Oficial, gobierno entregará Sierra de San Miguelito a inmobiliarias
SLP.- En documentos oficiales del gobierno de Juan Manuel Carreras, se reconocen las intenciones de “vender” tierras pertenecientes a la Sierra de San Miguelito para que las inmobiliarias proyecten fraccionamientos y para la creación de una zona industrial.
En una entrevista que brindó Luis Alberto Suárez, del Frente Amplio Opositor, indicó que existe un plan que se fue gestando poco a poco para que la Sierra de San Miguelito fuera parte de proyectos de urbanización.
A pesar de la negación por parte de las autoridades, reconocieron en documentos oficiales del Tercer Informe de Gobierno de Juan Manuel Carreras, la oprobiosa pretensión de “vender” el patrimonio natural de los potosinos.
La Sierra de San Miguelito no cuenta con plan de manejo hasta el momento, a pesar de que la ley obligaba a las autoridades a realizarlo en un plazo no mayor de 180 días. La posible razón es que tratan de acomodar todo para que sea una “área natural protegida” llena de carreteras, zonas residenciales y negocios.
Esta información se dio a conocer tras un gran incendio en la sierra que es calificado como un desastre natural y que los expertos no dudan en pensar, se trató de un producto de la intervención del hombre.
Otras acciones se suman a la sospecha de la intervención del gobierno:
Elementos de la fiscalía involucrados en la persecución, acoso y amenazas contra ejidatarios que se niegan a colaborar con la dilapidación de las tierras ejidales.
Persecuciones contra la prensa que denuncia los actos, llamadas, intimidaciones por terceros y hasta procesos judiciales.
Falta de transparencia: recientemente el Ayuntamiento de San Luis Potosí se ha negado a informar sobre los avances del Plan de Desarrollo Urbano y es que, durante las últimas cuatro administraciones, todos los alcaldes han sido corrompidos para que sean facilitadores de la legitimación del robo y la invasión de tierras.
Actualización:
La titular de la SEGAM refiere que en relación al texto dentro del documento de informe de gobierno, se trata de una mal interpretación del mismo y tiene efecto legal, toda vez que se trata de un documento de carácter informativo y en el que se señalan los retos por mediar las intenciones de ejidatarios de permitir la creación de zona residenciales o industriales.
Agregó que los únicos que pueden decidir si esta Área Natural Protegida pueda ser destruida por la intervención del hombre son los mismos ejidatarios, quienes rechazan totalmente hacerlo pues son ellos quienes voluntariamente ofrecieron sus tierras para que cuenten con protección estatal y un plan de manejo sustentable.
En relación a la construcción de carreteras y proyectos, la titular nos declaró que ellos no han autorizado permiso alguno y que un proyecto como carretera le compete a las autoridades federales.
Se comprometió a transparentar las acciones de su dependencia y buscar que más ejidatarios se sumen a integrar sus tierras como áreas naturales protegidas, que en ningún momento significa perder la propiedad y únicamente es con fines declaratorios y de manejo responsable.
