Diputado del Verde lleva pleito por puente de Galindo al Congreso y pide auditoría por posibles sobrecostos
Luis Fernando Gámez, legislador del mismo partido que el gobernador Ricardo Gallardo, pidió una revisión especial a la obra de Jacobo Payán y exigió abrir el expediente técnico; hasta ahora no existe un sobrecosto acreditado por una auditoría.
La confrontación por el costo del puente de Jacobo Payán Latuff escaló este martes hasta el Congreso del Estado, donde el diputado Luis Fernando Gámez Macías solicitó una auditoría especial a la obra y acusó al alcalde Enrique Galindo Ceballos de responder con “berrinches políticos” a los cuestionamientos sobre el proyecto.
El contexto político no es menor: Gámez pertenece al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la misma fuerza política del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien inició públicamente los señalamientos sobre un posible sobrecosto en la obra municipal. El propio Congreso identifica oficialmente al legislador como integrante de la bancada Verde.
Desde la tribuna, Gámez sostuvo que su planteamiento responde a sus atribuciones como presidente de la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización y no a una disputa política.
“Este no es un asunto personal ni un capricho político; es la obligación constitucional que tiene este Congreso de vigilar el dinero de las y los potosinos”, afirmó.
El legislador aseguró que existen elementos que justifican revisar los precios de la obra, aunque hasta el momento no existe una auditoría concluida que haya determinado un sobrecosto o desvío de recursos.
Del pleito Gallardo-Galindo a una revisión desde el Congreso
La solicitud llega después de varios días de confrontación entre Ricardo Gallardo y Enrique Galindo por los costos de las obras que cada administración construye en la zona metropolitana.
Gallardo cuestionó públicamente cuánto costará el paso superior de Jacobo Payán y pidió revisar sus números.
Galindo respondió mediante una transmisión en vivo en la que mostró documentación, rechazó que la obra alcance los montos señalados por el gobernador y sostuvo que el contrato definitivo es por aproximadamente 244.9 millones de pesos.
Ese monto puede comprobarse en la plataforma pública municipal: la licitación LO-EST-245800030-49-2026 reporta una adjudicación por 244 millones 930 mil 981 pesos.
Gámez respondió ahora desde el Congreso que la existencia de una licitación y de autorizaciones administrativas no significa que los precios estén exentos de fiscalización.
“Las declaraciones viscerales y los videos apresurados en redes no sustituyen de ninguna manera la transparencia”, sostuvo.
También acusó al alcalde de recurrir a “berrinches políticos” y pidió que la discusión pase de las declaraciones públicas a una revisión técnica de los costos.
Piden abrir precios unitarios y expediente completo
El diputado planteó tres exigencias concretas al Ayuntamiento capitalino.
Pidió publicar el expediente técnico completo, incluyendo catálogo de conceptos y precios unitarios; transparentar las propuestas económicas, el fallo y los beneficiarios finales del contrato; y explicar documentalmente cómo fue calculado el costo de cada componente.
Parte de la información sobre la licitación ya se encuentra disponible públicamente en el portal del Ayuntamiento, incluyendo documentos del procedimiento y el monto adjudicado.
El punto que Gámez plantea revisar ahora es si los precios unitarios y cantidades pagadas corresponden con los trabajos, materiales y condiciones de mercado.
El legislador aseguró que ya se solicitó formalmente una auditoría especial para revisar la obra.
La fiscalización ocurre en un Congreso dominado por fuerzas cercanas al Ejecutivo
La intervención de Gámez se produce además en un Congreso donde el PVEM tiene la bancada más numerosa, acompañado en distintas votaciones por fuerzas que han coincidido legislativamente con el Ejecutivo estatal.
Un ejemplo reciente fue la elección de Benjamín Pérez Álvarez como nuevo fiscal anticorrupción.
Pérez Álvarez llegó a la elección desde una terna enviada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y el resultado oficial del Congreso fue de 18 votos a favor y tres nulos.
Durante el conteo realizado en el pleno, sin embargo, se registraron inicialmente 17 votos favorables y cuatro nulos, antes de que el resultado oficial cambiara a 18 y tres.
De acuerdo con la cobertura de la sesión, los votos válidos para Pérez Álvarez provinieron principalmente de la mayoría del PVEM y PT, además de respaldos del PRI, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza; tres legisladores panistas y el coordinador de Morena habrían anulado sus sufragios.
Además, cinco diputados de Morena no participaron en aquella votación, lo que redujo de 18 a 14 el número de votos necesarios para alcanzar la mayoría calificada.
La Fiscalía Anticorrupción no es la instancia encargada de realizar la auditoría al puente Jacobo Payán, pero el antecedente resulta relevante para dimensionar el contexto político en el que ahora el Congreso impulsa una revisión a una obra del Ayuntamiento encabezado por Galindo.
Auditoría deberá definir si realmente existe sobrecosto
Más allá de la confrontación entre bloques políticos, la revisión tendrá que resolver una pregunta concreta: si los 244.9 millones de pesos contratados corresponden técnicamente con el alcance y los precios de la obra.
Galindo sostiene que el proyecto incluye, además del puente, infraestructura hidráulica, alumbrado, estructura metálica y otras soluciones viales.
Gámez considera que precisamente esos conceptos deben revisarse individualmente y contrastarse con precios de mercado.
Por ahora, hablar de un “sobrecosto” continúa siendo un señalamiento político sujeto a comprobación, no una irregularidad acreditada.
Así, el pleito iniciado entre Gallardo y Galindo entra en una nueva fase: el gobernador cuestionó los números, el alcalde respondió con documentos y ahora un diputado del partido del gobernador busca que los órganos fiscalizadores revisen formalmente las cuentas.
