Legislar es el intento más ridículo del mono humano por dar una apariencia de eternidad a sus caprichos del momento. Emil Cioran.
Hay fotografías que condensan toda la decrepitud moral de una época sin necesidad de pie de página. El pasado 16 de julio de 2026, la sociedad potosina fue testigo -acaso con la habitual parsimonia de quien se sabe condenado a la ignominia- de una de las puestas en escena más lúgubres y, a la vez, cómicamente predecibles de nuestra historia política reciente. En el marco del pomposo “Primer Encuentro Estatal por la Innovación, Derechos Humanos e Inteligencia Artificial”, los mismos verdugos que meses atrás habían afilado el hacha parlamentaria se congregaron para celebrar su propia clemencia. Allí, a la diestra del diputado Héctor Serrano Cortés -el progenitor de esa iniciativa bautizada por el pánico colectivo como “Ley Serrano”-, sonreía con una beatitud sospechosa Rubén Guajardo Barrera, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional. Unos pasos más allá, envolviendo al gobernador Ricardo Gallardo Cardona en un halo de institucionalidad prefabricada, se acomodaba Sara Rocha Medina, presidenta del Congreso y pastora local de los despojos del Partido Revolucionario Institucional.
El cuadro de la infamia lo completaba la bancada de Morena, cuyos cuatro integrantes, en un despliegue de docilidad que haría palidecer a los antiguos siervos de la gleba, aplaudían el desmontaje de lo que ellos mismos habían erigido. Asistir a esa fotografía es comprender que la política no es el arte de gobernar, sino el arte de sobrevivir al ridículo. E.M. Cioran advertía que el hombre abdica de su libertad no por debilidad, sino por el horror al vacío que le produce pensar por sí mismo. En el Congreso del Estado de San Luis Potosí, ese horror se traduce en una obediencia zoológica al Ejecutivo. Los mismos dedos que en noviembre de 2025 se alzaron con entusiasmo unánime para aprobar una reforma penal liberticida, se apresuraban ahora a firmar su defunción bajo el pretexto de una súbita e inverosímil iluminación democrática. No hay conversión en esa foto, hay control de daños, el pánico de verse expuestos ante la mirada del centro del país y la urgencia de enterrar el cadáver antes de que el tufo a inconstitucionalidad termine por asfixiarlos a todos.
Para comprender la perversidad de la reforma, es necesario descender al subsuelo de la técnica jurídica, ese espacio donde los políticos suelen tropezar debido a su analfabetismo funcional. El principal vicio de la “Ley Serrano” no radica en su aparente modernidad tecnológica, sino en su desprecio absoluto por el principio de taxatividad penal. La taxatividad, derivada del artículo 14 de nuestra Constitución Federal y del axioma latino (1)*nullum crimen, nulla poena sine lege certa*, no es un capricho doctrinal para el deleite de los litigantes, es la frontera última que separa al Estado de Derecho de la tiranía caprichosa. Este principio exige que el legislador escriba los tipos penales con una precisión quirúrgica, de tal suerte que cualquier ciudadano, por rudimentario que sea su entendimiento, sepa con exactitud qué conducta está prohibida y cuál permitida. La reforma potosina hizo exactamente lo contrario, elevó la ambigüedad a la categoría de dogma.
Al introducir el artículo 187 TER del Código Penal del Estado, pretendiendo sancionar a quien utilizara herramientas tecnológicas para “provocar alarma social” o “afectar la confianza pública en las instituciones”, el Congreso local no definió un delito, diseñó un vacío. ¿Cómo se mide la “alarma social”? ¿En qué báscula jurídica pesa el menoscabo a la “confianza institucional”? La vaguedad de estos términos destruye la certeza jurídica y traslada la facultad de crear el delito del legislador al juzgador o, peor aún, al policía que ejecuta la captura. No se buscaba regular la Inteligencia Artificial para evitar la difamación, se buscaba penalizar la subjetividad. La lesividad, que exige la demostración de un daño real y tangible a un bien jurídico protegido, fue sustituida por el termómetro del ego del gobernante. La ley penal se convirtió así en un asunto de humores y susceptibilidades, donde la verdad histórica de una publicación resultaba irrelevante frente al malestar estético de la burocracia.
