Júntase el baladrón con la imprudente
Casquivana, que el seso tiene al viento
Y el camandulero, con falso acento
Les reza el rosario con faz de inocente
De tal trinidad, que el vicio gobierna
Ningún buen suceso espere la gente
Que donde el engaño y la queja es frecuente
Se fragua una estafa y se acaba la taberna, inevitablemente.
Dicen los clásicos de la ortodoxia partidista que la política mexicana no es una ciencia, sino una liturgia de rigurosa coreografía donde los silencios gritan y las ausencias entierran. Quienes fueron testigos del frenesí del World Trade Center en la Ciudad de México habrán creído, con la candidez propia de los neófitos, que asistían a una genuina fiesta democrática. Batucadas de consigna, cargadas con aroma a presupuesto público, selfie’s de rigor para alimentar el algoritmo de la obediencia y una marea humana disputándose las 17 coordinaciones estatales de la llamada Cuarta Transformación. Un embudo centralizado diseñado con un propósito estético impecable, simular que el pueblo todo decide, mientras el verdadero filtro -el de la depuración burocrática- afila las tijeras en la penumbra. Sin embargo, para quienes se dedican al oficio de comprender el lenguaje cifrado del poder, la verdadera nota no estuvo en la kilométrica lista de los casi trescientos inscritos nacionales, sino en el manual de moralidad política que, con dedicatoria milimétrica, se dictó desde el púlpito principal de la República. La presidenta de México, haciendo gala de esa frialdad institucional que tanto confunde a los cacicazgos provinciales, ha repetido por enésima ocasión una verdad que, en teoría, debería ser de sentido común pero que en la praxis local se lee como un agravio, los cargos públicos no se heredan, las dinastías familiares son un exceso y las prácticas cuasi monárquicas son inmorales.
En San Luis Potosí, ese discurso no causó eco, causó un sismo de magnitudes catastróficas en el edificio del oficialismo local. No hace falta ser un zahorí para entender el destinatario del mensaje presidencial. La línea roja pintada por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, con el brazo ejecutor de Citlalli Hernández en la Mesa de Negociación, cayó como guillotina sobre las aspiraciones de la senadora Ruth González Silva. Para el gobernador del estado y líder supremo de la gallardía, Ricardo Gallardo Cardona, la advertencia del centro representa una encrucijada existencial. El modelo de construcción de poder de su grupo político es eminentemente patrimonial y de control territorial directo, un esquema de feudos donde la confianza absoluta habita exclusivamente dentro del árbol genealógico. Si los dos activos políticos mejor posicionados de su franquicia son su esposa y su padre, el veto al nepotismo no es una regla de urbanidad política, es un intento de desmantelamiento programado. Es en este punto donde la comedia local se torna deliciosamente indiscreta. Días antes de que el WTC abriera sus puertas al carrusel de las vanidades, la dirigencia estatal de Morena ofreció una accidentada conferencia de prensa que pasará a la historia regional de las pifias comunicacionales.
Rita Ozalia Rodríguez, en una atropellada entrevista de banqueta, pretendió jugar a la alta diplomacia y terminó desnudando la trastienda de los acuerdos cupulares. Con una candidez que raya en el cinismo, sugirió que la alianza total con el Partido Verde y el Partido del Trabajo seguía viva bajo una condición explícita, que los del tucán desistieran en su empeño de imponer a la senadora González Silva. Y para rematar el despropósito, soltó la confesión que dejó mudos a sus propios correligionarios, de cumplirse ese requisito, los verdes “llevarían mano” en la designación de la candidatura dado su “peso específico” en el estado. A confesión de parte, relevo de pruebas. Las palabras de Rita Ozalia no es una pifia menor, fueron el reconocimiento pleno y llano de que Morena en San Luis Potosí carece de un candidato de peso propio, con las canicas suficientes para sostener un pulso electoral autónomo frente a la maquinaria del Ejecutivo local. La negociación que Citlalli Hernández había delineado en los primeros acercamientos era un trato de puro pragmatismo, “Bajen a los familiares y nos vamos con una propuesta del Verde a la cabeza”. Un esquema donde Morena ponía las siglas de la presidenta y el Verde ponía el dinero y el candidato. Parecía un negocio redondo para la supervivencia de la coalición, pero el diseño central chocó con el muro del orgullo y la paranoia que habita en las oficinas de jardín Hidalgo número 11.
