Colectivas y personas trans denuncian cobro por reconocimiento legal de identidad de género en San Luis Potosí

Organizaciones colectivas, personas trans y no binarias, defensoras de derechos humanos y ciudadanía en general denunciaron públicamente el cobro económico por el trámite de reconocimiento legal de la identidad de género en San Luis Potosí, al considerar que dicha medida vulnera derechos humanos fundamentales y constituye una barrera discriminatoria.

Durante una conferencia de prensa, las personas firmantes señalaron que el reconocimiento legal de la identidad de género no debe entenderse como un privilegio ni como una concesión administrativa, sino como un derecho humano vinculado directamente con la dignidad, la identidad y el libre desarrollo de la personalidad.

“El reconocimiento legal de la identidad de género no debe entenderse como un privilegio, sino como un derecho humano. Cualquier barrera económica que condicione su acceso resulta incompatible con la obligación del Estado de garantizar derechos en igualdad de condiciones”, expresaron.

Cobro establecido en la Ley de Hacienda

Las colectivas explicaron que en la Ley de Hacienda del Estado se estableció un cobro de 10.52 Unidades de Medida y Actualización (UMA) para el trámite denominado Modificación de datos personales en las Actas del Estado Civil conforme a la identidad de género autopercibida.

Aunque el cobro se presenta como un trámite administrativo, señalaron que en la práctica opera como un obstáculo, particularmente para personas trans y no binarias que enfrentan condiciones de exclusión, precarización económica y discriminación estructural.

“Cobrar por un trámite que garantiza seguridad jurídica y reconocimiento estatal profundiza desigualdades y restringe el ejercicio pleno de derechos”, advirtieron.

Impacto diferenciado y falta de certeza jurídica

Las personas participantes subrayaron que el cobro tiene un impacto desproporcionado, considerando que muchas personas trans y no binarias enfrentan barreras laborales, violencias institucionales y condiciones de vida precarias.

También alertaron que la falta de lineamientos claros genera incertidumbre jurídica, al abrir la puerta a interpretaciones discrecionales y a posibles cobros arbitrarios.

“Cuando un derecho se expresa en términos económicos sin claridad suficiente, se debilita su garantía efectiva”, señalaron.

Estándares nacionales e internacionales

Las colectivas recordaron que esta medida contraviene estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Señalaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los procedimientos de reconocimiento de identidad deben ser administrativos, sencillos, expeditos y accesibles, mientras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los Estados deben garantizar procedimientos que tiendan a la gratuidad, para evitar que factores económicos se conviertan en obstáculos.

Asimismo, citaron la Recomendación 42/2024 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que reconoce violaciones estructurales a los derechos de personas trans y no binarias derivadas de barreras normativas y administrativas.

Exigencias a las autoridades

Ante este panorama, las organizaciones y personas firmantes hicieron un llamado a las autoridades estatales para adoptar medidas inmediatas que garanticen el acceso efectivo al reconocimiento legal de la identidad de género, sin barreras económicas ni administrativas. Entre sus principales exigencias se encuentran:

1. Que el trámite no esté condicionado a la capacidad económica de las personas solicitantes.

2. La adopción de criterios de exención, subsidio o gratuidad, especialmente para personas trans y no binarias.

3. La armonización de la legislación local con los principios constitucionales y convencionales de igualdad y no discriminación.

4. La emisión de lineamientos claros, públicos y verificables que eviten cobros arbitrarios.

5. La actualización de los sistemas administrativos del Registro Civil para garantizar la validez de las actas modificadas.

6. La eliminación de barreras administrativas y prácticas discriminatorias en las instituciones gubernamentales.

“La identidad no se cobra y los derechos no se condicionan”, enfatizaron.

Posibles acciones legales y disposición al diálogo

Las colectivas informaron que actualmente se encuentran en contacto con organizaciones de litigio estratégico, sin descartar la vía legal, aunque reiteraron su disposición al diálogo con las autoridades competentes.

Indicaron que al menos once personas han tenido que pagar este trámite, y advirtieron que el impacto es mayor para quienes viven en municipios distintos a la capital, debido a los costos adicionales de traslado y trámites repetidos.

Las personas participantes concluyeron que el reconocimiento legal de la identidad de género no admite soluciones simbólicas ni dilatorias, y reiteraron que cualquier cobro representa una regresión en la garantía de derechos humanos en San Luis Potosí.