Colectivo Ley Sabina pide al Congreso de SLP hacer público el padrón de deudores alimentarios
La representante del colectivo Ley Sabina en San Luis Potosí, Julia Monserrat Díaz Márquez, hizo un llamado al Congreso del Estado para que se legisle a fin de hacer público el padrón de deudores alimentarios, al considerar que su carácter privado limita su efectividad y no contribuye a combatir el abandono paterno.
Díaz Márquez explicó que el padrón actualmente se encuentra bajo resguardo del Poder Judicial, pero no es consultable de manera pública, lo que impide que tenga un impacto real en la prevención de la violencia económica contra niñas, niños y adolescentes.
“Si no es público, no sirve”, sostuvo, al señalar que el acceso al padrón solo es posible mediante autorización judicial, lo que retrasa procesos y reduce la posibilidad de que madres cuidadoras conozcan si una persona ha incumplido previamente con sus obligaciones alimentarias.
La activista indicó que no sería necesario asignar presupuesto adicional, ya que el padrón ya existe, pero se mantiene privado por criterios de confidencialidad, pese a que —dijo— la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que no se vulneran datos sensibles al hacer públicos este tipo de registros.
Como ejemplo, mencionó los casos de Ciudad de México y Oaxaca, donde los padrones de deudores alimentarios son públicos y consultables, permitiendo búsquedas por nombre y CURP, sin exhibir información sensible adicional.
Díaz Márquez subrayó que la publicación del padrón ayudaría a visibilizar el abandono paterno, agilizar procesos judiciales y prevenir que personas deudoras reincidan formando nuevas familias sin cumplir previamente con sus obligaciones legales.
“En México, siete de cada diez hogares están a cargo de madres autónomas. Muchas mujeres enfrentan dobles o triples jornadas laborales porque los deudores se amparan en la lentitud de los trámites judiciales”, afirmó.
Añadió que, en San Luis Potosí, la cifra de personas registradas en el padrón privado no corresponde con la magnitud del problema, ya que existen miles de casos relacionados con pensiones alimenticias, guarda y custodia y violencia familiar.
Finalmente, hizo un llamado a las y los legisladores a abrir mesas de diálogo con colectivas y activistas, sin distinción partidista, para avanzar en una reforma que priorice los derechos de las infancias y de las personas cuidadoras.
“Aquí no se trata de colores políticos, sino de generar un cambio real en favor de las niñas, niños y madres”, concluyó.