Pero una ley ambigua, por sí sola, es un arma inerte. Para que funcione, se requiere de un brazo ejecutor dispuesto a blandirlo sin remordimientos éticos. En San Luis Potosí, ese brazo estaba perfectamente articulado. El ecosistema judicial del estado ha sido diseñado no para impartir justicia, sino para garantizar la impunidad del régimen y el castigo inmediato de la disidencia. En la cúspide de este aparato se encuentra la Fiscal General del Estado, Manuela García Cázares, una mujer cuya trayectoria en la magistratura le ha conferido la reputación de ser una auténtica artista en la simulación de actos jurídicos. La fiscalía local sabe que, en el juego del poder, no es necesario obtener una sentencia condenatoria tras años de litigio, basta con la espectacularidad del arresto, la humillación pública de la vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada para que el efecto inhibitorio se propague como la peste sobre el resto de la sociedad.
A este diseño se suma la reciente y siniestra metamorfosis del Poder Judicial del Estado. Los jueces de control que hoy deciden sobre la libertad de los potosinos no son el producto de una rigurosa carrera judicial ni de la excelencia académica, son los vástagos de la selección operada bajo la sombra del Secretario de Gobierno y posteriormente legitimados por la aplanadora electoral del Partido Verde. Esta maquinaria de votos, que controlan desde los órganos de administración judicial hasta las magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia, ha creado una casta de juzgadores que nacen en la vida pública con una deuda genética de gratitud hacia sus creadores. En este escenario de sometimiento institucional, la falta de taxatividad de la ley era una bendición para el aparato persecutor. Ante un tipo penal poroso y maleable, un juez de control independiente habría dictado el auto de no vinculación a proceso en la primera audiencia, señalando la inconstitucionalidad de la norma. Pero en el San Luis Potosí de 2026, con jueces cuyos cargos dependen de la simpatía del Ejecutivo, la ambigüedad de la ley era la coartada perfecta para encarcelar a cualquiera. El circuito de la tiranía funcionaba con una fluidez pasmosa: el diputado Serrano proveía el pretexto legal, la fiscal García Cázares simulaba la solidez de la carpeta de investigación y el juez de control, endeudado y obediente, dejaba caer el mazo.
Frente a este Leviatán jurídico, la historia registrará que la resistencia no provino de las instituciones, sino de la desesperación y la sagacidad de quienes se negaron a ser domesticados. Es aquí donde emerge la figura de la abogada Natalia Castillo Vera, cuya enjundia y agudeza procesal introdujeron una cuña de realidad en la simulación oficial. Castillo Vera asumió la defensa jurídica de Juan Pablo Moreno, titular del medio digital “La Noticia”, uno de los comunicadores procesados bajo esta infamia legal. Con una sagacidad mediática implacable, Castillo Vera no limitó la estrategia a las aburridas salas de audiencia, la trasladó a las pantallas y a las calles. Utilizando su propia cuenta para realizar transmisiones por Facebook Live a la menor provocación, la litigante rompió el cerco informativo del régimen y convocó a una movilización civil que terminó por quebrar la habitual parsimonia y el silencio sepulcral que suele reinar en las inmediaciones del Congreso del Estado. La manifestación devino en un catártico acto de furia ciudadana. Cuando los inconformes rompieron los accesos y entraron por la fuerza al salón de plenos, mentando madres a los diputados que palidecieron en sus curules, desnudaron la cobardía intrínseca de la clase política. Los legisladores, tan valientes al firmar decretos punitivos a puerta cerrada, se encogieron ante el rugido de una sociedad que decidió no ser cómplice de su propia ejecución.
Este desborde popular, sin embargo, no tardó en ser instrumentalizado por la paranoia del régimen estatal. En un intento desesperado por deslegitimar la protesta, Héctor Serrano Cortés no dudó en acusar públicamente al alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos de ser el autor intelectual y promotor de la irrupción violenta en el Congreso. La mención de Galindo en este sainete corresponde al festejo del día de la libertad de expresión. En esa fecha, el presidente municipal cometió el pecado imperdonable de la disidencia discursiva al pronunciarse abiertamente en contra de la reforma penal, llegando a declarar que, si en sus manos estuviera, la derogaría de inmediato. Para el régimen ser el primero en sugerir públicamente la marcha atrás de la reforma fue visto como una hostilidad intolerable de cara a la sucesión del 2027. Esa audacia le valió al alcalde capitalino el inicio de un acoso sistemático e implacable por parte de los medios de comunicación y plataformas digitales afines al régimen. La ironía se despliega aquí con todo su esplendor: el alcalde que buscó lucir como el primer demócrata terminó devorado por los perros de la guerra sucia oficial, demostrando que en el San Luis Potosí de hoy, la sensatez política se castiga con el linchamiento mediático.
