Taxistas protestan ante la SCT y exigen retirar de circulación a plataformas no regularizadas
José Miguel Sacamontaño, de Taxistas Moviendo a San Luis Potosí, acusó que el conflicto lleva más de seis años y cuestionó la operación de Mi Taxi; permanecerán movilizados hasta ser atendidos por Araceli Martínez.
Integrantes del grupo Taxistas Moviendo a San Luis Potosí se manifestaron ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para exigir que las empresas de transporte por aplicación que no hayan concluido su regularización sean retiradas de circulación.
José Miguel Sacamontaño, integrante de la organización, afirmó que el gremio decidió retomar las movilizaciones después de haberlas suspendido ante el compromiso de las autoridades estatales de avanzar en la regulación de las plataformas.
El taxista recordó que recientemente la propia titular de la SCT, Araceli Martínez Acosta, informó que empresas que habían iniciado gestiones para regularizarse dejaron inconcluso el procedimiento. La funcionaria declaró en agosto que se les entregó documentación y se mantuvo abierta una ventanilla, pero dejaron de acudir para continuar el registro.
“Si estas personas no cuentan con un permiso, pues que las retiren de la circulación; y si a ellos como empresa les interesa seguir prestando este servicio, que lo hagan como lo marca la ley”, exigió Sacamontaño.
Asegura que conflicto lleva más de seis años
El representante sostuvo que el problema con los servicios por plataforma se arrastra desde hace más de seis años y acusó que durante ese tiempo han recibido distintas promesas de regularización.
Recordó que el Decreto 444, expedido originalmente para incorporar a las empresas de redes de transporte al marco regulatorio estatal, ha sido motivo de disputas legales y protestas del gremio desde años atrás. En 2019, el Congreso local documentó precisamente las inconformidades de taxistas con ese esquema regulatorio.
Sacamontaño sostuvo que las plataformas que no cuenten con autorización representan una competencia irregular para los concesionarios y aseguró que el trabajo de los taxistas tradicionales ha disminuido considerablemente.
Mencionó como ejemplos sitios como la Central Camionera, la Alameda Juan Sarabia y zonas comerciales, donde, dijo, algunos conductores enfrentan mayores dificultades para conseguir pasajeros.
Cuestiona también la plataforma Mi Taxi
El dirigente también expresó reservas sobre Mi Taxi, la aplicación impulsada por el Gobierno del Estado para conectar a usuarios con taxis concesionados.
Afirmó que el gremio al que pertenece no recibió información suficiente sobre quién administra la aplicación, su operación, posibles costos y el procedimiento mediante el cual fue desarrollada.
“Para nosotros no sirve. Yo la considero como un servicio de radiotaxi, nada más que con tecnología diferente”, sostuvo.
Sacamontaño estimó que solo entre 150 y 200 unidades se habían incorporado; sin embargo, esa cifra difiere de la reportada públicamente por la SCT, que en julio informó de alrededor de 2 mil 700 operadores integrados a la plataforma.
La aplicación oficial para conductores también se encuentra publicada por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí y señala que las unidades y operadores participantes deben estar registrados ante la autoridad y cumplir requisitos de identificación y verificación.
Permanecerán hasta ser atendidos por Araceli Martínez
Sacamontaño aseguró que los manifestantes permanecerán en el lugar hasta que la titular de la SCT dialogue directamente con ellos.
“Aquí estaremos hasta que la ciudadana secretaria se digne en venir a hablar con nosotros y platicar”, declaró.
También recordó acciones realizadas anteriormente contra conductores de plataformas y sostuvo que, desde la interpretación de su organización, quienes ofrecen el servicio sin autorización actúan fuera del marco legal.
No obstante, la determinación sobre posibles infracciones o delitos, así como cualquier aseguramiento de personas o unidades, corresponde a las autoridades competentes y no a particulares.
La SCT ha sostenido públicamente que las plataformas que no concluyeron su procedimiento de registro no cuentan con autorización estatal para prestar el servicio y que corresponde a sus cuerpos de inspección supervisar su operación.