Porque la historia, esa vieja maestra de las traiciones, nos ha enseñado que en política “caras vemos, corazones no sabemos”. El gobernador Gallardo sabe que delegar la sucesión fuera de su sangre es firmar un cheque en blanco a la amnesia. Las lealtades de los secretarios de gabinete, de los diputados serviles y de los operadores de confianza duran exactamente el tiempo que le queda de vida al sexenio. Entregar la franquicia del estado a un tercero, por muy verde que se pinte, es arriesgarse a la vulnerabilidad absoluta el día después de entregar la banda. El poder es cabrón, reza el dicho, pero lo es más en manos de aquellos a quienes no les costó el esfuerzo histórico de las bases ganarlo, sino la audaz administración de la coyuntura. De ahí que la supuesta “prudencia” del Verde de no registrar a la senadora en esta primera oleada huela más a una tregua armada para ganar tiempo y medir el agua a los camotes, que a una rendición frente a los dictados morales de la capital.
Pero si el centro y el estado creían que el tablero potosino se resolvería en un pacífico pacto de caballeros, olvidaron incluir en la ecuación a los viejos zorros de la izquierda corporativa nacional. El accidentado registro del empresario huasteco Gerardo Sánchez Sumaya desnudó por completo las tripas de la coalición y reventó el preacuerdo implícito que se cocinaba bajo la mesa. Trascendidos de altísimo nivel confirman que el aparato digital de Morena recibió la orden expresa de cerrarle la puerta al huasteco en el registro previo. La consigna era clara, retirarle el oxígeno a Sánchez Sumaya para cumplirle el favor al gobernador y mantener la fiesta en paz. Lo que nadie presupuestó fue la audacia de Alberto Anaya y el pragmatismo utilitario del Partido del Trabajo.
Sánchez Sumaya, cercado por el boicot guinda, acudió al cobijo de Gerardo Zavala Sánchez, delegado nacional con funciones de presidente del PT en el estado. En un movimiento de pura supervivencia que escaló hasta las dirigencias nacionales, Anaya metió la cuña y obligó a la cúpula de Morena a tragarse el sapo de aceptar el registro del empresario huasteco bajo las siglas de la coalición. El lenguaje no verbal del día del evento fue una delicia para los cronistas de la simulación: furiosas con la intromisión petista, ni Ariadna Montiel, ni Citlalli Hernández aparecieron en el presídium para la foto oficial. Le hicieron el vacío físico para dejar en claro que Sánchez Sumaya entró por la ventana del PT y no por la puerta grande del obradorismo. Pero al huasteco, la parafernalia del circo le importó poco, lo que haya costado el aval de Don Alberto, se pagó con gusto, ya está dentro de la encuesta.
El personaje en cuestión, sin embargo, es un cóctel de alto riesgo para cualquier estratega. Desconocido para las clases medias de la capital potosina, pero célebre en las tertulias de la Huasteca, Sánchez Sumaya arrastra dos características esenciales: una riqueza que para algunos resulta sospechosa dada su súbita expansión en tierras tabasqueñas bajo el amparo de la pasada administración, y un temperamento volcánico de mecha corta. El paisanaje en Tanquián de Escobedo lo vincula estrechamente con los hermanos Xavier y David Azuara Zúñiga -antiguos dueños de las devaluadas acciones del panismo local-, con quienes comparte fiestas ostentosas y un pacto de origen que trasciende ideologías.
Sánchez Sumaya saltó a la fama digital no por un debate parlamentario o una propuesta social, sino por un video de Facebook donde, poseído por la furia, denostó al gobernador y a su secretario de Gobierno tras la detención de los escoltas armados de su madre. Aunque los papeles demostraron la legalidad de los servicios de custodia, el huasteco exhibió su radiografía psicológica ante sus enemigos. En el ajedrez del poder, ser predecible y visceral es un pecado mortal. Sus adversarios políticos ya lo midieron y saben qué botones apretar para sacarlo de sus casillas.
Y mientras la Huasteca ruge, en el Congreso del Estado las consecuencias de la legislación hecha sobre las rodillas comienzan a cobrar facturas. No deja de ser una ironía maquiavélica que la franquicia del Partido del Trabajo en San Luis Potosí, que hoy cobija al disidente Sánchez Sumaya, estuviera hace apenas un año bajo el control absoluto de Héctor Serrano Cortés, actual coordinador de los diputados gallardistas. Serrano, un experto de la vieja escuela de la operación capitalina, le entregó el partido a Gerardo Zavala en condiciones paupérrimas, un cascarón saqueado con una deuda que supera los 20 millones de pesos y con los órganos de dirección infiltrados por militantes de dudosa lealtad, diseñados específicamente para reventar al instituto desde dentro. Pero el verdadero legado de Serrano no es el boquete financiero del PT, sino el incendio legislativo que provocó con la aprobación de la polémica modificación al código penal para sancionar el uso de la Inteligencia Artificial. Concebida originalmente para proteger la dignidad humana contra la manipulación digital, la llamada “Ley Serrano” carece del principio elemental de taxatividad. Al dejar conceptos tan ambiguos como “denigrar” o “sembrar el pánico” a la libre interpretación, la ley se convirtió en un garrote político de uso discrecional.
