La Soga al Cuello: Juego de Tronos

En la apacible comarca potosina, la ciudadanía ha descubierto con asombro que la falta de agua en las tuberías y el pavimento destrozado en las avenidas no obedecen a fallas geológicas ni a la escasez del presupuesto público, sino al altruismo de nuestra refinada clase política. A los simples tributarios debería importarnos un bledo si dos feudos irreconciliables han decidido convertir el ejercicio del poder público en un tablero de vencidas particulares para medir el grosor de sus respectivas ambiciones. No obstante, resulta fascinante observar cómo la liturgia institucional de un estado se somete complaciente al libre arbitrio de la contienda política adelantada. Mientras en las cúpulas del Palacio de Gobierno y la Unidad Administrativa Municipal se lanzan estocadas retóricas en favor del bien común, en las calles el servicio público es degradado al humilde rol de ficha de cambio para la sucesión de 2027. Poco o nada le quita el sueño a la población la supervivencia de una dinastía familiar o la frustración de un opositor de alcurnia, en tanto que la parálisis administrativa siga cobrando su tarifa diaria en la calidad de vida comunitaria.

El mecanismo de desgaste administrativo es depurado con una elegancia técnica digna de encomio. Lo que en el marco del derecho administrativo se concibió como el control previo de legalidad a cargo de la Contraloría General del Estado -destinado formalmente a velar por los principios de transparencia y economía en las licitaciones públicas- se ha metamorfoseado en una traba procedimental sistemática. Proyectos ejecutivos de obra vial por montos millonarios y convocatorias de infraestructura municipal permanecen sepultados en carpetas durante meses, a la espera de un visto bueno presupuestal que parece depender más del termómetro electoral que de la idoneidad técnica de los planos. Si una arteria vial de la capital se convierte en un muladar intransitable, el ciudadano incauto culpa torpemente al edil, ignorando que el trámite yace congelado en el escritorio de un auditor estatal con órdenes explícitas de retrasar cualquier éxito ajeno. Es reconfortante saber que la normativa de fiscalización no sirve para prevenir la corrupción, sino para garantizar que ninguna obra pública municipal desmarque mediáticamente al presidente municipal frente a la benevolencia del gobernador.

Al mismo tiempo, la tragedia hídrica de la Zona Metropolitana ostenta pinceladas de opereta. El Organismo Intermunicipal de Agua Potable (Interapas) agoniza bajo la mirada complaciente del aparato estatal, víctima de una quiebra financiera inducida mediante la absolución implícita del pago de derechos en el municipio vecino de Soledad de Graciano Sánchez. Años de adoctrinamiento populista en la cultura del impago han acostumbrado a miles de usuarios a concebir el agua como una prebenda electoral y no como un servicio regulado con tarifas de explotación. Si el suministro falla por colapsos en la infraestructura, la solución gubernamental no es la inyección de capital técnico en la red de pozos, sino el despliegue escénico de camiones cisterna con logos oficiales rotulados con letras gigantescas. El desabasto hídrico es la calamidad perfecta, se provoca por omisión administrativa en las redes subterráneas para luego corregirse con ostentosa generosidad repartiendo litros en la puerta del hogar.

Por supuesto, la flota de pipas no es un mero contingente de socorro, sino la vanguardia rodante de una campaña electoral fuera de temporada. La senadora del Partido Verde y consorte gubernamental desfila entre la sequía como una alma piadosa que rescata a las masas sedientas del abandono imputable al Ayuntamiento prianista.

Poco importa que la Constitución Federal impone a los municipios la prestación del servicio hídrico, cuando el líquido se entrega en la mano y en bidones de plástico, el monopolio de la gratitud popular pertenece a la marca estatal. Mientras las tuberías capitalinas recogen únicamente polvo y aire, la repartición asistencial del recurso natural consolida la candidatura sucesoria bajo el manto desinteresado del altruismo institucional. La sed de los potosinos no es un dilema de ingeniería hidráulica ni de soberanía de acuíferos, sino el fertilizante presupuestal con el que se riega una precandidatura de herencia familiar. La pretensión dinástica del “gallardismo”, dispuesta a transmitir la titularidad del Poder Ejecutivo Estatal como si se tratara de un bien patrimonial o un feudo familiar, tropieza teóricamente con la retórica moralista de la Presidencia de la República. La máxima magistratura del país ha proclamado en foros públicos su rechazo tajante al nepotismo y a la herencia directa de los cargos de elección popular. Sin embargo, en el cálculo pragmático del oficialismo federal, los votos de la bancada del Partido Verde en el Congreso de la Unión valen sustancialmente más que cualquier pudor conceptual sobre la consanguinidad política. De este modo, la capital se convierte en la trinchera donde un alcalde opositor enarbola el pendón de la resistencia para erigirse en el contrapeso natural rumbo a 2027. Es conmovedor presenciar cómo la ciudadanía es invitada a tomar bando entre la continuidad del clan consanguíneo o el rescate de la moralidad pública a manos de la oposición tradicional.

