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Crisis estalla en el PT de SLP: militantes toman sede y exigen salida de Gerardo Acosta

Militantes de al menos 17 municipios tomaron las oficinas estatales y acusan decisiones unilaterales, exclusión de las bases y desconocimiento de estructuras municipales; el conflicto se suma al rompimiento entre el dirigente y los cuatro diputados locales del partido rumbo a 2027.

a crisis interna del Partido del Trabajo (PT) en San Luis Potosí escaló con la toma de sus instalaciones estatales por parte de militantes que exigen la destitución de Gerardo Acosta Zavala, comisionado político nacional del instituto en la entidad.

La protesta ocurrió el martes 17 de noviembre en las oficinas ubicadas sobre Julián de los Reyes, en el Centro Histórico de la capital, donde los inconformes colocaron pancartas, cerraron el acceso y anunciaron que mantendrían la movilización hasta obtener una respuesta de la dirigencia nacional encabezada por Alberto Anaya Gutiérrez.

Las consignas exhibidas reclamaron transparencia, rendición de cuentas, representación de las bases y el fin de lo que los manifestantes consideran decisiones impuestas desde la dirigencia estatal.

Pero la protesta no surgió de un conflicto reciente.

Las diferencias alrededor de Acosta Zavala se arrastran desde hace varios meses y combinan disputas por el control interno del partido, acusaciones de exclusión, procedimientos partidistas y una creciente confrontación sobre el camino que deberá seguir el PT rumbo a las elecciones de 2027.

Militantes de 17 municipios se dicen desplazados

Guadalupe Vivas Noyola, una de las militantes que encabeza la inconformidad, aseguró que el conflicto involucra a integrantes del partido de al menos 17 municipios de las cuatro regiones del estado.

Según su versión, militantes recibieron nombramientos como coordinadores municipales que posteriormente fueron desconocidos.

“Les dieron nombramientos como coordinaciones municipales y, al final, los desconocieron”, declaró durante la toma.

Los manifestantes sostienen además que las principales decisiones políticas se están adoptando sin consultar suficientemente a las estructuras territoriales.

Parte del reclamo apunta directamente a las declaraciones de Acosta Zavala sobre la estrategia electoral de 2027, incluida su postura favorable a que el PT compita sin coaliciones y las menciones al exsenador Primo Dothé Mata como uno de los perfiles que podrían participar por la gubernatura.

Los inconformes consideran que esas definiciones no han sido construidas con las bases.

El conflicto viene desde junio

Las exigencias para remover a Acosta Zavala comenzaron a hacerse públicas desde junio.

Vivas Noyola solicitó entonces su destitución y lo acusó de presunta violencia política en razón de género, exclusión de integrantes del partido y falta de transparencia.

La militante informó que había presentado recursos ante instancias partidistas y electorales. Es importante precisar que estas acusaciones corresponden a sus señalamientos y no equivalen por sí mismas a una resolución que acredite responsabilidad de Acosta Zavala.

El conflicto llegó incluso al Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP).

En julio, el Tribunal reencauzó a los órganos internos del PT una impugnación presentada por Vivas relacionada con la negativa a recibir su registro dentro de un proceso partidista. Posteriormente, en septiembre, otro recurso fue desechado por haberse presentado fuera del plazo establecido.

Es decir, los procedimientos electorales revisados no acreditaron por sí mismos las acusaciones generales formuladas contra el comisionado, pero sí documentan que el enfrentamiento interno llegó a instancias jurisdiccionales.

Los cuatro diputados del PT también rompieron con Acosta

La crisis adquirió otra dimensión a finales de septiembre.

Los cuatro integrantes del grupo parlamentario del PT en el Congreso —María Leticia Vázquez Hernández, Jacquelinn Jáuregui Mendoza, María Antonia Castro Castañeda y Tomás Zavala González— desconocieron políticamente a Gerardo Acosta y anunciaron que llevarían el conflicto ante el dirigente nacional Alberto Anaya.

El rompimiento ocurrió después de que Acosta cuestionara la cercanía de los legisladores petistas con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Los diputados defendieron entonces su coordinación con las fuerzas de la Cuarta Transformación y acusaron al comisionado de generar división dentro del partido.

Este punto resulta especialmente relevante rumbo a 2027.

Mientras Acosta ha planteado la necesidad de fortalecer una identidad propia del PT e incluso competir sin alianzas, los legisladores locales defienden la coordinación política que mantienen con Morena y el Verde.

La disputa, por tanto, ya no se limita a cuestiones administrativas: también enfrenta dos visiones sobre el futuro electoral del partido.

Piden intervención de Alberto Anaya

Los manifestantes entregaron un pliego dirigido a las instancias nacionales del PT en el que solicitan la remoción del comisionado y la revisión de las decisiones relacionadas con la estructura territorial.

Vivas señaló que, si se concreta la salida de Acosta, deberá instalarse una mesa de trabajo que permita definir una nueva conducción estatal con participación de las bases.

Los inconformes habían advertido que no liberarían las oficinas hasta obtener una respuesta favorable de la dirigencia nacional.

Sin embargo, al corte de este 18 de noviembre, las publicaciones consultadas no reportan todavía una resolución de Alberto Anaya o de la dirección nacional del PT sobre la exigencia.

Tampoco se ha localizado una respuesta pública posterior de Gerardo Acosta Zavala específicamente sobre la toma de las instalaciones.

¿Quién controla ahora el PT rumbo a 2027?

Más allá de la ocupación física de las oficinas, el conflicto evidencia una disputa política de mayor alcance.

Por un lado se encuentra la representación encabezada por Acosta Zavala, quien ha defendido públicamente su permanencia y una ruta electoral con mayor independencia.

Del otro aparecen militantes municipales y la totalidad de la bancada local, que han cuestionado su conducción y solicitado la intervención del Comité Nacional.

La disputa ocurre precisamente cuando el proceso electoral 2026-2027 ya comenzó formalmente en San Luis Potosí.

Por eso, el problema para el PT no se reduce a determinar quién abre o cierra las puertas de su sede estatal.

La verdadera definición será quién controlará las estructuras municipales, quién negociará las eventuales alianzas y quién tendrá influencia sobre las candidaturas que el partido presentará en 2027.

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