Madre de víctima del feminicida de tamuín exige avances; denuncia años de abandono institucional

Sandra Campuzano, madre de Adriana Martínez Campuzano, una de las cinco víctimas de Filiberto N, conocido como el “feminicida de Tamuín”, acudió a los juzgados para exigir avances reales en el expediente de su hija, tras denunciar que no ha recibido información por parte de los abogados del Estado ni del Ministerio Público, al grado de desconocer la existencia de un amparo que ha frenado la sentencia.

La madre señaló que la carpeta de investigación permaneció prácticamente detenida desde 2021, debido a un amparo del que nunca fue notificada. Ante la falta de comunicación oficial, se ha visto obligada a viajar desde Guanajuato para conocer personalmente el estado del proceso.

Campuzano recordó que la desatención institucional ha sido constante desde que inició la búsqueda de su hija, de apenas 13 años, hace más de una década. Durante aquel periodo enfrentó burlas, indiferencia y trabas por parte de autoridades en Tamuín, lo que la llevó a apoyarse en habitantes del municipio y en medios de comunicación. Aunque la menor fue localizada asesinada años después, a la fecha no existe sentencia contra el acusado, recluido en un penal federal de Durango.

Explicó que el procesado confesó en su momento los asesinatos y llevó a peritos a los lugares donde fueron halladas otras víctimas. Sin embargo, dicha admisión no se ha traducido en una resolución judicial. Añadió que los expedientes más antiguos, como los de su hija y el de la primera víctima, Rosita, fueron tipificados como homicidio y no feminicidio, debido a las normas procesales de la época, lo que ha complicado aún más el avance jurídico.

La madre también criticó que apenas hace dos meses el expediente fue trasladado a otro juzgado, donde una nueva jueza revisa por primera vez todo el historial. Nunca fue notificada del cambio ni de la reorganización de carpetas. Reprochó además que los abogados de atención a víctimas apenas le solicitaron firmar documentos en días recientes, pese a que desde hace años pide representación adecuada.

Señaló que el temor principal de las familias es que el acusado quede en libertad por la falta de sentencias, los amparos promovidos por la defensa y la rotación constante de jueces, fiscales y funcionarios, ya que cada relevo obliga a reiniciar trámites y ralentiza aún más el proceso.

Sobre la situación legal, la jueza de ejecución de penas Rosa Elena Blanco Ríos explicó que no se han dictado sentencias debido a recursos de apelación y amparos interpuestos por la defensa, los cuales deben resolverse antes de avanzar a la fase final. Aclaró que emitir resolución sin atender estos procesos constituiría una violación al debido proceso y que se espera información oficial del penal federal donde se encuentra recluido el imputado.

La jueza aseguró que no existe riesgo de liberación en este momento, pues el acusado continúa sujeto a proceso en cada una de las causas penales, todas con auto de formal prisión, y que una vez superada la etapa de impugnaciones, se emitirán sentencias individuales con penas que podrían alcanzar varias décadas.

El caso de Adriana se remonta al 24 de mayo de 2011, cuando salió de su casa a las 6:30 horas rumbo a la escuela, pero nunca llegó. El 11 de junio de 2011, su cuerpo fue localizado en un cañaveral de Puntilla, amordazada, con señales de estrangulamiento y violencia física y sexual.