Hacienda esperará para analizar subsidio al transporte mientras concesionarios alertan riesgo de perder rutas
Dolores Robles asegura que corresponde a Movilidad comenzar el análisis de la petición por casi 2 mil 800 millones de pesos y que respetará sus tiempos; mientras tanto, transportistas advierten que sin un esquema de apoyo frente al modelo subsidiado de MetroRed algunas rutas podrían reducirse o desaparecer en 2027.

La legisladora aseguró que Hacienda recibió la propuesta en segundo turno y sostuvo que corresponde primero a la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes realizar el trabajo legislativo.
“Al momento no hemos tenido alguna invitación por parte de la primera comisión”, explicó.
Cuestionada sobre si solicitaría a Movilidad acelerar una reunión con los concesionarios ante la cercanía del análisis presupuestal, Robles respondió que respetará los tiempos de cada comisión.
“Somos muy respetuosos de los tiempos que maneja cada comisión”, señaló, y agregó que Hacienda participará en las reuniones cuando sea invitada.
La postura adquiere relevancia porque la iniciativa pretende incorporar recursos precisamente al Presupuesto de Egresos de 2027, cuya discusión comenzará en las próximas semanas, mientras los transportistas sostienen que el deterioro financiero de algunas rutas ya amenaza su continuidad.
Ni siquiera coinciden sobre quién debe comenzar
Existe además una discrepancia dentro del propio Congreso.
Robles Chairez afirma que Hacienda recibió el asunto en segundo turno; sin embargo, el registro legislativo consultado por distintos medios coloca a la Comisión de Hacienda del Estado en primer turno, posteriormente a Movilidad y finalmente a Desarrollo Económico y Social.
El vicepresidente de la Comisión de Movilidad, Luis Emilio Rosas Montiel, también ha señalado que primero corresponde a Hacienda revisar la suficiencia presupuestal de la propuesta.
Así, Hacienda dice estar esperando a Movilidad mientras desde Movilidad se ha señalado que el primer análisis corresponde a Hacienda.
Robles reconoció que tendría que verificar la distribución de los turnos, aunque mantuvo su postura de esperar.
Su comisión tiene prevista una sesión después del 20 de noviembre, cuando también comenzará la revisión del paquete económico estatal, pero hasta ahora no confirmó que la solicitud de los transportistas vaya a discutirse en esa reunión.
Concesionarios: sin apoyo podrían desaparecer rutas
Mientras el Congreso define quién comienza el análisis, los concesionarios aseguran que el problema ya se refleja en la operación cotidiana.
Han advertido particularmente sobre las rutas 15, 20, 22, 53 y 54, que enfrentan pérdidas de pasajeros y mayores costos de operación.
La propia iniciativa sostiene que varias rutas han perdido una parte considerable de su aforo y que mantenerlas en circulación resulta cada vez más complicado.
Los transportistas plantean que, si no existe un mecanismo de apoyo público durante 2027, algunas líneas podrían reducir frecuencias o desaparecer gradualmente.
El propio diputado Rosas Montiel reconoció esta preocupación.
“Nadie quiere que desaparezcan rutas por falta de recursos”, señaló al abordar la iniciativa, y consideró necesario buscar acuerdos entre autoridades, transportistas y Congreso.
El contraste con MetroRed
Uno de los argumentos centrales de los concesionarios es la diferencia entre el modelo tradicional y MetroRed.
MetroRed ofrece transporte gratuito al usuario porque su funcionamiento es respaldado con recursos públicos, mientras los camiones convencionales dependen principalmente de la tarifa que paga cada pasajero para cubrir combustible, operadores, mantenimiento, seguros y renovación de unidades.
Los concesionarios sostienen que esta situación los coloca en desventaja en aquellas zonas donde ambos sistemas compiten por pasajeros.
La discusión, por tanto, no se limita a entregar o no dinero a empresas privadas, sino a determinar qué modelo de financiamiento debe tener el transporte público convencional si el Estado mantiene paralelamente un sistema gratuito subsidiado.
Especialistas en economía del transporte distinguen entre la tarifa que paga el usuario y la denominada tarifa técnica, es decir, el costo real de prestar el servicio. Cuando ambas cifras no coinciden, la diferencia debe cubrirse mediante alguna fuente de financiamiento; de lo contrario, puede trasladarse a menor mantenimiento, reducción de frecuencias o deterioro de la operación.
Esto no significa que necesariamente deban aprobarse los casi 2 mil 800 millones solicitados por los concesionarios. El Congreso tendría que determinar cuánto dinero se requiere realmente, bajo qué condiciones se entregaría, cuáles serían las obligaciones de los empresarios y qué beneficios concretos recibirían los usuarios.
Piden casi 2 mil 800 millones
La iniciativa presentada por Margarito Terán López y otros concesionarios solicita 2 mil 797 millones 883 mil 472 pesos dentro del presupuesto estatal de 2027.
El planteamiento incluye recursos para renovar 768 unidades, atender déficits operativos y fortalecer el servicio, y sus promoventes insisten en que no plantean un subsidio incondicional para los empresarios, sino un programa vinculado con el transporte y sus usuarios.
Los transportistas han argumentado también que, conforme a sus cálculos, la tarifa técnica tendría que aproximarse a los 25 pesos, frente a los 13.50 pesos que actualmente paga el usuario, razón por la que proponen que el Estado cubra parte de esa diferencia mediante un fondo o fideicomiso.
El tiempo presupuestal sigue avanzando
Robles Chairez señaló que Hacienda comenzará después del 20 de noviembre la revisión del paquete económico.
Pero precisamente por tratarse de recursos solicitados para 2027, los concesionarios necesitan que la propuesta sea discutida durante ese proceso.
Hasta ahora no existe una fecha para recibirlos ni para comenzar formalmente el análisis.
Así, mientras la presidenta de Hacienda señala que esperará los tiempos de otra comisión, el sector transportista coloca sobre la mesa una consecuencia mucho más cercana para los usuarios: que el próximo año haya menos unidades, menor frecuencia o incluso rutas que dejen de circular si no se encuentra un mecanismo para financiar el transporte convencional.
El Congreso tendrá que decidir si los casi 2 mil 800 millones solicitados son justificables. Pero antes tendrá que resolver una cuestión más básica: quién se va a sentar primero a revisar la propuesta y cuándo lo hará.






