La impunidad premia el delito, induce a su repetición y estimula al delincuente. Eduardo Galeano.
El pasado 2 de abril de 2026 quedará marcado en los anales de la diplomacia mexicana como el día en que la venda se cayó de los ojos de la comunidad internacional. El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, en un acto de gravedad técnica sin precedentes, ha invocado el Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. No es una sugerencia administrativa, es un llamado de auxilio a la Asamblea General de las Naciones Unidas ante la evidencia de que México ha perdido la capacidad -o la voluntad- de autogestionar su tragedia humanitaria. Estamos ante un documento que contabiliza más de 132,000 ausencias y una crisis forense que resguarda 72,000 restos humanos sin nombre. Pero más allá de la fría estadística, el informe apunta a una verdad que el régimen de la “cuarta transformación” ha intentado sepultar bajo capas de propaganda, la persistencia de patrones que constituyen crímenes de lesa humanidad.
Para la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, -al igual que para su antecesor- el tiempo es una herramienta de distracción. La narrativa oficial se ha anclado en un argumento fatuo, que la violencia actual es un residuo fósil del “periodo neoliberal”. Se invoca el nombre de Genaro García Luna como un talismán que supuestamente exorciza las culpas del presente. Sin embargo, tras ocho años de hegemonía política de Morena, este discurso se ha vuelto una cáscara vacía.
El informe de la ONU es demoledor en este aspecto, no juzga las intenciones de hace dos décadas, sino la inoperancia del hoy. La soberanía, ese concepto que el oficialismo agita con fervor patriótico, no se defiende permitiendo que el territorio nacional se convierta en un territorio de fosas clandestinas. Al culpar al pasado, el gobierno actual claudica en su obligación primaria de garantizar la vida. Como bien ha señalado el jurista Eugenio Raúl Zaffaroni, cuando el Estado renuncia a su función de contención del poder punitivo y permite la infiltración de agencias criminales en sus estructuras, el “Estado de Derecho” es devorado por un “Estado de Policía” de facto, donde la ley no es la Constitución, sino el código del grupo criminal dominante en turno.
Al observar la evolución del fenómeno criminal en México durante las últimas dos décadas, emerge una coincidencia trágica que unifica a los gobiernos del PAN, del PRI y de Morena, el profundo desprecio hacia las víctimas. Los colectivos de búsqueda, conformados mayoritariamente por madres que excavan la tierra con sus propias manos ante la parálisis de las fiscalías, han sido tratados sistemáticamente como adversarios del status quo. En el sexenio de la “guerra”, se les criminalizó bajo la sospecha de que sus hijos “andaban en algo”, en el de la “transformación”, se les estigmatiza como “instrumentos de la derecha” o agentes de intereses extranjeros. El resultado es la soledad institucional de la víctima. El Estado mexicano, en una conducta que raya en la perversión, ha decidido combatir mediáticamente a quienes buscan la verdad, por considerar que su sola presencia evidencia el fracaso del proyecto político. Esta hostilidad transversal demuestra que, para la clase política mexicana, las desapariciones no son un problema de derechos humanos, sino un problema de relaciones públicas.
Es necesario desmitificar la naturaleza del régimen actual. Morena no es una estructura diseñada para la gestión pública eficiente, sino una maquinaria de control político y electoral. Su razón de existir es la construcción de un sistema clientelar masivo que garantice mayorías absolutas para ejercer un control hegemónico de las cámaras legislativas. En esta lógica, la seguridad ciudadana es un activo negociable. Si para mantener la estabilidad de los programas sociales y el flujo de votos es necesario coexistir con los grupos criminales que controlan los territorios, el régimen lo hará sin rubor. No es una “guerra”, es una administración de la violencia donde el Estado actúa como un mudo vigilante mientras las organizaciones delictivas -hoy clasificadas por potencias extranjeras como grupos terroristas- corrompen policías, alcaldías y medios de opinión. Esta simbiosis entre el poder político y el poder fáctico es lo que la ONU ha detectado, una aquiescencia estatal que transforma delitos comunes en crímenes de lesa humanidad.
El informe de la ONU llega en el momento de mayor vulnerabilidad para la presidenta Sheinbaum. Atrapada en una crisis de legitimidad interna, su figura parece más la de una “encargada de despacho” que la de una jefa de Estado autónoma. La presencia constante del “Tlatoani” de la cuarta transformación, quien desde su retiro marca la pauta y aparece en momentos quirúrgicos para corregir el rumbo, debilita la capacidad de respuesta de México ante el mundo. Esta parálisis tiene consecuencias geopolíticas graves. La amenaza de una intervención militar estadounidense para ejecutar objetivos criminales en suelo mexicano no es una distopía, sino una posibilidad real ante la incapacidad del Estado de ejercer soberanía. Si México no limpia su casa, otros vendrán a hacerlo bajo la bandera de proteger su propia seguridad nacional, dejando el discurso de la presidenta sobre la soberanía nacional reducido a una anécdota de retórica vacía.
La pregunta que hoy flota en el aire es si México se convertirá en el primer Estado moderno en ser sentado en el banquillo de los acusados de manera sistémica. La historia latinoamericana nos ofrece espejos crueles. Hemos visto a dictadores como Augusto Pinochet enfrentar la justicia internacional bajo el principio de jurisdicción universal, o a terroristas de la talla de Ilich Ramírez Sánchez “Carlos el Chacal” ser condenados por sus crímenes. Sin embargo, el caso mexicano es distinto y quizás más aterrador, no se trata de un dictador unipersonal, sino de una estructura democrática que ha permitido la desaparición sistemática de sus ciudadanos.
Si el Estado mexicano es procesado por delitos de lesa humanidad, se sentaría un precedente global. Las consecuencias para nuestra imagen internacional serían catastróficas, pero quizás el impacto más fuerte sería interno. No sería juzgado un hombre -o mujer-, sino un modelo de gobernanza que optó por la omisión cómplice.
¿Cómo cambiaría la forma en que nos vemos al espejo si somos oficialmente un “Estado paria” en derechos humanos? La vergüenza nacional obligaría a una introspección dolorosa, aceptar que nuestra paz es ficticia y que nuestro progreso es una fachada construida sobre cementerios clandestinos.
No obstante, en medio de este control de daños orquestado desde Palacio Nacional, surgió una voz de disidencia interna que merece ser rescatada. La titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez, ha roto la sincronía oficialista al señalar que el informe de la ONU debe ser visto como una oportunidad de apertura y debate técnico, y no como un ataque soberano. Esta postura representa un rayo de esperanza, es la admisión de que, incluso dentro del sistema, hay quienes comprenden que la soberbia política no identifica restos humanos.
México se encuentra ante una encrucijada histórica. Puede seguir el camino de la negación, refugiándose en la sombra de un líder retirado y en la retórica de un pasado que ya no explica el presente, o puede aceptar el juicio del mundo como el primer paso hacia su propia sanación. El espejo que nos devuelve la ONU está roto, pero en sus fragmentos se refleja la única verdad que importa, la de las miles de familias que aún esperan una respuesta. La soberanía real no reside en el silencio de las instituciones, sino en la justicia que el Estado les debe a sus hijos desaparecidos. El banquillo nos espera, y quizá sea la única forma de que México vuelva a reconocerse en el espejo de la dignidad, antes que en el de la ignominia.
