Tres juicios políticos en el congelador del Congreso del Estado

La falta de resolución de estas solicitudes ha generado un ambiente de incertidumbre en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, ya que, de acuerdo con las víctimas, la autoridad responsable de defender sus derechos habría incurrido en omisiones que repercuten directamente en su protección y seguridad.

De manera puntual, las primeras dos solicitudes de juicio político fueron presentadas en mayo y junio de 2022, mientras que la tercera se recibió en el marco de la postulación de la titular de la CEDH para su reelección. Además, dos de las víctimas mantienen denuncias penales en contra de la servidora pública por presunta discriminación y violencia.

En el artículo noveno de la Ley de Juicio Político del Estado de San Luis Potosí se establece que el juicio político procede cuando los actos u omisiones de los servidores públicos redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. La fracción tercera del artículo décimo señala como motivo de juicio político “las violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos y sus garantías”.

Pese a lo anterior, hasta el momento no se ha dado ninguna resolución a favor o en contra de la titular de la CEDH, quien, por su parte, ha interpuesto denuncias penales en contra de las víctimas, obteniendo medidas de restricción que les impiden acercarse y continuar con sus procesos en el organismo.

Las presuntas afectadas lamentan que sus solicitudes de juicio político se encuentren en la indefinición, lo que, a su entender, se traduce en una falta de acceso a la justicia y en la perpetuación de un ambiente de vulnerabilidad. En tanto, el Congreso local permanece sin definir si se procederá o no con la revisión de los expedientes, lo que sitúa el tema en una incertidumbre legal sobre el futuro de las investigaciones.