Indígenas de La Peña, en Tampamolón Corona, denuncian desalojo violento y responsabilizan a autoridades estatales y municipales
Habitantes de la comunidad aseguran que más de 100 familias fueron afectadas tras un operativo en el que participaron corporaciones policiacas; exigen respeto a sus derechos y la regularización de las tierras que habitan desde hace décadas

María Dolores Ledesma, integrante de la CIOAC, señaló que existe una minuta firmada el 12 de mayo de 2026 con autoridades agrarias y gubernamentales para avanzar en la regularización de las tierras, por lo que acusó que el operativo se realizó ignorando los acuerdos existentes.
“Se les desalojó violando todos sus derechos como personas indígenas”, afirmó.
Por su parte, habitantes de la comunidad denunciaron que durante el operativo participaron elementos de la Guardia Civil Estatal, policías municipales y personas vestidas de negro sin insignias oficiales, quienes, según su testimonio, incurrieron en actos de violencia contra mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad.
Anselmo Gómez, ex trabajador del predio y habitante de La Peña, aseguró que varios comuneros fueron detenidos y amenazados durante el traslado.
“Nos dijeron que de esa no íbamos a salir vivos y que no regresaríamos al pueblo”, denunció.
Los inconformes afirmaron que son alrededor de 100 familias y 250 habitantes los afectados y explicaron que la posesión del terreno deriva de un conflicto laboral con el antiguo propietario, José Sotero Alejandro Acosta, quien presuntamente les adeudaba salarios.
Indicaron que su intención es consolidar un ejido, mientras que, según su versión, el desalojo tendría como finalidad desarrollar un proyecto habitacional de más de mil viviendas.
Asimismo, responsabilizaron a la alcaldesa de Tampamolón Corona, Silvia Medina Burgaña, y a funcionarios municipales por cualquier agresión o amenaza que pudieran sufrir en el futuro.
Los manifestantes sostuvieron reuniones con autoridades de la Procuraduría Agraria y del Gobierno del Estado, al tiempo que solicitaron la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la Secretaría de Gobernación para dar seguimiento al caso.







