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Juez Federal ordena al Chato y autoridades frenar actos de despojo

San Luis Potosí.-Hace diez días, el 21 de julio, la empresa Espacios en el Horizonte, de Carlos López Medina convocó a una asamblea comunal en la que algunos comuneros de San Juan de Guadalupe y sus anexas, Tierra Blanca y San Miguelito, accedieron a conformar una asociación en participación a cambio de aproximadamente 25 mil pesos. Por supuesto, la empresa tenía la finalidad de llevar a cabo su proyecto inmobiliario.

Sin embargo, el Juzgado 8º de Distrito en el Estado ordenó al ayuntamiento de San Luis Potosí, al gobierno estatal, Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) detener cualquier acto de despojo de tierras comunales, de acuerdo con el juicio de amparo 1009/2018, promovido por el comunero Juan José García Granja. Esto, debido a que, en la asamblea, se incurrió en una violación a dicho amparo, el cual ordenaba la suspensión de todo acto cuyo propósito fuera privar, desalojar o desposeer a los comuneros de San Juan de Guadalupe y sus anexos, Tierra Blanca y San Miguelito.

Fabiola Quintanilla Reynoso, abogada y asesora de los opositores a la urbanización de la Sierra de San Miguelito, explicó que se abrió un incidente de violación al amparo y, por tanto, este miércoles 30 de julio, el juzgado solicitó a los notarios públicos que participaron en la asamblea, Fernanda González Zorrilla y Huitzilihuitl Ortega Pérez y a la empresa Espacios en el Horizonte que expliquen a la actual mesa del comisariado comunal cuál fue su intervención en dicha sesión y entreguen los documentos relacionados con la conformación de la asociación, así como la información de los cheques por 27 mil pesos que se están entregando a los comuneros que accedieron a otorgar sus tierras.

Luis Alberto Suárez Castillo, integrante del Frente Amplio Opositor, agregó que, al alcalde, Xavier Nava le dieron un plazo de tres días para informar sobre el operativo policíaco, ya que al enviar el operativo de fuerza pública, también incumplió con lo estipulado en el amparo.

Asimismo, al Instituto Municipal de Planeación (Implan), también se le dio tres días para entregar la información necesaria, ya que están elaborando el proyecto de cambio de uso de suelo del área donde busca construir la empresa inmobiliaria.

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