco claras o arbitrarias,
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falta de capacitación en herramientas tecnológicas y de Inteligencia Artificial,
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conductas consideradas inapropiadas o contrarias al ambiente académico.
La comunidad solicita que las evaluaciones docentes sean tomadas en cuenta con seriedad y que se garantice un entorno profesional y respetuoso.
Solicitudes de transparencia administrativa y cambios internos
Otro bloque de demandas se centra en la transparencia y eficiencia administrativa, incluyendo:
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claridad previa sobre la asignación de docentes al momento de la inscripción,
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profesionalización del personal en áreas académicas y administrativas,
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revisión del modelo del Centro de Lenguas, que consideran costoso, deficiente e inequitativo,
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reestructuración del CESA,
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y la remoción de la jefatura de Gestión Tecnológica y Vinculación por presuntas conductas inadecuadas y falta de eficiencia.
Los estudiantes advierten que algunos procesos actuales generan inequidad, retrasos y confusión, lo que afecta directamente el avance académico.
Actividades extraescolares: omisiones y reclamos
El documento también aborda inconformidades relacionadas con las actividades extraescolares, en especial el desempeño del departamento encargado, al que atribuyen fallas en la gestión de trámites, apoyo insuficiente a atletas y deterioro de espacios deportivos. Señalan, además, casos de trato inapropiado, exclusión en reconocimientos y presuntas represalias contra estudiantes involucrados en competencias.
Solicitud de respuesta y advertencia de posibles acciones externas
El pliego concluye solicitando que todas las demandas sean atendidas con acciones verificables, plazos definidos y responsables claros. Asimismo, solicita que la respuesta oficial sea publicada en los canales institucionales.
La comunidad advierte que, de persistir la omisión o la falta de atención, podrían llevar el caso ante autoridades como la Secretaría de Educación Pública, la Comisión Estatal de Derechos Humanos o la Fiscalía General del Estado.






