Yo solo sé que no sé nada… y los demás ni siquiera saben eso. Sócrates.
La conmemoración de los veinte años de la llamada “Gallardía”, escenificada con toda la pompa del aparato gubernamental en las instalaciones de la FENAPO y replicada con idéntica narrativa en las tierras de la Huasteca potosina, no fue bajo ninguna circunstancia un festejo de identidad partidista. Quienes busquen en la numeralia oficial o en la marea de camisetas color verde ecologista un síntoma de consolidación ideológica del Partido Verde de México en San Luis Potosí, errarán el diagnóstico de manera flagrante. Lo que el estado presenció esta semana fue la explícita e inequívoca demostración de fuerza de un clan político de naturaleza estrictamente patrimonial que, por azares de la coyuntura y conveniencia recíproca, hoy utiliza la franquicia del tucán como ayer utilizó el emblema del sol azteca. El envase ha cambiado de color, pero el contenido sigue respondiendo a la misma marca de origen, la familia Gallardo y su sólida periferia de lealtades.
Para comprender la verdadera dimensión del fenómeno, es imperativo activar la memoria histórica y situarnos en el ya lejano año de 2006. En aquel mapa político, el Partido Verde no pasaba de ser un satélite menor en el ecosistema local, un membrete de alquiler para acomodar planillas en la capital y asegurar prerrogativas. La verdadera incubadora del movimiento que hoy ostenta la hegemonía total del estado fue el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Fue bajo las siglas del sol azteca donde el grupo construyó su bastión original en Soledad de Graciano Sánchez, diseñando desde los márgenes metropolitanos un modelo de asistencia social directa, hiper-personalizada y de altísimo arrastre popular que terminó por dinamitar las viejas estructuras clientelares de la herencia tradicional potosina. Cuando el PRD dejó de ser útil a los propósitos de expansión del grupo, las siglas fueron desechadas sin el menor asomo de nostalgia. El posterior abordaje y vaciado institucional del Partido Verde local fue una operación quirúrgica. La militancia tradicional verde fue discretamente marginada y los comités fueron rellenados con la estructura territorial, transportista y comunitaria leal al apellido, no a la doctrina ecológica.
Por ello, la absoluta y calculada ausencia de representantes de la dirigencia nacional del Partido Verde en los templetes de esta semana adquiere un peso analítico fundamental. No se trató de un cruce desafortunado en las agendas de la Ciudad de México ni de un desaire logístico. Fue una delimitación de fronteras. El “Gallardismo” es un ente político que no le debe su existencia, su padrón de votantes ni su permanencia a las mesas de negociación de la capital del país, por el contrario, es la dirigencia nacional del PVEM la que acude periódicamente a San Luis Potosí a nutrirse de la copiosa cosecha de votos que le permite mantener su peso específico y su rol de oxígeno legislativo en el Congreso de la Unión. Al no convocar o no priorizar la foto con las figuras nacionales del partido, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona envió un mensaje nítido a la cúpula central: el Verde en San Luis Potosí no es una sucursal subordinada a los dictados del centro, es una propiedad subsidiaria y autónoma del clan local. Aquí las decisiones, las candidaturas y las reglas de sucesión se dictan desde las colonias potosinas, no desde las oficinas de las Lomas de Chapultepec.
El momento cumbre del mitin, trascendió las fronteras del estado para convertirse en un misil teledirigido hacia la retórica moral de Palacio Nacional. Al tomar el micrófono y ser presentada abiertamente por el Ejecutivo como la figura natural para asegurar la continuidad del proyecto en la gubernatura hacia el 2027, la senadora Ruth González Silva lanzó una expresión que resume de cuerpo entero la etapa de hegemonía total que vive el grupo: ¡Me vale lo que digan!. Pronunciada frente a una estructura de bases corporativas que coreaba la consigna de “gobernadora”, la frase no fue un exabrupto al calor del mitin, fue la asunción formal de una postura de confrontación abierta contra el discurso que la propia presidenta de México ha establecido como principio de su gestión, el rechazo absoluto al nepotismo dinástico y a la herencia del poder en línea directa entre cónyuges, hermanos o hijos. Como dijera la escritora Dorothy Parker, su voz tenía la textura del terciopelo barato.