Serrano subestimó la resistencia y la “guerra de guerrillas” de la prensa guachichil, que de inmediato detectó el tufo autoritario de la reforma y elevó la queja al plano internacional a través de organizaciones como Artículo 19, forzando incluso a la propia presidenta Sheinbaum a pronunciarse en favor de la libertad de expresión. La ironía es absoluta, en un ecosistema donde la Fiscalía General del Estado está acostumbrada a manufacturar carpetas de investigación bajo diseño y utilizando recursos dolosos, esta ambigüedad penal es un peligro para todos, incluido el propio Sánchez Sumaya. Si el impetuoso huasteco vuelve a tener un arranque de ira digital mal cuidado, el gallardismo ya tiene el marco legal perfecto para estrenar la ley de su propio exdiputado en la humanidad de los incómodos personeros que simpatizan con el huasteco, el infausto baladrón Omar Niño y la arrojada Anahí Torres quienes ya recibieron un aviso. Hay casi medio millar de portales digitales y páginas de noticias en la red social Facebook, la mayoría con fuertes ligas al régimen, pero las que preocupan son las que gritan desde la trinchera de la ignominia. Hay otros,referentes del periodismo potosino con mayor prestigio que aquellos que arrojan la piedra y esconden la mano, esos que ya no se quitan el traje de víctima desde hace un buen rato, otro día nos ocuparemos de ellos.
Llegados a este punto del drama, surge una verdad incómoda para el oficialismo, tanto empeño por obstaculizar, marginar y boicotear al empresario huasteco solo ha servido para agigantarse ante los ojos de la masa. Nadie despliega tanto aparato institucional ni se ocupa tanto de un insignificante disidente a menos que su mensaje empiece a permear con peligro en los sectores sociales más relegados. Bien dicen por ahí, “nadie se cuida de los pendejos”. Al intentar boicotear sus eventos locales y negarle el registro digital, lo único que lograron las cúpulas fue victimizarlo y dotarlo de una narrativa de resistencia que fascina al electorado anti-sistema. Hubiera sido más inteligente ignorarlo y dejar que se ahogara en su propia bilis, hoy, el tipo camina con la aureola del perseguido. La pelota está ahora en la cancha de Ariadna Montiel y Citlalli Hernández. En los sótanos de Morena se diseñan a contrarreloj dos formas de sacar de la jugada a Sánchez Sumaya antes de que sea demasiado tarde, primero el control por género, la salida institucional más tersa y con menor costo de fricción discursiva. El dedazo centralizado dictamina que la candidatura en San Luis Potosí corresponde al género femenino para cumplir con las cuotas de paridad nacionales. Con eso, el nombre del huasteco se borra de la boleta de un plumazo y sin necesidad de abrir juicios morales. El único inconveniente es que, si Morena no tiene perfiles competitivos del género masculino en San Luis Potosí, mucho menos mujeres.
Segundo, el veto por honorabilidad. Hacer valer el discurso de toma de protesta de Ariadna Montiel, revisar con lupa los expedientes del huasteco y retirando el fiat para contender bajo el argumento de no contar con el “prestigio” necesario, dadas las investigaciones mediáticas sobre presuntos negocios irregulares vinculados al sector hidrocarburos en el sureste del país. Cabe aclarar, para evitar suspicacias de la Fiscalía, que estas líneas de investigación no tocan las fibras del senador Adán Augusto López ni del influyente “Andy” López Beltrán, sino los márgenes operativos de sus empresas factureras. Si la dirigencia nacional de Morena decide aplicar esta segunda opción por pura consigna política, activará el escenario que tiene a Alberto Anaya frotándose las manos en su despacho de la Ciudad de México. Sánchez Sumaya, con capital propio, herido en el orgullo y cobijado con las siglas del PT, se convertiría en un imán para captar el voto de la militancia de izquierda inconforme, de los obradoristas desencantados por el entreguismo de Morena hacia el Verde y de todo el bloque radical anti gallardista del estado. Dejar correr el proceso sin un cálculo milimétrico podría provocar la balcanización definitiva de la 4T en el estado. Si Morena rechaza a las malas al empresario huasteco, le entregará al PT el vehículo perfecto para devorarse las bases del partido guinda, enviando a la marca de la presidenta a morder el polvo como una humillante cuarta fuerza electoral en San Luis Potosí.
Las cartas están echadas, las lealtades cotizan a la baja y, en esta pelea de callejón, el centro intenta imponer moralidad mientras la provincia responde con la cruda realidad, acá los caciques rifan.
