SCT abre la puerta a nuevos empresarios del transporte urbano mientras rutas enfrentan riesgo de desaparecer
La negativa a comprometer nuevos subsidios para los actuales concesionarios y la posibilidad de entregar concesiones a otros inversionistas levantan suspicacias sobre el futuro del transporte público. La dependencia ya contemplaba ampliar las concesiones desde septiembre.
En medio de la crisis que enfrenta el transporte urbano en San Luis Potosí, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ha puesto sobre la mesa una alternativa que comienza a generar suspicacias: permitir el ingreso de nuevos empresarios al negocio de los camiones urbanos, mientras los actuales concesionarios advierten que podrían reducir unidades e incluso dejar de operar algunas rutas por falta de recursos.
La titular de la dependencia, Araceli Martínez Acosta, dejó entrever que, en lugar de destinar nuevos subsidios para garantizar la continuidad del servicio convencional, el Gobierno estatal contempla la posibilidad de otorgar más concesiones a particulares que acrediten tener capacidad económica para operar.
“Si ellos se declaran insolventes, nosotros un área de oportunidad que tenemos es justamente que tendremos este año los estudios que nos puedan informar si se requiere otorgar más concesiones de transporte público en esta modalidad”, declaró.
La postura abre un nuevo frente de cuestionamientos hacia la SCT, pues mientras los actuales operadores advierten sobre la posibilidad de disminuir la cantidad de camiones disponibles, la autoridad plantea incorporar a otros empresarios sin precisar, en estas declaraciones, bajo qué condiciones participarían, qué ocurriría con las concesiones existentes o cómo se garantizaría que no se afecte a los usuarios durante una eventual transición.
Nuevas concesiones ya estaban en los planes de la SCT
Un elemento que alimenta las interrogantes es que la posibilidad de entregar nuevas concesiones no surgió a raíz de la reciente solicitud de apoyo económico de los transportistas.
Desde septiembre, Martínez Acosta había anunciado que la dependencia trabajaba en estudios sobre las necesidades del transporte público, realizados por un organismo especializado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
En aquel momento, la funcionaria incluso anticipó que las primeras convocatorias para otorgar nuevas concesiones, permisos y autorizaciones podrían comenzar a publicarse en noviembre, dependiendo de los resultados de los estudios.
Es decir, la eventual incorporación de nuevos participantes al transporte público ya se encontraba en los planes de la dependencia antes de que se hicieran públicas las recientes advertencias sobre la posible desaparición de rutas urbanas.
Aunque esta circunstancia no demuestra irregularidades, sí plantea interrogantes sobre el alcance del proyecto de la SCT y sobre quiénes podrían resultar beneficiados con una eventual reorganización del servicio concesionado.
Cinco rutas podrían desaparecer mientras la SCT apuesta por MetroRed
El conflicto ocurre cuando al menos cinco rutas convencionales enfrentan dificultades económicas que podrían obligarlas a reducir sus operaciones.
De acuerdo con Margarito Terán López, representante de los transportistas, las rutas 15, 20, 22, 53 y 54 se encuentran entre las más afectadas por la disminución de pasajeros y el incremento de sus costos operativos.
El dirigente advirtió que algunas podrían desaparecer gradualmente si no se encuentra una solución económica.
Mientras tanto, la SCT ha defendido la inversión estatal en MetroRed como su principal alternativa para ofrecer transporte público, sin comprometer nuevos recursos destinados al rescate financiero de los actuales concesionarios del servicio convencional.
Esta diferencia de trato también abre preguntas sobre la política de movilidad del Gobierno estatal, particularmente en las colonias y sectores que dependen de las rutas tradicionales y que no cuentan con una alternativa equivalente de MetroRed.
¿Solución a la crisis o cambio de empresarios?
El anuncio de Martínez Acosta coloca sobre la mesa una discusión que va más allá de las dificultades económicas de los actuales concesionarios.
Si la intención es incorporar nuevos inversionistas, la SCT deberá explicar cuáles serán los criterios para otorgar concesiones, cómo se garantizará la transparencia del proceso y qué mecanismos impedirán que una eventual reorganización termine favoreciendo intereses particulares.
También permanece sin respuesta qué ocurriría con los recorridos considerados poco rentables, pues la llegada de empresarios con mayores recursos no garantiza por sí sola que estén dispuestos a operar rutas con baja demanda.
Por ahora, no existe una decisión definitiva sobre el otorgamiento de nuevas concesiones ni se han identificado públicamente empresarios beneficiarios de este eventual proceso.
Sin embargo, la postura de la dependencia deja un escenario preocupante: mientras los concesionarios actuales advierten que podrían retirar camiones de circulación, la SCT habla de abrir las puertas a otros inversionistas, sin presentar todavía una solución concreta para evitar que los usuarios terminen pagando las consecuencias de esta disputa.
