La Soga al Cuello: nadie supo, nadie vio

Se hicieron bolas. En el congreso del estado se tuvo conocimiento de que un vehículo registrado como parte de su flotilla había participado en la comisión de un delito, así se lo hicieron saber los agentes ministeriales que investigan el caso a la oficial mayor del poder legislativo Marisol Denisse Alvarado Martinez. La funcionaria actuó con nerviosismo ante la evidente gravedad de la situación, administrar los recursos materiales y operativos de la institución es responsabilidad de ella, aunque por medio de funcionarios subordinados que a su vez responden a diversas filias políticas. La mayoría de ellos, tienen dos jefes, al que le deben la chamba y a quien está por encima de ellos en el organigrama.

Contra toda lógica la funcionaria pidió un poco de tiempo para investigar la situación, lo más prudente habría sido poner a disposición de quienes tenían la carpeta de investigación los recursos materiales necesarios, las instalaciones e incluso al personal que estuviera dispuesto a colaborar para deslindar responsabilidades. El hermetismo causó sospecha y más aún, la tardanza, pasó casi una semana para que a exigencia de los investigadores se permitiera la inspección de los automóviles al servicio de la institución. Resultó que el carro rastreado se encontraba en un taller y había sido ingresado un día después de que la oficial mayor tuvo conocimiento del hecho ilícito.

Después de un sospechoso periplo de situaciones confusas el personal de la fiscalía pudo acceder al carro que para entonces ya sufría alteración y no era útil para los efectos de aportar alguna evidencia referente al evento en cuestión. Lo que sí quedó de manifiesto es que quien había sustraído el vehículo para actividades ajenas a la institución lo había devuelto, o sea, igual pensaba seguirlo utilizando. Más hubiera valido dejarlo abandonado en alguna colonia de la periferia. Eso habría dejado a salvo muchas reputaciones.

Por el contrario, que se haya devuelto el vehículo a buen resguardo implicaba que algún funcionario dirige una banda de ladrones o que los delincuentes tuvieron la decencia de regresar el carro después de cometer su fechoría. Quizás porque utilizan de manera recurrente los vehículos del poder legislativo. Lo que sí trascendió es que los delincuentes que aparecen en los videos del motel del que se sustrajeron algunos electrodomésticos, no son trabajadores o funcionarios del congreso del estado. Pero está claro que los potosinos pagamos la gasolina y hasta les facilitamos los vehículos a los delincuentes para que nos asalten.

Es curioso que la oficial mayor haya sido propuesta al cargo por el diputado Pedro Carrizales Becerra alias el “mijis”, famoso ratero que “pagó su deuda con la sociedad” y obtuvo su libertad gracias a los beneficios que el sistema concede. En los días aciagos que el ahora diputado era conocido por el mote de “el bebé” se dedicaba al robo a transeúnte y casa habitación hasta que fue detenido y confinado a reclusión por un periodo de tiempo. Cuando obtuvo su libertad se dedicó al activismo y años después lograría una curul bajo las siglas del partido del trabajo.

Dicen que la oportunidad hace al ladrón, y ya después se hacen mañosos. El “mijis” es la historia típica del precarista que rebasó la línea y cuando debió dar una explicación de su comportamiento, recurrió a la desigualdad social y el entorno donde creció, o sea, él no tuvo la culpa de nada y sus víctimas fueron involuntarios accidentes de la vida. Seguramente ahora que es diputado y puede resarcir económicamente el daño que provocó a cada una de sus víctimas no fue capaz de buscarlos y restaurar el tejido social que él mismo lastimó con violencia. No creo que sea capaz ni siquiera de reparar el daño que ha hecho como diputado.

En fin, la oficial mayor del poder legislativo realizó una serie de acciones tendientes a entorpecer la investigación de la comisión de un delito que aconteció el día 16 de junio y ella tuvo conocimiento dos días después. Posteriormente el día 24 le practica una auditoría al coordinador de servicios internos Marco Antonio Balderas Álvarez  y descubren que el vehículo se encuentra en un taller mecánico recibiendo mantenimiento, el día 25 se tiene a la vista y se levanta un acta sin informar al funcionario menor la situación legal del carro.

El día seis de julio, el funcionario de marras se da por enterado de que existe una investigación que lo involucra y posteriormente es citado por la oficial mayor quien lo conmina a renunciar ante la gravedad de la situación. El coordinador de servicios internos se niega y le aplican algo de terror. El chivo expiatorio elegido no está dispuesto a cooperar voluntariamente y se “filtra” la información a la prensa como medida de presión. El subordinado resiste los embates en silencio y se mantiene en su versión de que desconoce quién utilizaba el vehículo el día del robo porque no hay bitácora y la pensión donde se guardan todos los vehículos no reúne las condiciones de seguridad. Amén de que se dejan las llaves para que los vehículos los use quien los necesite. Al parecer todos lo sabían.

Ya como una acción desesperada el congreso del estado por vía de su representante jurídico presenta una denuncia penal el 28 de julio en contra de Marcos por los delitos de robo calificado, encubrimiento y ejercicio ilícito de las “funciones públicas” (sic). En la universidad por correspondencia donde estudió Noé Yahir López le faltó acreditar la materia de personalidad y competencia.

El 29 de julio fue notificado por el adscrito a la fiscalía especializada en delitos relacionados con hechos de corrupción licenciado Jesús Iván Rocha Almendarez quien lo cita para el día siguiente a declarar, sin observar las 48 horas de rigor que establece el código y le da materia para recurrir al amparo.

Por su parte el contralor interno Luis Francisco Moreno González abrió un procedimiento administrativo sancionador en contra de Marco Antonio Balderas Álvarez por la complicidad en un hecho delictivo en el cual no se ha podido demostrar su participación por autoridad competente, si acaso podrán establecer la negligencia de los funcionarios de la oficialía mayor al haber contratado una pensión con las mínimas condiciones de seguridad y a la cual todo mundo tiene acceso, desde delincuentes de cuello blanco, hasta ladrones de antifaz.

Será bueno ver y narrar el final de esta historia, pero eso será en la próxima oportunidad.

@gandhiantipatro