Denuncian red de corrupción en el Poder Judicial del Estado para despojar de vivienda a familias

María Guadalupe Ávila Hernández se manifestó este día frente al edificio del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, encadenándose en un acto simbólico para denunciar una década de enfrentamientos legales, actos de corrupción, y la aparente complicidad institucional que ha amenazado su derecho a la vivienda. Ávila Hernández relató cómo, tras adquirir un crédito hipotecario en 1995, se vio envuelta en una compleja red de fraudes y procedimientos judiciales irregulares que culminaron en un intento de despojo de su propiedad el año pasado, a pesar de medidas de aseguramiento dictadas por la Fiscalía de Guanajuato.

La lucha de Ávila Hernández ha involucrado más de 15 abogados, quejas en diversas fiscalías y poderes judiciales de San Luis Potosí y Guanajuato, así como un sinnúmero de viajes y amparos legales. Su caso, afirma, es emblemático de los vicios y abusos del sistema judicial que afectan a miles en México, en una trama que vincula a la mafia inmobiliaria con funcionarios corruptos dentro del gobierno y el Poder Judicial.

A pesar de contar con el respaldo de medidas de protección sobre su propiedad y enfrentar una orden de desalojo suspendida gracias a su defensa legal, Ávila Hernández acusa a la Presidenta del Poder Judicial de ignorar sus solicitudes de audiencia y a las instituciones de justicia de estar coludidas para encubrir el fraude y la corrupción.

Esta protesta no solo busca llamar la atención sobre su caso personal, sino también sobre la necesidad urgente de una reforma judicial que garantice la transparencia, la justicia y el respeto a los derechos humanos en San Luis Potosí y en todo México. La manifestante espera que su voz sea escuchada por altas autoridades, incluidos el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, para que se tome acción inmediata y se ponga fin a la corrupción que ha dominado el sistema de justicia.