“Donald Trump, te pedimos que nos ayudes con helicópteros, porque Claudia Sheinbaum no nos hace caso y nos están matando”. Voz de una madre nahua desplazada en la montaña baja de Chilapa, Guerrero.
El Estado moderno se justifica en la medida en que es capaz de mantener el monopolio de la violencia legítima dentro de sus fronteras territoriales. Fuera de esa premisa fundamental, cualquier disertación sobre la soberanía nacional se reduce a una mera abstracción retórica o a una simulación de tintes propagandísticos. La flagrante contradicción observada este fin de semana entre el norte y el sur del país retrata con crudeza el vacío institucional que padece la República. Mientras las cúpulas del partido oficialista montaban un patíbulo en la capital de Chihuahua bajo la bandera del nacionalismo, la realidad del territorio desgarraba el discurso gubernamental en las montañas de Guerrero. El contraste no es fortuito sino el síntoma de un régimen que ha optado por administrar las percepciones mediáticas antes que resolver las crisis estructurales de seguridad interna. La soberanía no puede defenderse en los templetes partidistas cuando ha sido abdicada de facto en las comunidades más vulnerables de la nación.
La apresurada movilización convocada por Morena en el estado norteño —denominada con flagrante cinismo “Por la seguridad, paz y defensa de la soberanía”— exhibió las costuras de una operación de control de daños diseñada desde el centro del país. La presencia estridente de la nueva presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel, acompañada exclusivamente por el secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán, delató la verdadera naturaleza del evento. No nos encontramos ante un acto de indignación ciudadana orgánica frente a la presunta presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense en la Sierra Tarahumara. Estamos frente al despliegue de un ariete político enviado a un territorio tradicionalmente hostil con la finalidad de edificar una cortina de humo de dimensiones geopolíticas. El propósito fundamental de la dirigencia nacional no era tutelar el orden constitucional supuestamente vulnerado por la administración local. La prioridad estribaba en equilibrar la balanza de la opinión pública nacional tras una semana de severo desgaste para el Poder Ejecutivo Federal.
El derecho procesal constitucional establece que el juicio político y el posterior desafuero son mecanismos de control parlamentario de última ratio que exigen un pulcro sustento técnico y probatorio. Sin embargo, la premura con la que se articuló la demanda de destitución en contra de la gobernadora María Eugenia Campos revela un desprecio absoluto por las formas jurídicas. Un proceso de tal envergadura institucional requeriría la sustanciación previa de las carpetas de investigación por parte de la Fiscalía General de la República. Avanzar por la vía del atropello legislativo y la agitación callejera demuestra que el oficialismo busca el linchamiento mediático antes que el esclarecimiento judicial. Al carecer de la densidad argumentativa que exige un verdadero escrutinio de seguridad nacional, la asonada en Chihuahua se convierte en una burda maniobra de distracción masiva. El diseño del evento estuvo calculado para subordinar la agenda jurídica a las urgencias de la narrativa de la autodenominada transformación.
La debilidad estructural del morenismo en los centros urbanos del norte del país quedó de manifiesto durante el desarrollo de la accidentada jornada sabatina. Ante la manifiesta incapacidad de la clase política local para convocar a las masas de forma autónoma, el aparato central tuvo que recurrir al traslado de contingentes foráneos. La movilización de bases provenientes de entidades federativas circunvecinas terminó por desdibujar el carácter genuino de la protesta. La queja generalizada de los legisladores y del ecosistema de propagandistas digitales que acompañó a la comitiva oficialista constituyó una involuntaria confesión de parte. Argumentar que unos cuantos bloqueos vehiculares y retenes intermitentes en los accesos carreteros bastaron para desinflar el aforo del mitin es aceptar la precariedad de su propia convocatoria. Si una movilización que pretende defender la dignidad de la patria se desarticula ante la ralentización del flujo vial, es porque carece de arraigo en el territorio que pisa.
La urgencia por inundar las redes sociales con narrativas de victimización a través de creadores de contenido alineados al régimen responde a una lógica de sustitución de la realidad. El caótico recibimiento que sufrieron los dirigentes nacionales en el aeropuerto de la capital chihuahuense fue capitalizado de inmediato para construir una épica de resistencia artificial. Los conatos de violencia y el cruce de acusaciones sobre “guerra sucia” sirvieron para ocultar el verdadero balance de la jornada. El debut operativo de la mancuerna Montiel-López Beltrán en el norte del país se topó con una muralla demográfica y política insoslayable. Los estrategas de la Presidencia de la República necesitaban desesperadamente fijar la atención pública en un diferendo partidista para desplazar de los titulares las imágenes de horror que provenían del sur profundo. La soberanía se convirtió así en una mercancía discursiva intercambiable en el mercado del control de daños mediáticos.
Mientras el oficialismo escenificaba su comedia nacionalista en las escalinatas del Palacio de Gobierno de Chihuahua, en la montaña baja de Guerrero la soberanía se diluía en sangre. Las atrocidades perpetradas en Chilapa por las organizaciones criminales conocidas como “Los Tlacos” y “Los Ardillos” expusieron el colapso absoluto del Estado de derecho. El desplazamiento forzado de centenares de familias indígenas nahuas de la comunidad de Alcozacán representa una crisis humanitaria que no puede ser sepultada por ningún boletín de prensa. La disputa armada por el control de vastos territorios de producción y tránsito de ilícitos se desarrolla ante la pasividad cómplice de las fuerzas de seguridad estatales y federales. El envío tardío de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano no se tradujo en la pacificación de la zona sino en la contención perimetral de una tragedia consumada. El abandono institucional de los pueblos originarios dinamita cualquier pretensión de legitimidad moral por parte del gobierno.