La contradicción que este escenario plantea para el bloque oficialista es monumental. El modelo de legitimación del Gallardismo opera bajo un “efecto espejo” respecto a la federación, pero llevado a su extremo más personalista. Mientras el gobierno federal insiste en que los programas sociales son un derecho constitucional desvinculado de figuras individuales, el diseño institucional en San Luis Potosí está meticulosamente aceitado para que el beneficio -sea una tarjeta de apoyo en efectivo, una beca estudiantil o el acceso a una purificadora de agua gratuita- lleve impreso el sello de la benevolencia familiar. Haber colocado a la hoy senadora como el rostro visible de la distribución de estos apoyos durante años pavimentó un camino que hoy choca de frente con las intenciones legislativas de prohibir la sucesión familiar en cargos de elección popular que manejan presupuestos ejecutivos. El “me vale lo que digan” es, en el fondo, la respuesta potosina al centralismo moral de la Cuarta Transformación, una advertencia de que la realpolitik local y la posesión de la estructura de movilización valen más que cualquier directriz doctrinaria emitida desde la Ciudad de México.
En este complejo tablero de ajedrez, la posición adoptada por la dirigencia local de Morena raya en la caricatura política. Las recientes declaraciones de Rita Ozalia Rodríguez, presidenta del comité estatal de Morena, al abrir la puerta a una virtual coalición local (Morena-PVEM-PT) para el 2027 “siempre y cuando” el Partido Verde acepte la condición de no postular a ningún familiar en línea directa del actual mandatario, se escucharon en los pasillos del poder local casi como un ruego desprovisto de toda fuerza real. Al condicionar la alianza a la exclusión de Ruth González Silva o de Ricardo Gallardo Juárez en una clara alusión al veto nacional, a la dirigencia guinda solo le faltó añadir un “por favorcito”. Morena en San Luis Potosí se encuentra atrapada en su propio laberinto, sabe que la línea de su presidenta nacional es el veto al nepotismo, pero es plenamente consciente de que, de ir en solitario o de fracturar la alianza con el Verde potosino, carece de la estructura territorial y el arrastre popular necesarios para competirle a la maquinaria gallardista. La sumisión discursiva de Morena local es el reconocimiento tácito de su propia debilidad frente a un aliado que la ha fagocitado electoralmente en la entidad.
Ante este despliegue de soberbia institucional y pragmatismo dinástico, la verdadera sorpresa de la semana no provino de las debilitadas y atomizadas dirigencias del PAN o del PRI, sino del Palacio Municipal de la capital. La reacción del alcalde Enrique Galindo Ceballos frente al evento de la FENAPO marcó un punto de inflexión definitivo en la narrativa política de la entidad. Caracterizado a lo largo de su primer trienio y en los albores de este segundo periodo por una prudencia extrema, casi quirúrgica, que rayaba en la evasión sistemática cada vez que se le cuestionaba sobre las acciones del Ejecutivo estatal -recurriendo siempre al cómodo expediente de “yo respeto mucho al gobernador” o “prefiero ser prudente”-, Galindo decidió esta vez romper el guión de la cohabitación pacífica.
Al calificar abiertamente el mitin de la FENAPO como la comisión de “posibles actos anticipados de campaña”, al desmitificar con desdén el aforo presumido de las 50 mil personas y rematar con la contundente sentencia de que en el aniversario de la Gallardía “no había nada que festejar”, el alcalde capitalino abandonó formalmente la zona de confort de la diplomacia institucional.
