Maestras de la Facultad de Derecho de la UASLP denuncian irregularidades en la integración de la terna para la Dirección
Profesora integrantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí dieron a conocer una serie de señalamientos respecto al proceso interno mediante el cual se designó la terna que será sometida a consideración del Consejo Directivo Universitario para elegir a la nueva persona titular de la Dirección de esa entidad académica.
En conferencia de prensa, la doctora Herida Arguelle explicó que las docentes decidieron convocar a los medios debido a que, durante la sesión del Consejo Técnico Consultivo llevada a cabo la noche anterior, se seleccionó una terna sin que se siguieran —afirmaron— los lineamientos marcados en la convocatoria ni se notificara oportunamente a quienes participaron en el proceso.
La doctora María Suhey Tristán Rodríguez, quien fue una de las 12 personas inscritas para la dirección, expuso que cerca de las 11 de la noche se enteraron de la conformación de la terna por medio de publicaciones periodísticas. Hasta el momento de su intervención, detalló, ninguna de las aspirantes que quedaron fuera había recibido notificación formal sobre los motivos de su exclusión.
Subrayó que el Consejo Directivo Universitario fue convocado para sesionar apenas 36 horas después de la selección de la terna, lo que, en su opinión, imposibilita la presentación de recursos efectivos, pues ni siquiera se cuenta con una comunicación institucional de los resultados.
Las docentes señalaron que el proceso ocurre en un contexto complicado para la Facultad, marcado por el reciente caso de violencia sexual contra una alumna, el cual detonó cuestionamientos más amplios sobre prácticas internas que, afirmaron, reproducen conductas de misoginia y machismo. En este sentido, insistieron en que varias profesoras han sido objeto de violencia política en razón de género durante las últimas semanas.
Sostuvieron que el proceso de integración de la terna vulnera los principios de legalidad, equidad y transparencia señalados en el Estatuto Universitario, particularmente respecto al perfil de investigación que deben acreditar quienes aspiren a dirigir la Facultad. Añadieron que tampoco se ha explicado el criterio bajo el cual se aplicaron o no acciones afirmativas dentro del procedimiento.
Consultadas sobre las declaraciones de otra integrante de la terna, quien afirmó que el proceso se realizó conforme a los Estatutos, las maestras señalaron que dicha afirmación no puede sostenerse cuando no existió acceso a información institucional ni transparencia en la notificación de resultados. Agregaron que enterarse de decisiones por la vía de notas periodísticas no puede considerarse una práctica válida en un proceso académico de esta naturaleza.
Respecto a las acciones que emprenderán, indicaron que acudirán a los recursos jurídicos pertinentes, aunque manifestaron que el reducido plazo entre la emisión de la terna y la votación del Consejo Directivo Universitario limita el ejercicio pleno de su derecho a impugnar. Lo anterior, afirmaron, constituye otra afectación al debido proceso interno.
Finalmente, recalcaron que su posicionamiento no está orientado a que alguna de ellas ocupe obligatoriamente la Dirección, sino a exigir que los mecanismos universitarios se conduzcan con estricto apego a la normatividad, con transparencia y sin sesgos de género o políticos. Señalaron que es fundamental que las autoridades universitarias garanticen un proceso legítimo, especialmente en el actual contexto de exigencia de seguridad, justicia y mejoras estructurales dentro de la Facultad.
