FGE de San Luis Potosí enfrenta denuncias por impedir el acceso a la abogada Fátima Elizabeth Viera Gutiérrez y su hija
El incidente, ocurrido el 5 de febrero de 2025, pone de relieve una práctica arbitraria y discriminatoria al aplicar un supuesto "protocolo" que restringe el ingreso de menores a las instalaciones de la Fiscalía, vulnerando derechos fundamentales y evidenciando problemas estructurales de exclusión.
El pasado miércoles 5 de febrero de 2025, la abogada Fátima Elizabeth Viera Gutiérrez acudió a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí para atender una cita agendada con la titular de la Vicefiscalía Jurídica, en el marco del ejercicio de sus funciones profesionales. Debido a un imprevisto de salud que requirió llevar a su hija menor a una consulta médica, la profesional se presentó al recinto acompañada de la menor.
Al intentar acceder al segundo piso del edificio, el personal de seguridad impidió el ingreso, alegando la existencia de un supuesto «protocolo» que prohíbe el ingreso de niñas y niños a estas instalaciones. Ante la solicitud de información específica sobre dicha normativa, la abogada no recibió respuestas claras, y una revisión en el sitio web y redes sociales de la Fiscalía General del Estado no arrojó evidencia de la existencia de tal protocolo.
La situación obligó a la abogada Viera Gutiérrez a esperar un prolongado periodo hasta que, finalmente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) intervino y le permitió el ingreso junto a su hija. Posteriormente, se presentó una queja formal ante la CEDH con el objetivo de evitar que este tipo de actos se repitan, y para exigir una revisión de las disposiciones internas que, de manera discrecional, han sido utilizadas para restringir el acceso a espacios de justicia.
En este contexto, diversas voces exigen una respuesta clara por parte de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. Se solicita que se emita una explicación pública sobre lo sucedido y se implementen medidas concretas para garantizar que el acceso a la justicia no esté condicionado por normas inexistentes o aplicadas de manera arbitraria.
«Exigimos que la Fiscalía General del Estado emita una explicación pública sobre lo sucedido y tome medidas concretas para asegurar que este tipo de situaciones no se repitan, garantizando el acceso a la justicia sin discriminación alguna.«