Galindo rechaza estar detrás de protestas contra la “Ley Serrano” y acusa intento de desviar el debate
El Alcalde de San Luis Potosí defendió la libertad de expresión, negó haber organizado las manifestaciones en el Congreso y pidió derogar el artículo que, afirmó, ha derivado en procesos contra periodistas y creadores de contenido.

Durante una entrevista, el edil aseguró que no tuvo participación en la organización de la protesta y sostuvo que el movimiento surgió de manera legítima por parte de periodistas, creadores de contenido y ciudadanos preocupados por los alcances de la legislación relacionada con la inteligencia artificial y la libertad de expresión.
“La prensa de aquí es educada, es profesional, es cuidadosa y es respetuosísima”, afirmó Galindo, al considerar que el Congreso debió privilegiar el diálogo en lugar de restringir el acceso a los manifestantes.
El alcalde insistió en que el verdadero debate gira en torno a la reforma impulsada por Serrano, a la que calificó como una amenaza para la libre expresión. Señaló que existen diversos casos de comunicadores y creadores de contenido involucrados en procedimientos legales derivados de la aplicación de dicha norma.
Asimismo, negó que funcionarios municipales hayan participado institucionalmente en la movilización y explicó que cualquier colaborador del Ayuntamiento que acudió lo hizo en ejercicio de sus derechos ciudadanos y fuera de sus funciones laborales.
Respecto a las declaraciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien también sugirió que la protesta tenía tintes municipales, Galindo sostuvo que existe información incorrecta sobre lo sucedido y reiteró su disposición a mantener una relación institucional con el Gobierno del Estado.
El presidente municipal también aprovechó para denunciar que proyectos de obra pública promovidos por su administración continúan detenidos por trámites estatales, situación que, dijo, afecta directamente a la ciudadanía.
Finalmente, Galindo reiteró su solidaridad con periodistas y comunicadores, al tiempo que llamó a abrir un debate nacional sobre la regulación de la inteligencia artificial sin recurrir a sanciones penales que puedan vulnerar derechos fundamentales.






