Gámez no pudo organizar una carrera, pero ya quiere correr a Galindo con juicio político

Al parecer, al presidente de la Directiva del Congreso del Estado, Luis Fernando Gámez Macías, se le olvidó tramitar a tiempo los permisos para una carrera atlética, pero lo que no se le olvidó fue organizar toda una conferencia de prensa para arremeter contra sus adversarios políticos. Porque cuando se trata de gestionar, las cosas pueden esperar; cuando se trata de hacer berrinche, la urgencia es inmediata.

Luego del bochornoso episodio de la carrera “Un Legado a la Nación”, suspendida porque el Congreso solicitó el operativo vial apenas dos días antes del evento, pese a que el reglamento exige 15 días de anticipación, el legislador parece haber encontrado una estrategia para cambiar de conversación: lanzar acusaciones contra el alcalde Enrique Galindo Ceballos.

El problema es que el tropiezo dejó a más de mil corredores sin competencia, preparativos desperdiciados y preguntas pendientes sobre los recursos invertidos en la organización, camisetas y demás materiales. Hasta ahora, resulta indispensable conocer cuánto dinero se ejerció y qué gastos podrán recuperarse.

Pero en lugar de explicar quién fue responsable de que una institución como el Congreso no realizara un trámite elemental, Gámez optó por subir el volumen de su confrontación política.

En su intervención ante los medios, el diputado anunció que solicitará auditorías, promoverá denuncias electorales e incluso buscará un juicio político contra Galindo, si se acreditan irregularidades relacionadas con presuntos pagos municipales por honorarios a Carlos Enrique Daúd Uresti, a quien identificó como dirigente panista.

Desde luego, cualquier posible irregularidad en el manejo de recursos públicos debe investigarse. Lo verdaderamente llamativo es la facilidad con la que el legislador exige toda la fuerza de las instituciones contra sus adversarios, mientras adopta una actitud considerablemente más comprensiva cuando las preguntas apuntan hacia su propio entorno político.

Y es que, cuando un periodista le cuestionó sobre su compañera Leticia Vázquez y la polémica relacionada con el proceso penal que enfrenta su hijo por la muerte de una joven en Cerritos, el ánimo inquisidor desapareció.

Gámez prefirió destacar el respeto, compañerismo y fraternidad de su colega y argumentó que no correspondía involucrarse en la vida privada de las personas, dejando las responsabilidades en manos de las autoridades.

Por supuesto, el proceso judicial corresponde al hijo de la legisladora y no implica automáticamente responsabilidad de ella. Lo que resulta cuestionable es el contraste entre la dureza de sus exigencias políticas y la cautela con la que aborda los asuntos que involucran a personas de su propio bloque.

Y cuando se le preguntó por señalamientos sobre un posible doble cargo público relacionado con funcionarios municipales de Cerritos y Villa de Ramos, el presidente del Congreso simplemente respondió que desconocía el asunto y que habría de estudiarlo.

Para unos, auditorías, denuncias, inhabilitaciones y juicio político; para otros, compañerismo, prudencia y tiempo para estudiar el caso.

La incongruencia resulta todavía más evidente cuando el propio Gámez dedicó buena parte de su intervención a recitar disposiciones legales y recordar que los recursos públicos deben administrarse con eficiencia y responsabilidad.

Curiosamente, al diputado le resultó más sencillo recordar el artículo 134 de la Constitución federal para señalar a sus adversarios que atender oportunamente el artículo 133 del Reglamento de Tránsito Municipal, indispensable para realizar su carrera.

A todo esto se suma el uso de la tribuna institucional y del tiempo de los medios de comunicación para una confrontación que, al menos durante la intervención, estuvo acompañada de anuncios de futuras acciones, pero no de resultados concretos de investigaciones sobre los hechos denunciados.

Mientras existen temas legislativos de mayor trascendencia, desde la fiscalización del gasto público hasta las necesidades de seguridad y salud, la presidencia del Congreso parece empeñada en protagonizar una competencia de declaraciones políticas.

Nadie cuestiona que un legislador denuncie posibles irregularidades. Lo que sí merece cuestionarse es que la exigencia de rendición de cuentas parezca cambiar dependiendo del partido político al que pertenezca el señalado.

Al final, Gámez quería organizar una carrera de 10 kilómetros, pero terminó tropezando con un trámite de 15 días. Ahora pretende ganar una carrera política a base de conferencias, amenazas de juicio político y una indignación que, curiosamente, sólo parece alcanzar a sus adversarios.

Y mientras continúa el berrinche, sigue pendiente una pregunta mucho más sencilla: ¿quién se hará responsable de la fallida organización de la carrera y de los recursos utilizados?