
Explicó que durante este año los incendios comenzaron de forma anticipada, registrándose desde enero, cuando habitualmente la temporada inicia entre marzo y abril. Señaló que muchos de estos siniestros han sido provocados por manejo irresponsable del fuego o de manera intencional.
Recordó que en 2024 se aprobó una reforma legal que endurece las sanciones por provocar incendios, estableciendo penas que van de cinco a quince años de prisión para quienes los ocasionen de forma dolosa o culposa, especialmente cuando se afectan bosques o selvas.
Torres Sánchez indicó que actualmente hay dos personas bajo investigación por presuntamente haber provocado incendios en los municipios de Ahualulco y en la zona del Altiplano norte, además de señalar que el incendio más significativo del año se registró en el municipio de Santo Domingo, donde resultaron afectadas varias hectáreas.
En materia de seguridad, el funcionario destacó que, de acuerdo con cifras presentadas por el Gobierno Federal, San Luis Potosí encabeza la lista de entidades con mayor reducción de delitos de alto impacto, particularmente en homicidios, los cuales —afirmó— han disminuido en más del 80 por ciento.
Señaló que estos resultados se atribuyen a la inversión en equipamiento policial, capacitación, mejores salarios, formación de nuevos cadetes y proyectos de infraestructura urbana orientados a mejorar la seguridad.
Respecto a la atención a municipios, explicó que los 59 ayuntamientos del estado reciben atención, aunque se refuerza la estrategia en las localidades con mayor población, donde estadísticamente se registra mayor incidencia delictiva.
En cuanto al tema de sequía, indicó que actualmente la situación se mantiene estable gracias a las lluvias registradas el año pasado; sin embargo, el gobierno estatal mantiene acciones preventivas como desazolve de vasos de captación, perforación de pozos y coordinación con productores agrícolas y ganaderos para promover un uso responsable del agua.
Finalmente, señaló que en casos de víctimas por accidentes u otros hechos violentos, el gobierno estatal brinda acompañamiento a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, proporcionando apoyo psicológico, legal y social a las familias afectadas.