Si el Partido Verde y la oposición pragmática aportaron el cinismo y el miedo, la bancada de Morena regaló a esta crónica el ingrediente de la ridiculez absoluta y prematura, nada rebaja tanto la dignidad humana como la necesidad de simular que se posee una convicción que en realidad se ignora. El ejemplo vivo de esta máxima lo encarna el diputado Carlos Artemio Arreola Mallol. Su aportación al absurdo no fue un control de daños tardío empujado por la prensa nacional en 2026, sino un acto de lambisconería inmediata. Apenas unos días después de haberse aprobado la nefanda reforma en noviembre de 2025, cuando la tinta del decreto aún estaba fresca y el orgullo autoritario del Congreso se encontraba en su cénit, Arreola Mallol tuvo la genial idea de organizar un foro de análisis sobre la ley… El evento fue un fracaso tan monumental que rozó la frontera de la demencia teatral. Advertidos de la burda simulación que pretendía legitimar el garrote recién forjado, ningún miembro destacado o respetable de la prensa potosina se dignó a pararse por ahí. Ante el vacío cósmico de las primeras filas y el terror a que las fotografías mostrarán un auditorio desierto, los organizadores recurrieron a la más rancia de las prácticas, rellenaron los asientos con estudiantes de una preparatoria local, quienes asistieron uniformados y con la mirada extraviada. Fue patético ver a adolescentes uniformados rellenando los huecos para escuchar discursos vacíos sobre la regulación penal del deepfake. En un foro convocado a toro pasado por el mismo diputado que validó la censura, es la síntesis perfecta del régimen potosino. En ese auditorio de noviembre de 2025 no había rastro de inteligencia artificial, pero tampoco de inteligencia emocional, ni humana.
Llegados a este punto de la disección, es imperativo desmontar la última y más peligrosa de las ilusiones. La narrativa oficial pretende vender la reciente iniciativa de derogación del gobernador como un acto de madurez y de escucha atenta a las demandas sociales. Nada más falso. El gobernador decidió dar un paso atrás en este 2026 no por convicción democrática, sino porque el escándalo saltó las fronteras del estado y comenzó a abollar la imagen del régimen en los medios nacionales. Sin embargo, el peligro está lejos de haber desaparecido. Al anunciar la derogación, el Ejecutivo estatal dejó caer una advertencia que debería helar la sangre de cualquier ciudadano pensante: se convocarán a nuevos “foros consensados” para perfeccionar una nueva reforma que atienda el “uso y abuso de las nuevas tecnologías en perjuicio de la dignidad humana”. Traducido del lenguaje de la simulación a la realidad secular, esto significa que el régimen no ha renunciado al garrote, simplemente lo ha mandado al taller para que le pulan las imperfecciones constitucionales que la Suprema Corte de Justicia de la Nación les habría señalado con un manotazo histórico. El gobernador ha dado un paso atrás, sí, pero únicamente para tomar vuelo.
La gran lección -y el remate más amargo de esta historia- es comprender a quién iba dirigida realmente esta ley. La “Ley Serrano”, tal como permanece redactada en este instante en el Código Penal mientras el Congreso no formalice su derogación, no fue diseñada para censurar a los medios de comunicación. Los grandes medios tienen abogados, estructuras y, en ocasiones, pactos de convivencia con el poder. La verdadera perversidad de la reforma radica en que estaba dirigida contra el ciudadano común. No se requería ser el director de un diario centenario para caer en las garras de la fiscalía de García Cázares, bastaba con que un potosino de a pie, desde la pantalla de su teléfono móvil, utilizase una aplicación gratuita de Inteligencia Artificial para hacer un meme ingenioso, una broma pesada o un escarnio satírico sobre la figura de un político local o, incluso, de un vecino incómodo. Al eliminar la taxatividad, cualquier manifestación de humor digital que no contara con el “consentimiento” del poderoso podía ser catalogada como un delito merecedor de seis años de cárcel. La reforma al Código Penal no era una herramienta para sujetar la libertad de prensa, era un mecanismo de control totalitario para aniquilar la libertad de expresión en lo general. El régimen pretendía despojar de la última defensa que le queda a una sociedad frente a la opresión, la capacidad de reírse de sus gobernantes. La Inteligencia Artificial fue solo el espantapájaros tecnológico que utilizaron para intentar legislar el miedo ciudadano. Y mientras la sociedad potosina continúe asistiendo a este teatro con la parsimonia de siempre, los poderosos seguirán puliendo el garrote, esperando el momento exacto en que la prensa nacional mire hacia otro lado para volverlo a descargar sobre nuestras cabezas.
Como dijese Cioran: la ironía es el único salvoconducto que nos queda frente a la pesadez de los dogmas oficiales.
- *no hay crimen, ni hay pena, sin una ley cierta (o clara)*
