Tekmol es vinculado a proceso por probable peculado

Hoy por la mañana, en el penal de La Pila, se realizó una audiencia de solicitud de formulación de imputación en donde se pudo vincular a proceso al ex-diputado local del PRI-Verde José Luis Romero Calzada. El juez dictaminó que en un lapso de 5 meses se deben hacer las investigaciones complementarias, en donde el imputado y la Fiscalía Anticorrupción del Estado de San Luis Potosí tendrán que presentar más pruebas a este proceso. La fecha límite para presentar estas pruebas será el 25 de agosto del año en curso.

Durante la audiencia, la abogada defensora del ex-diputado ofreció un acuerdo reparatorio, así como pagar $44 mil, monto por el que se le acusa en esta primer denuncia. Este ofrecimiento lo hizo con el objetivo de finalizar este proceso. Mientras tanto, Romero Calzada prefirió no hacer uso de su derecho de declarar ante el juez.

Hasta hoy, existen 5 denuncias formales de diferentes personas las cuales aseguran no conocer al imputado, así como afirman jamás haber recibido ningún apoyo en cuanto a cobijas, despensas o material de construcción. Además, garantizan totalmente que las firmas presentadas al Congreso del Estado de San Luis Potosí por parte del ex-diputado son falsificadas.

Aunado a esto, Romero Calzada utilizó diversas empresas fantasmas para el desvío de recursos, de las cuales resalta «Sistema de Comercialización Nava S.A. de C.V.», que por cierto se encuentra fichada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Todo este dinero que se desvió iba destinado a apoyar a los ciudadanos potosinos de bajos recursos.

Como si esto no fuera suficiente, el ex-diputado también cuenta con una denuncia penal por parte del Gobierno Federal, el cual lo acusa de cometer los delitos de robo de combustible y lavado de dinero. Estas infracciones igualmente se habrían llevado a cabo usando varias compañías, ahora destacando «Tekmol» y la gasolinera «Romcal». A pesar de esto, algunos de dichos negocios ya cuentan con “propietarios nuevos”, lo cual hace que el SAT no pueda confiscarlos y así permanezcan en operación.

Con información de Ciudadanos Observando