Taxistas se manifiestan contra SCT frente a las oficinas del Congreso del Estado
San Luis Potosí, México – En un clima de creciente tensión y demanda por equidad, los taxistas de San Luis Potosí, liderados por Crispín Segura, representante de la organización estatal de taxistas, han alzado la voz contra lo que consideran una serie de injusticias y discriminaciones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) del estado y la irrupción descontrolada de las plataformas de transporte privado.
La gremial, cansada del «atropello» y la falta de acción efectiva de la SCT, se encuentra en una lucha no solo por la supervivencia de su medio de sustento sino también por el respeto a la ley y la equidad en el trato. Segura destaca la imposición de gafetes anuales, a pesar de que anteriormente se otorgaban por hasta cinco años, y la exigencia de cumplir con una serie de pagos y requisitos que no se les exige a las Empresas de Redes de Transporte (ERT), como Uber.
«Queremos dejar de ser el cajero automático de finanzas», expresa Segura, señalando cómo el gremio taxista contribuye con más de 60 millones anuales al estado, en contraste con las ERT, que, según él, no aportan fiscalmente al gobierno estatal. La demanda central de los taxistas es la revisión de esta política de gafetes y una inspección justa que aplique de manera equitativa tanto para taxis como para vehículos de las plataformas digitales.
Las conversaciones con la presidenta de la Comisión de Comunicación y Transportes del Congreso del Estado no han rendido frutos, al hacer «caso omiso» la titular de la SCT, Araceli Martínez Acosta, a las invitaciones formales para dialogar. La falta de un cuerpo de inspección y vehículos para hacer cumplir la ley se convierte en una excusa para no regular adecuadamente a las plataformas digitales, mientras que cualquier infracción por parte de los taxistas es rápidamente sancionada.
La regulación de 2016 que intentó poner orden en este sector parece haber sido inefectiva, especialmente con las ERT promoviendo amparos para evitar cumplir con las normativas estatales. Segura aclara que la lucha de los taxistas no busca escalar a la violencia, sino hacer valer sus derechos conforme a la ley. «Funcionario que no cumpla su función se tiene que ir», sentencia, llamando a las autoridades legislativas y ejecutivas a tomar cartas en el asunto.
