Guadalupe Torres confirma la venta de combustible ilegal en SLP
El Secretario de Gobierno de San Luis Potosí, Guadalupe Torres, en una reciente entrevista, abordó diversos temas críticos para el estado, incluyendo la problemática del combustible ilegal, desarrollos en infraestructura y seguridad, así como el avance de importantes proyectos culturales.
Torres confirmó la presencia de puntos de venta de combustible ilegal, conocido como «huachicol», en la región, especificando una localización en la carretera 57, entre Ojo Caliente y el entronque a Santa María del Río. Destacó la intervención de equipos de emergencia y la notificación a la Fiscalía General de la República para la investigación del incendio y su origen relacionado con esta práctica ilegal. Respecto a la supervisión en la Huasteca Potosina, Torres señaló que es un tema de jurisdicción federal y remitió a la Federación para detalles adicionales.
Sobre las demandas de amparo presentadas contra proyectos estatales, Torres explicó que fueron inicialmente desechadas y luego admitidas por un tribunal, pero sin conceder la suspensión solicitada. Enfatizó que todos los proyectos técnicos, ecológicos y financieros necesarios para el desarrollo estatal se han realizado adecuadamente, anticipando que la obra cultural en cuestión, que busca enriquecer la oferta artística y cultural del estado, avanzará conforme a lo planeado.
El secretario también destacó los esfuerzos en desarrollo social, infraestructura de movilidad y seguridad pública, mencionando programas sociales agresivos con más de un millón de personas becadas, la construcción de avenidas y bulevares, y el equipamiento y formación de nuevos cuadros de policías. En cuanto al ámbito cultural, se refirió a un nuevo recinto que servirá como un espacio importante para actividades artísticas, remarcando que desde la administración de Marcelo de los Santos no se había construido un recinto de este calibre.
En relación con el caso conocido como el «fraude del siglo» y la aplicación de la ley de extinción de dominio, Torres indicó que cualquier acción en este sentido requiere de una sentencia condenatoria firme. Aseguró que, aunque se han asegurado algunos bienes, el proceso judicial debe seguir su curso, respetando los derechos de defensa y acusación de ambas partes.