Este giro retórico no es una reacción visceral, es un cálculo estratégico de supervivencia política. Galindo ha entendido con claridad que el banderazo de salida para la sucesión del 2027 se ha adelantado y que mantener el silencio o la sumisión discursiva ante la demostración de fuerza del Verde no le garantiza paz, sino su gradual desdibujamiento político. Al asumir una postura frontal, Galindo se coloca de facto como el dique de contención y la principal -si no es que la única- voz con peso específico y recursos reales para aglutinar la resistencia de una oposición que hoy se encuentra huérfana de liderazgo en el estado. Aunque para amplios sectores de la opinión pública esta reacción contestataria pueda parecer tardía después de cinco años de concesiones mutuas y simulada cordialidad metropolitana, lo cierto es que representa lo más cercano a una competencia política real que San Luis Potosí experimentará en los próximos años. El alcalde sabe que no puede competir con el Gallardismo en el terreno del corporativismo de plaza pública ni en el volumen de movilización masiva que otorgan los sectores transportistas adheridos al oficialismo verde. Su apuesta, por ende, tendrá que mudarse obligatoriamente al terreno de la legalidad y la fiscalización electoral. La mención explícita a los “actos anticipados” es el anuncio de que la oposición capitalina buscará dar la batalla en las mesas del CEEPAC y del Tribunal Electoral, documentando minuciosamente cada exceso presupuestal y cada uso patrimonial de los recursos públicos en aras de frenar la unción dinástica por la vía del derecho, el único contrapeso real que le queda a la República frente al avance de los neo-cacicazgos regionales.
Sin embargo, en la realpolitik potosina ninguna afrenta discursiva queda sin respuesta, y el costo de haber roto la tregua verbal se está cobrando ya de la manera más cruda en el asfalto de la capital. El “dato al calce” que devela la verdadera naturaleza de esta ruptura no se encuentra en los discursos de los templetes, sino en las ventanillas de la Contraloría General del Estado. La reciente advertencia lanzada por el Director de Obras Públicas del ayuntamiento capitalino, señalando que el municipio mantiene detenidas más de setenta obras de infraestructura vital debido a la repentina e inusual ralentización de trámites por parte del órgano fiscalizador estatal, expone el inicio formal de una guerra fría administrativa. Trámites, permisos y validaciones de expedientes técnicos que en años anteriores fluían con relativa agilidad en aras de la cacareada “coordinación metropolitana” se han topado de pronto con una muralla de burocratismo de castigo. No existe la negativa explícita que obligaría al ayuntamiento a activar defensas legales inmediatas, existe, en cambio, la táctica del congelador, retrasar la firma, exigir aclaraciones infinitas al expediente, dilatar el visto bueno. El objetivo político detrás de este torniquete administrativo es evidente, asfixiar el calendario de entregas de Enrique Galindo, desgastar la percepción ciudadana sobre la eficiencia de la gestión municipal y minar la principal carta de presentación del alcalde de cara a sus futuras aspiraciones.
Si la capital luce paralizada, inconclusa o sumida en el retraso de sus servicios públicos, el costo político lo pagará el inquilino de la Unidad Administrativa Municipal, no el habitante de Palacio de Gobierno.
Esta parálisis forzada de más de setenta proyectos pone de relieve la cara más oscura de la sucesión adelantada, el secuestro de la gestión pública en aras de la competencia electoral. Los programas concurrentes y las obras de infraestructura básica, donde la ley obliga al Estado y al Municipio a coordinar presupuestos y capacidades técnicas, se han transformado en campos de batalla. Al convertir la Contraloría en una aduana de filtración política, el mensaje que el Ejecutivo estatal envía a la capital es implacable, cualquier disidencia o cuestionamiento al proyecto de continuidad dinástica se pagará con la asfixia presupuestal de la ciudad. El ciudadano común y corriente, atrapado entre las zanjas de las obras suspendidas y el retraso de la modernización urbana, se convierte así en el primer rehén de una contienda por el 2027 que ha decidido sepultar la gobernabilidad metropolitana mucho antes de que las boletas electorales se impriman. El “me vale” ha pasado de las palabras a los hechos.
Se vienen días aciagos, nubarrones de tormenta que auguran un diluvio.
