Marychuy exige salida de Giovanna Argüelles: acusa que la CEDH terminó denunciando a sus propias víctimas
María de Jesús Almendarez pidió al Congreso que la presidenta de la CEDH explique denuncias penales y medidas de restricción promovidas contra ella y Silvia Castillo; también acusa falta de atención y revictimización dentro del organismo.

Almendarez informó que desde el 11 de noviembre presentó escritos dirigidos a los diputados Marco Antonio Gama Basarte y María Leticia Vázquez Hernández para que sus cuestionamientos sean incluidos en la comparecencia prevista de Argüelles ante el Congreso.
Su exigencia fue directa:
“Giovanna se tiene que ir, sí o sí se tiene que ir, porque ya estamos cansados”.
La comparecencia de la presidenta de la CEDH ha sido planteada para el 23 de noviembre, luego de semanas de protestas, toma de instalaciones y reclamos provenientes de víctimas, colectivos y comunidades indígenas. El propio Congreso ha señalado que el ejercicio deberá servir para aclarar inconformidades sobre la atención brindada por el organismo.
“¿Por qué me denunció penalmente?”
Marychuy planteó tres cuestionamientos que quiere sean respondidos directamente por Argüelles.
El primero se relaciona con una denuncia penal que, según su versión, fue presentada por la presidenta de la CEDH en su contra por presunta discriminación.
Almendarez sostiene que la acusación es falsa y aseguró que se habría construido a partir de una versión según la cual ella habría agredido físicamente a Argüelles.
“Que diga la ombudsperson por qué me presentó una denuncia penal cuando fue fabricada la denuncia”, exigió.
Hasta el momento, este señalamiento corresponde a la versión de Almendarez y no existe una determinación judicial citada públicamente que permita concluir que la denuncia efectivamente haya sido fabricada.
Denuncia medidas que le impiden acercarse a la CEDH
El segundo cuestionamiento tiene que ver con las medidas de restricción impuestas contra ella.
Marychuy sostiene que las restricciones abarcan prácticamente a todo el organismo, pese a que la denuncia habría sido promovida por Argüelles en su carácter de presidenta.
No es la primera vez que Almendarez hace público este reclamo. Desde junio de 2025, ella y Silvia Castillo Hernández denunciaron que la CEDH había promovido medidas que les impedían acercarse a las instalaciones del propio organismo al que acudían como víctimas.
Para Almendarez, la situación plantea una contradicción:
“¿Dónde están nuestros derechos?”, cuestionó.
Acusa envío de contenido sexual por parte de una visitadora
El tercer punto que pretende llevar ante los diputados es particularmente delicado.
Marychuy aseguró que una primera visitadora de la CEDH le envió mediante mensajería un sticker con una imagen de contenido sexual, hecho que considera especialmente grave debido a que ella ha sido víctima de abuso y acoso sexual.
“Para mí eso es muy grave porque yo soy víctima de abuso y acoso sexual”, declaró.
Almendarez cuestionó que, según su versión, no haya existido una actuación suficiente por parte de la presidencia de la CEDH para investigar o sancionar el hecho.
Este señalamiento no ha podido ser corroborado de manera independiente y deberá formar parte, en su caso, de las respuestas que ofrezca el organismo.
Asegura que hay una segunda denuncia por privación de la libertad
Marychuy afirmó que tanto ella como Silvia Castillo enfrentan además otra denuncia relacionada con una presunta privación de la libertad ocurrida durante protestas en las instalaciones de la CEDH.
“Yo nunca privé de la libertad a nadie”, sostuvo.
Antecedentes públicos muestran que desde noviembre de 2024 ya existía una controversia por este tema: durante una protesta, personal del organismo acusó a las manifestantes de impedir la salida de un trabajador, mientras ellas rechazaron que se hubiera privado ilegalmente de la libertad a alguna persona.
Almendarez afirmó ahora que existen dos denuncias y medidas de restricción contra ambas víctimas.
“Tenemos derecho a escuchar la comparecencia”
Marychuy también rechazó que las medidas de seguridad previstas para la comparecencia puedan utilizarse para impedir la presencia de víctimas.
“Puede tomar medidas de seguridad, pero lo que no nos puede prohibir es escuchar, porque tenemos derecho a ser escuchadas y a escuchar la comparecencia”, afirmó.
El Congreso ha analizado reforzar la seguridad durante la comparecencia debido a las protestas que mantienen distintos colectivos, aunque los propios legisladores han señalado que debe garantizarse también el derecho a la manifestación.
Marychuy cuestionó que el ejercicio pudiera realizarse sin participación de las personas directamente inconformes con la actuación de la CEDH.
“¿Entonces va a ser una comparecencia oscurita, sin que las víctimas puedan levantar la voz?”, lanzó.
Acusa revictimización y anuncia queja contra Gallardo
Almendarez también anunció que buscará presentar una queja contra el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, al considerar que algunas de sus declaraciones sobre el conflicto en la CEDH la han revictimizado.
Aseguró que percibe una defensa política de Argüelles por parte del Ejecutivo, aunque se trata de una apreciación de la activista y no de un hecho acreditado.
“Hay que ir con el gobernador para informarle lo que está haciendo Giovanna con las víctimas”, señaló.
Marychuy insistió en que el centro del debate debe ser la protección de quienes acuden a las instituciones buscando respaldo.
“La prioridad son las víctimas”, afirmó.
Las críticas contra Argüelles siguen creciendo
El reclamo de Almendarez se suma a las demandas de colectivos y representantes indígenas que también han solicitado la remoción de Giovanna Argüelles.
Apenas el 14 de noviembre, consejeros e integrantes de pueblos indígenas volvieron a pedir al Congreso evaluar su salida al acusar rezago en expedientes y falta de atención. Las acusaciones corresponden a los promoventes y deberán ser contrastadas durante el proceso legislativo.
Marychuy mantiene desde hace varios años una confrontación pública con la CEDH y ha promovido incluso procedimientos de juicio político contra su presidenta. En agosto de 2025 presentó documentación adicional ante el Congreso y aseguró haber obtenido resoluciones de amparo relacionadas con su conflicto con el organismo.
Ahora busca que la comparecencia no se limite a revisar estadísticas o informes institucionales.
Su exigencia es que los diputados formulen preguntas concretas sobre algo que considera especialmente grave: cómo una persona que llegó a la CEDH como víctima terminó denunciada penalmente y con restricciones para acercarse al propio organismo encargado de proteger sus derechos.






