¡México no es piñata de nadie!… Claudia Sheinbaum Pardo
El Monumento a la Revolución suele ser el escenario predilecto cuando el libreto oficial exige épica, solemnidad y un enemigo a la altura de las circunstancias. En el reciente informe nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la puesta en escena cumplió rigurosamente con los cánones de la liturgia partidista. No asistimos a un ejercicio tradicional de rendición de cuentas -esos tediosos compendios de cifras e indicadores de gestión que suelen aburrir a las masas-, sino a la reactivación del viejo y confiable botón de emergencia nacionalista. El formato interconectado, con pantallas gigantes reproduciendo el mensaje de manera simultánea en las plazas públicas de las treinta y dos entidades federativas, no fue un capricho técnico, fue la descentralización calculada de una doctrina.
Frente a un micrófono que amplificaba la indignación soberana, la mandataria lanzó al aire la pregunta retórica que sintetiza el espíritu de los tiempos: ¿Las agencias extranjeras o el pueblo? ¿Los grandes intereses económicos o el pueblo?. La respuesta, coreada por la feligresía de las plazas, ya venía empaquetada desde los sótanos de la estrategia de comunicación gubernamental.
En el universo discursivo del oficialismo, la patria se encuentra bajo un asedio permanente, una sofisticada “ofensiva mediática” operada por intereses trasnacionales y burócratas de Washington que, aparentemente, no tienen mejor cosa que hacer que desestabilizar el avance de la transformación mexicana.
La genialidad de este relato radica en su tremenda utilidad práctica. Invocar la premisa de que “la patria no se vende, se ama y se defiende” en una asamblea pública eleva de inmediato cualquier debate de la mundana esfera de los hechos al plano celestial de la moralidad histórica. Bajo esta lógica, los señalamientos periodísticos, los informes de organismos internacionales o las alertas sobre la descomposición de la seguridad pública no son críticas que merecen ser investigadas o respondidas con datos duros, son, por definición, agresiones contra el suelo patrio. El nacionalismo se convierte así en el perfecto escudo de invisibilidad política. Mientras la opinión pública mantenga la mirada fija en el horizonte, tratando de otear los barcos del intervencionismo extranjero que supuestamente amenazan nuestras costas, se vuelve innecesario mirar hacia el suelo que pisamos, donde las grietas de la realidad doméstica son cada vez más profundas y evidentes.
Al mismo tiempo que el discurso presidencial dotaba a la base militante de la cobertura ideológica necesaria, en el Palacio Legislativo de San Lázaro se operaba la traducción jurídica de la paranoia. El diputado Ricardo Monreal, siempre atento a las sutilezas del humor presidencial y experto en el arte de la oportunidad política, obsequió al país una de esas piezas de orfebrería legislativa que merecen un lugar de honor en los anales del gatopardismo mexicano, una reforma aprobada por la vía del *fast-track* para establecer una nueva causal de nulidad de las elecciones, centrada exclusivamente en la “supuesta intervención extranjera” a través de plataformas digitales y financiamientos difusos.
La velocidad con la que se procesó la iniciativa solo es comparable con el tamaño de su ambigüedad. Definir con claridad jurídica qué constituye una “intromisión extranjera” en el ecosistema digital contemporáneo es una tarea que habría tomado meses de debate técnico a cualquier parlamento serio del mundo. Pero el tiempo apremia y el calendario electoral no otorga treguas. En el texto aprobado, el concepto adquiere una elasticidad envidiable, un hilo de X (antes Twitter) publicado por un analista en Nueva York, un editorial de un diario europeo de gran alcance o el informe de una organización de la sociedad civil con financiamiento internacional podrían calificar, si el criterio político adecuado lo decide, como un atentado contra la pureza del sufragio.
Lo verdaderamente magistral de la jugada “monrealista” no reside en la redacción de la causal, sino en el andamiaje institucional que la acompaña. La reforma incluye la oportuna ampliación del periodo de encargo de los actuales magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, abriendo además la rendija para una eventual reelección. Es un diseño de incentivos impecable. Al árbitro de última instancia, aquel que tiene la facultad exclusiva de calificar la validez de la elección federal, se le otorga estabilidad laboral y promesas de futuro a cambio de procesar un catálogo de impugnaciones basadas en conceptos gaseosos. No estamos ante una legislación para prevenir riesgos reales; estamos ante la construcción de un traje a la medida del control de daños, una póliza de seguro jurídico por si los vientos de la opinión pública deciden cambiar de rumbo en los procesos venideros y ponen en riesgo la supremacía parlamentaria del movimiento. Es en el terreno de las omisiones donde la reforma electoral de Monreal revela su verdadera naturaleza y deja al descubierto una hipocresía que raya en el cinismo. Conforme los legisladores gastan saliva y tinta previniendo la hipotética intervención de bots extranjeros o informes de agencias del norte, el verdadero poder fáctico que opera, financia y decide elecciones en el territorio nacional permanece cómodamente instalado en la sala de juntas, ignorado por completo por el radar legislativo.
Resulta un ejercicio de ironía involuntaria que el Congreso mexicano dedique sus mejores horas a legislar sobre fantasmas internacionales mientras el principal socio comercial del país insiste en señalar la alarmante infiltración de las organizaciones criminales transnacionales en las estructuras del Estado. La pregunta obligada para el coordinador de la mayoría en la Cámara Baja es tan simple como devastadora: ¿Por qué no incluir la intervención abierta, armada y financiera del crimen organizado como una causal explícita y prioritaria para la nulidad de una elección?
