Adriana Urbina destaca avance histórico en el reconocimiento del derecho al cuidado en San Luis Potosí
La regidora del municipio de San Luis Potosí, Adriana Urbina, calificó como un avance relevante y de alto impacto social la aprobación realizada por el Congreso del Estado para reconocer el derecho al cuidado y sentar las bases del Sistema Estatal de Cuidados, al considerar que se trata de una decisión política que visibiliza una labor históricamente relegada.
Urbina subrayó que durante años el trabajo de cuidados ha recaído de manera silenciosa en las familias, particularmente en las mujeres, sin un respaldo institucional adecuado. En ese sentido, afirmó que la aprobación legislativa representa el reconocimiento de que el cuidado debe asumirse como una responsabilidad del Estado y no como una carga privada.
Un paso imprescindible, pero no suficiente
La regidora reconoció que elevar el derecho al cuidado y el Sistema Estatal de Cuidados al marco constitucional del estado constituye un paso imprescindible; sin embargo, advirtió que el verdadero compromiso político deberá reflejarse en su implementación efectiva, en la asignación presupuestal y en la coordinación real entre instituciones.
Señaló que un sistema de cuidados sin recursos ni reglas claras corre el riesgo de quedarse únicamente en el discurso, sin generar beneficios tangibles para las personas cuidadoras y las familias que dependen de estos servicios.
El papel clave de los municipios
Desde la perspectiva municipal, Adriana Urbina enfatizó que el cuidado debe asumirse como una política pública estratégica, vinculada al desarrollo, la igualdad y la justicia social, y no como una acción meramente asistencial.
En ese contexto, sostuvo que los gobiernos locales deben ser actores centrales dentro del Sistema Estatal de Cuidados, con responsabilidades definidas y recursos suficientes para garantizar servicios reales, accesibles y cercanos a la población.
Invertir en cuidado es una decisión de desarrollo
La regidora destacó que el cuidado también debe entenderse como una decisión económica, ya que invertir en este rubro permite prevenir crisis sociales, reducir desigualdades y fortalecer el tejido comunitario.
“Cuando el Estado no cuida, las familias pagan el costo, y eso es algo que ya no podemos seguir normalizando”, expresó.
Finalmente, Adriana Urbina celebró el avance legislativo y reiteró que las personas cuidadoras no necesitan reconocimientos simbólicos, sino políticas públicas funcionales que garanticen derechos y condiciones dignas. Afirmó que el debate abierto en San Luis Potosí exige decisiones responsables, asignación de recursos y voluntad política para consolidar este nuevo sistema.
