Jueza se excusa de impugnación de ejidatarios que defienden La Sierra de San Miguelito
Laura Coria Martínez, Juez Octava de Distrito, publicó un acuerdo con el que se excusó para conocer el juicio promovido por las autoridades del Ejido Guadalupe Victoria y su anexo «La Cruz», diciendo que “las manifestaciones de la parte quejosa en el escrito de cuenta han derivado en que, en ánimo de la suscrita, surja una enemistad manifiesta hacia la proveniente del amparo, lo que produce animadversión en mi ánimo y objetividad, con lo cual se estima que existe causa justificada a fin de declararme impedida para continuar conociendo de este juicio”. Todo esto después de evadir los trámites de 4 incidentes de violación a una suspensión de amparo por parte del cabildo de la capital, y eso que la juez consideraba que no procedían por tratarse de sesiones preparatorias, contradiciendo la Ley de Amparo.
El comisariado del Ejido, Antonio Tovar Escandón, aseguró que en un principio la juez se negaba a admitirlos, a pesar de que desde octubre del año pasado se les concedió la suspensión de amparo para que el Ayuntamiento dejara de invadir las 127 hectáreas de este Ejido; además, pidieron medidas que les ayudara a detener el hostigamiento por parte de Xavier Nava Palacios y del Instituto Municipal de Planeación. De igual manera indicó que —debido a las circunstancias— intentaron presentar una ampliación de amparo, pero tras tantas trabas optaron por presentar una denuncia ante el Consejo de la Judicatura el 19 de febrero de este año.
Puede que le hayan informado a Coria Martínez sobre esta denuncia en su contra, pues emitió su acuerdo exactamente una semana después de que fue presentada (el 26 de febrero) y remitió el expediente del juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito.
Tovar Escandón considera que el actuar de esta juez prueba que existen operaciones entre los despachos que apoyan al Ayuntamiento en diversos frentes, como este juicio de amparo y algunos otros con relación a la aprobación de programas de desarrollo urbano.