Por su parte, el alcalde capitalino despliega su propio libreto de victimización burocrática al denunciar que la Contraloría del Estado mantiene secuestrados cientos de millones de pesos en licitaciones públicas de pavimentación y conectividad. En su narrativa periodística de tono doliente, los baches que despedazan los vehículos en la periferia son monumentos a la intolerancia del Gobernador y no a la parálisis organizativa de sus propias direcciones operativas. Esta triangulación del reproche le permite justificar la ineficacia edilicia bajo el cobijo de la persecución política, proyectándose ante las clases medias urbanas como el último reducto de la legalidad institucional agredido por la aplanadora Verde. Poco le preocupa al automovilista que la llanta rotada sea la baja colateral de una estrategia para forzar la rendición del Ayuntamiento o el trofeo de guerra de un Palacio enfadado.

En medio de este fuego cruzado de comunicados oficiales, litigios administrativos y conferencias de prensa matutinas, la ciudadanía potosina ocupa el lugar del espectador involuntario que paga la entrada al espectáculo sin haberlo solicitado. La degradación sistemática de los servicios básicos no es un fallo fortuito del sistema, sino la consecuencia lógica de someter el presupuesto público a la rentabilidad de las encuestas electorales. Tanto el Gobernador empeñado en construir un legado hereditario como el Alcalde obsesionado con escalar al Palacio de Gobierno entienden la gestión pública como una extensión de su estrategia de campaña permanente. Debería resultar insustancial para el gobernado cuál de los dos cacicazgos prevalezca en la contienda, si el costo de la ambición se salda invariablemente con la parálisis del desarrollo metropolitano.

El ejercicio del periodismo crítico ante este escenario no puede consistir en amplificar el intercambio de acusaciones entre la Unidad Administrativa Municipal y el Gobierno del Estado. Corresponde auditar con rigor la opacidad procedimental en la fiscalización de las obras, transparentar las cifras reales de la cartera vencida en el abasto de agua y denunciar el uso de los recursos sociales como instrumentos de presión política. La verdadera urgencia informativa radica en desarmar el discurso de la beneficencia para evidenciar la calculada asfixia institucional que condena a la capital potosina a la parálisis. Mientras la ciudadanía siga consumiendo el pleito partidista como un mero entretenimiento mediático, los contendientes continuarán apostando los bienes públicos en su partida privada de ajedrez.

P.D. Para aderezar este sainete institucional, la realidad se ha encargado de propinar al Palacio de Gobierno un revés de reflectores en el momento menos oportuno. El reciente secuestro de Miguel Ángel Almaraz Maldonado, alcalde panista del municipio fronterizo de Río Bravo, Tamaulipas, en un aparente viaje de descanso rumbo al pueblo mágico de Real de Catorce, vino a rasgar de golpe la narrativa de paz social en el Altiplano. El incidente provocó una pronta -y visible- reacción de las fuerzas federales, haciendo desplegar a los cuerpos de élite de la Secretaría de Marina y activando los protocolos directos del secretario Omar García Harfuch para contener la crisis mediática en la zona limítrofe entre Zacatecas y San Luis Potosí. El oficialismo estatal pretenderá endosarle el costo político a la administración municipal panista de Matehuala para lavarse las manos sobre el control territorial, pero la maniobra convence a pocos. En las carreteras que conectan a la región norte del estado prevalece un tácito estatuto de excepción impuesto por la delincuencia organizada, donde la ciudadanía, los poderes fácticos y las autoridades de los tres órdenes de gobierno han aprendido a coexistir en una tensa pax narca. La nota adquiere tintes de una tragicomedia al puro estilo del “México mágico” cuando se repasa el historial del protagonista. La víctima de esta privación ilegal de la libertad es un antiguo militante del PRD que encarna a la perfección la capacidad de reinvención de la clase política nacional. Hace cerca de dos décadas, el edil fue arrestado y procesado penalmente bajo severas imputaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero vinculadas a la época dorada del infame cartel de los “zetas” por el robo masivo de hidrocarburos a Pemex. No obstante, tras purgar su condena en penales de máxima seguridad, obtener su libertad, abrazar la fe religiosa y ser absuelto procesalmente para restituir sus derechos políticos de votar y ser votado, logró reciclarse exitosamente bajo las siglas de Acción Nacional hasta alcanzar la alcaldía. No deja de ser una amarga paradoja que un personaje con semejante trayectoria institucional termine presa del mismo entorno de violencia impune que asfixia a los ciudadanos comunes en sus traslados de fin de semana. Es profundamente poético que en la comarca potosina los mismos actores que algún día transitaron por las cañerías del crimen organizado hoy descubran, en carne propia y de vacaciones, que las garantías individuales son una simple ficción del texto constitucional. Casi al caer la tarde apareció Miguel Almaraz después de movilizarse todo el estado mexicano en su búsqueda, ojalá fuera así cada que a un desconocido le toca el infortunio de toparse con la realidad del verdadero México.

@gandhiantipatro