La respuesta oficial -que la ley ya contempla el uso de recursos de procedencia ilícita- es un sofisma que se desploma frente a cualquier corresponsalía local. El financiamiento en efectivo es apenas la punta del iceberg en el menú de intervención de las mafias locales. Lo que la reforma ignora deliberadamente son las dinámicas que se viven en los distritos de estados como Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Veracruz o Tamaulipas: el asesinato sistemático de candidatos incómodos, el secuestro de operadores políticos en la víspera de la jornada, el cobro de piso electoral y la imposición armada de funcionarios de casilla. Frente a la violencia física y el control territorial real, el legislador prefirió redactar una ley contra algoritmos abstractos. Legislar sobre el narcotráfico electoral implicaría reconocer jurídicamente que el Estado ha cedido el monopolio de la violencia y que la legitimidad de decenas de alcaldías, diputaciones y gubernaturas ganadas desde la elección de 2021 arrastra una sombra densa. Es mucho más cómodo para el régimen culpar a un complot de Washington de alterar la voluntad popular, que admitir que en amplias regiones de México la boleta electoral no se marca con libertad, sino bajo la mirada atenta de un fusil de asalto.
Para comprender a cabalidad la prisa y el fervor con el que Ricardo Monreal ha operado este blindaje legal, es necesario abandonar por un momento el derecho constitucional y adentrarse en la psicología del poder y la supervivencia política. En la fisonomía del régimen actual, la utilidad inmediata y la lealtad demostrada en los momentos de tensión son las únicas monedas válidas para comprar indulgencias y asegurar el futuro en la mesa de las decisiones. La historia reciente no perdona las memorias cortas. No hace tanto tiempo, apenas en los preludios del proceso de 2018, la relación entre el hoy coordinador de los diputados y la actual titular del Ejecutivo atravesó por sus momentos más gélidos. La disputa por la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México abrió una herida profunda en el movimiento, un Monreal herido amagó con mudar sus canicas a las filas de la oposición si no se respetaban sus aspiraciones, acusando opacidad en los mecanismos internos de selección. El distanciamiento no fue meramente discursivo, sino una confrontación táctica que obligó al gran elector del movimiento a tejer fino para mantener la cohesión. Aún así, Andrés Manuel López Obrador nunca perdonó esos días de titubeo táctico. Mención aparte merece que si bien lo conservó dentro del movimiento, fue porque un operador político con sus cualidades no se releva a menos que se obtenga un sustituto que lo supere.
Hoy, las circunstancias han cambiado, pero las ambiciones permanecen intactas. Monreal entiende a la perfección que en la nueva arquitectura del poder, un operador político sospechoso de mantener una agenda propia es un elemento prescindible. Para consolidar su posición en San Lázaro y borrar los vestigios de sus antiguas rebeldías, el zacatecano necesita volverse indispensable, el ingeniero capaz de resolver los problemas antes de que el Ejecutivo tenga que enunciarlos. Al entregar una reforma electoral que dota a la presidenta del mecanismo perfecto para judicializar el relato de la soberanía nacional, Monreal no sólo legisla, se purifica en el altar de la lealtad institucional, asegurando su permanencia como una pieza clave en el ajedrez que definirá la sucesión y el control del Congreso en el mediano plazo. Detrás de la retórica encendida del Monumento a la Revolución, del apresuramiento legislativo de San Lázaro y de las coreografías de la lealtad partidista, subyace el verdadero drama de la democracia mexicana: la paulatina degradación del pacto social. El diseño político del oficialismo ha demostrado una eficacia electoral incontestable, fincada en una narrativa moral de tintes religiosos y en una estructura de transferencias directas que ha consolidado una base de votantes dócil, predecible y de bajo costo en términos de rendición de cuentas.
Sin embargo, este modelo de hegemonía barata enfrenta su contradicción más peligrosa en el abandono del territorio. El riesgo real para la continuidad del proyecto no radica en la debilidad de los partidos de oposición, cuyas dirigencias lucen permanentemente extraviadas, sino en el desgaste cotidiano del ciudadano que habita fuera de las zonas de confort de la burocracia federal. El subsidio bimestral que llega al bolsillo del votante de clase baja se diluye de manera inmediata cuando ese mismo ciudadano debe pagar el “impuesto criminal” en la tienda de la esquina, cuando el transporte público local está controlado por la delincuencia o cuando el precio de la canasta básica está indexado al derecho de piso que imponen las mafias territoriales. La simulación selectiva de la ley electoral es el síntoma definitivo de un régimen que prefiere administrar las apariencias antes que enfrentar sus monstruos. Mientras la discusión nacional permanezca secuestrada por los debates abstractos sobre intervencionismos extranjeros, complots mediáticos y agencias internacionales, el oficialismo puede seguir gobernando desde la comodidad del mito. Lo que verdaderamente aterra a los estrategas del partido en el poder no es perder un juicio técnico en el Tribunal Electoral, sino el día en que la base social descubra que el enemigo no estaba detrás de las fronteras, sino instalado en el palacio municipal de junto. El día en que la terca realidad de los hechos termine por romper el hechizo de la docilidad electoral y ponga al descubierto la fragilidad de una transformación que prefirió inventar fantasmas antes que pacificar sus propias calles.
Quien quiera que haya escrito el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo colocó la soga en su cuello con delicadeza y sutilmente le encontró un lugar en la primera línea del paredón, la beligerancia de sus palabras lucen descompuestas, amén de su forzada elocuencia que confunde la rabia con las ganas de ir a hacer del dos. La verdad es tan subjetiva, interpretativa y obsesiva que quien debería ser la persona más informada de México, podría resultar la más ignorante. En términos generales no se asume como adversario en la misma guerra que denuncia, quizás necesita volver a releer las reglas del juego, antes de que un giro de dados muestre una capicúa macabra y selle su destino por toda la eternidad. Como decíamos allá en el siglo veinte los trasnochados de la generación X : de que lloren en tú casa a que lloren en la mía.
