Congreso de San Luis Potosí acelera Ley Estatal de Economía Circular; SEMARNAT plantea homologación rumbo a 2030
En el Congreso del Estado de San Luis Potosí, autoridades legislativas recibieron al Dr. Publio Rivera Rivas, Director General de Enlace y Seguimiento Parlamentario de SEMARNAT, en el marco de los trabajos para elaborar la Ley Estatal de Economía Circular.
Durante el encuentro se explicó que la Ley General de Economía Circular fue publicada el 19 de enero en el Diario Oficial de la Federación y se vincula con el compromiso federal de impulsar una “República Basura Cero”, al establecer un nuevo modelo de gestión de residuos y de producción, orientado a reducir contaminación y reincorporar materiales a ciclos de aprovechamiento.
Sistema Nacional y homologación en los estados
Representantes de SEMARNAT detallaron que la Ley General busca crear un Sistema Nacional de Economía Circular, con participación de entidades federativas, municipios, sector productivo, sector social y sector privado, a fin de coordinar políticas públicas y promover la homologación legislativa en todo el país.
Se explicó que la economía circular implica cambiar el destino tradicional de los residuos —que termina en tiraderos y genera contaminación— por un modelo que permita aprovechamiento, reutilización, reciclaje y procesos como compostaje para generar productividad y reducir impactos ambientales.
Meta local: ser el primer estado en homologar
Desde el Congreso se afirmó la intención de que San Luis Potosí sea el primer estado en homologar su legislación estatal en la materia, con plazo establecido al 18 de junio. El planteamiento legislativo incluye un enfoque de ciclo completo: diseño, producción, distribución, consumo y reincorporación del residuo a un nuevo uso, con la expectativa de que esto abra oportunidades de empleo y empresas sostenibles.
Inclusión de recicladores y retos municipales
En el diálogo se reconoció la relevancia social y económica de quienes trabajan con los residuos. Se expuso que, aunque el estado aún no cuenta con una Ley de Gestión de Residuos homologada, la ruta legislativa prevista es aprobar primero la Ley de Economía Circular y después avanzar hacia una norma específica de gestión.
También se abordó la preocupación sobre la capacidad de los municipios para implementar el cambio y evitar que la reforma se quede sólo en un “logro legislativo”. Como respuesta, se indicó que la Ley General contempla un Programa Nacional de Economía Circular y mecanismos de coordinación para incorporar a municipios a la toma de decisiones.
Incentivos antes que sanciones
Ante cuestionamientos sobre qué ocurrirá si algunos municipios o tiraderos se resisten a la transición, se subrayó que el enfoque inicial será de incentivos. Se mencionaron facilidades contempladas en la norma general para proyectos vinculados a polos de economía circular, como estímulos fiscales asociados a inversión en maquinaria, capacitación y tecnología, además de apoyos para detonar infraestructura y transformación de tiraderos.
Un punto particularmente sensible en la discusión fue el objetivo planteado de transformar tiraderos en un periodo máximo de dos años, como parte del programa nacional, con el argumento de reducir riesgos ambientales y de salud pública en zonas aledañas.
Al cierre, se informó que tras la reunión en el Congreso se realizaría un foro en CANACINTRA con organismos empresariales y academia, para continuar el diálogo sobre economía circular en San Luis Potosí.