El punto de quiebre simbólico de este proceso se materializó en la difusión de testimonios audiovisuales que sacudieron la conciencia jurídica de la nación. La desesperación de las madres indígenas desplazadas llegó al extremo de suplicar la intervención del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. La exigencia de aeronaves militares extranjeras para combatir a los barones de la droga locales constituye la declaración de quiebra más contundente del orden institucional contemporáneo. Cuando los ciudadanos prefieren invocar el auxilio de una potencia extranjera antes que confiar en las promesas de su propio gobierno, la soberanía nacional ha dejado de existir. La súplica dirigida a la Casa Blanca desnudó que el discurso oficial que presume defender la patria es percibido como un eco vacío por quienes enfrentan el exterminio cotidiano. El dolor de Chilapa destruyó en un segundo la legitimidad de la farsa montada en el norte.
La respuesta de las autoridades federales ante el clamor de Guerrero consistió en una simulación de proximidad institucional que rayó en el desdén. El anuncio del traslado de la titular de la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a la zona de conflicto fue desmentido por los propios habitantes en el terreno. La comitiva gubernamental jamás se internó en los perímetros controlados por las facciones delictivas que asedian a la población civil. Al ser cuestionada sobre esta dualidad de criterios, la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, optó por el silencio evasivo y la postergación mediática. La incapacidad para articular una respuesta congruente ante la petición de auxilio a Trump demuestra que el aparato partidista está programado únicamente para el aplauso monologante. El régimen se muestra implacable para perseguir judicialmente a sus adversarios políticos en Chihuahua, pero resulta paralítico para enfrentar a las estructuras criminales que descuartizan el tejido social de Guerrero.
La pinza de la estrategia de comunicación gubernamental se cierra con la necesidad de justificar la reciente entrega del general en retiro Gerardo Mérida Sánchez y el ex secretario de finanzas del gobierno de Sinaloa Enrique Díaz Vega al Departamento de Justicia estadounidense. Las extradiciones exprés de operadores financieros y líderes del narcotráfico solicitados por las cortes federales del país vecino habían generado un ambiente de cuestionamiento hacia la política exterior del Ejecutivo. Para neutralizar la percepción de sumisión ante las presiones de Washington, la Presidencia requería con urgencia un escenario de reafirmación soberanista. El trágico deceso de los presuntos oficiales de la CIA en un accidente vial en la Sierra Tarahumara ofreció la coyuntura política idónea. El oficialismo transformó un suceso que ameritaba una investigación técnico-forense y diplomática discreta en un mitin electoral de tintes patrioteros. Se pretendió lavar la entrega de capos en el sur con la persecución de fantasmas intervencionistas en el norte.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha jugado un papel de calculada reserva institucional a lo largo de este fin de semana de crisis simultáneas. Al desmarcarse de la marcha chihuahuense en sus conferencias matutinas, la mandataria intentó salvaguardar la investidura presidencial de las salpicaduras del fango partidista. Sin embargo, sus pronunciamientos colaterales emitidos durante su gira por el estado de Yucatán revelan una coincidencia de fondo con la estrategia de distracción. La retórica presidencial que advierte que *”la soberanía no se negocia”* busca blindar de manera anticipada los costados del gabinete de seguridad ante las inminentes revelaciones judiciales del caso Chihuahua. Mañana lunes, desde el púlpito de la conferencia mañanera, se consumará previsiblemente el posicionamiento formal del Estado mexicano. El Poder Ejecutivo cosechará los frutos del ruido generado por sus operadores partidistas, presentándose como el único garante de la legalidad constitucional frente a las conspiraciones locales y extranjeras.
La instrumentalización del concepto de soberanía nacional para fines exclusivamente electorales degrada las instituciones de la República y vulnera el pacto federal. No se puede clamar por el respeto a las fronteras exteriores cuando el propio Estado ha sido incapaz de mantener la paz interior dentro de sus demarcaciones municipales. La maniobra de enviar a la plana mayor de la burocracia del bienestar a operar un juicio de procedencia en Chihuahua es un ejercicio de pirotecnia jurídica que busca ocultar los sepulcros blanqueados de la seguridad pública nacional. El juicio político que verdaderamente debería preocupar a la clase gobernante es el que se sustancia todos los días en las comunidades abandonadas a su suerte. Mientras las madres nahuas de Chilapa sigan mirando al cielo esperando helicópteros extranjeros para salvar sus vidas, las marchas de Morena en el norte serán recordadas como el testimonio de un régimen que prefirió la propaganda sobre la justicia. Sin territorio controlado no hay soberanía posible, y sin vida garantizada la patria es solo una palabra que sirve para justificar el poder de unos cuantos.
!Oh patria patria pétrea putrea¡
¿Cuándo entenderás que si vinimos a Cempoala es porque no teníamos nada que hacer entre céfiros y trinos?
@gandhiantipatro
