DENUNCIA

Autoridades buscan criminalizar defensa de la Sierra de San Miguelito

Como sabemos, se tienen planes de urbanizar parte de la Sierra de San Miguelito y comuneros de San Juan de Guadalupe y sus anexos, Tierra Blanca y San Miguelito se han negado a vender sus terrenos y han luchado contra las empresas inmobiliarias.

 

Este martes, en medio de la emergencia que está viviendo la sierra debido a los incendios forestales, un juez de control decidió vincular a proceso a los líderes comuneros que se niegan a entregar su patrimonio a las inmobiliarias. Sus nombres son Noel de la Rosa Bravo, Tomas Jasso Menchaca y Agustín Jasso Juárez, quienes están siendo procesados de manera injusta y arbitraria y podrían ser encarcelados los próximos días por defender un predio comunal que fue vendido irregularmente por el empresario Esteban Olmos a un fraccionador de nombre Juan Ramón Cázares Sánchez.
Dicho predio ha sido protegido por familias muy humildes de Tierra Blanca durante años, por lo que se ha convertido en un símbolo de resistencia hacia aquellos que quieren apropiarse del suelo y sacarle provecho sin importar a quiénes afecten. Se trata del Expediente CDI/PGJE/ZC/SLP/12881/16RU:16197/2017.

 

El Gobierno del Estado, a través del Instituto Registral y Catastral del Estado, otorgó a fraccionadores escrituras de propiedad en un solar comunal, lo cual se encuentra registrado bajo el Folio 191672, como aparece en una boleta del 5 de agosto del 2016, en un contrato de compraventa con reserva de dominio, validado por la Subdirección del Registro Público de la Propiedad.

 

Los vinculados a proceso, integrantes del grupo Emiliano Zapata, han sido irreductibles en su decisión de no vender una sola hectárea de tierra y, por supuesto, no han firmado un solo documento que perjudique a la comunidad.

Carlos Covarrubias Rendón, defensor de los comuneros, expresó que estas acciones se han logrado con la manipulación del gobierno y las empresas que pretenden destruir la sierra y maniatar a quienes oponen resistencia para impedir que se aniquile su patrimonio, ya que, para empezar, carecen totalmente de pruebas.

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