Excolaborador denuncia desvío de recursos en la Secretaría de Bienestar de San Luis Potosí

A través de una publicación difundida en redes sociales, Dorian Morua, excolaborador del programa para adultos mayores de la Secretaría de Bienestar en San Luis Potosí, denunció haber sido despedido sin aviso y reveló presuntos desvíos de recursos en la dependencia encabezada por Guillermo Morales.

El exempleado afirmó que su remoción —ordenada por la nueva coordinadora del programa, Rosaura Campos Mendoza— obedeció a «motivos personales y represalias» más que a un bajo desempeño. Morua aseguró contar con oficios y montos que suman millones de pesos asignados a arrendamientos, operativos y alimentos entre abril y mayo de 2024, periodo en que los programas sociales debían estar suspendidos por la ley electoral.

“Mi salida no fue por desempeño; fue por represalias. Presento números de oficio y facturas que demuestran un uso indebido de recursos durante la veda,” declaró Morua en su publicación.

Entre las acusaciones destacan:

• Desvío de recursos públicos durante la veda electoral para gastos operativos y de mobiliario.

• Acoso laboral y tratos «inhumanos» a trabajadoras embarazadas.

• Manipulación electoral mediante condicionamiento de apoyos sociales.

• Amenazas y represalias contra empleados y beneficiarios.

Rosaura Campos ha sido señalado anteriormente de ser partícipe de un esquema presuntamente fraudulento: la coordinadora solicitaba a comités escolares entregar tarjetas bancarias o contratar despachos de construcción «designados», con sobreprecios que superarían el 50 % del valor de las obras. Asimismo, denunció que familias han sido intimidadas con la advertencia de perder futuros apoyos si no aceptaban el esquema.

La denuncia pública también cuestiona el aumento patrimonial de Rosaura Campos, a quien se atribuyen propiedades y vehículos de lujo obtenidos —según el denunciante— sin sustento en sus ingresos declarados.

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La Secretaría de Bienestar no ha emitido un posicionamiento oficial hasta el cierre de esta nota. La investigación interna y las posibles acciones legales quedan pendientes de confirmación por parte de las autoridades competentes.

El caso pone de relieve la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de programas sociales, así como la protección de denunciantes frente a posibles represalias dentro de las instituciones públicas.