La naturaleza se cobra vidas sin inmutarse, no conoce el daño que causa; el hombre, en cambio, utiliza la inteligencia para refinar la maldad, y con esa inteligencia se puede llegar a ser exquisitamente cruel. Arturo Pérez-Reverte
“Hemos detectado recepción de depósitos bancarios con quien el INE contrató servicios, es decir, personas que eran proveedores, detectamos servidores públicos que no declararon su participación como accionistas de empresas”. La frase quedó flotando en el salón de la Comisión de Transparencia de la Cámara de Diputados como esas monedas que se dejan caer de canto para que suenen más tiempo sobre la madera. Era el 9 de septiembre, faltaban seis semanas para que se acabara el amor y siete para que estallara el escándalo, y el titular del Órgano Interno de Control, Víctor Hugo Carvente Contreras, la soltó casi al final, con la parsimonia administrativa de quien cumple un trámite notarial. No la subrayó, no pidió que se asentará en acta, no convocó a conferencia, la dejó caer despacio, como se deja un escrito sobre la mesa del notario, para que constase que él había advertido. La comparecencia se prolongó más de dos horas y el contralor no recibió una sola pregunta. Los diputados lo dejaron hablar y él dedicó el resto a presumir cuentas limpias. Quien murmura en voz baja no advierte, archiva, y es la forma más cortés del olvido.
Lo que había dicho, además, no era una vaguedad. Habló de cuentas con depósitos superiores a los cinco millones de pesos, de omisiones de registro de ingresos hasta por 5.6 millones en declaraciones patrimoniales, y de servidores públicos con acciones en empresas contratistas del propio instituto. Después consignó como logro de eficiencia administrativa la recuperación de 138 mil 649 pesos por pagos en exceso, cifra que equivale a cuatro meses de cuota de un solo subdirector del Órgano Interno de Control, si hemos de creer lo que publicaría después Excélsior sobre los moches de siete a quince mil pesos mensuales que los extrabajadores dicen haber pagado para conservar la plaza. Es decir, el contralor denunció ante el Poder Legislativo un desfalco de miles de millones y exhibió el vuelto como trofeo. La virtud fiscal se mide en pesos hasta que conviene medirla en adjetivos, y entonces se mide en “austeridad”.
La otra bomba, la que sí estalló, no la puso el contralor. La puso un contratista dolido que grabó a la consejera presidenta diciéndole “te amo” en audios de teléfono, y que en otro audio explicó la ruptura con la claridad de un acreedor, “cuando yo creí que de verdad había algo de sentimiento”. Para cuando Latinus difundió el material, la secuencia ya era un trabalenguas cronológico, la bomba administrativa del 9 de septiembre y la sentimental del 25 de octubre explotaron con tan poca distancia que cuesta saber si el amor se terminó porque se terminaron los contratos o si se terminaron los contratos porque se terminó el amor. Hay una fotografía de por medio, un hijo de la consejera, en una habitación de lujo en París, junto al empresario. Los amores se prueban en vacaciones, los contratos, en auditorías, ambos, en fotografía.
La estructura que el Órgano Interno de Control dibujó en sus láminas tiene la precisión de un mecanismo de relojería. Cinco compañías -Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo ZEG, Comercializadora JVLY y Seriplast de México- compartían socios, apoderados y representantes y, sin embargo, se presentaban por separado a competir, con un método probado, dos empresas del mismo grupo “ofertaban” precios inflados para elevar artificialmente la media, una propuesta se descalificaba por incumplimientos técnicos y quedaba un único postor al que se declaraba ganador. Entre 2014 y 2025 acumularon 2 mil 461 millones de pesos en 27 organismos públicos locales, con 77 por ciento del mercado concentrado, sólo de 2021 a 2025, ya bajo la presidencia de Guadalupe Taddei, el monto identificado asciende a mil 88 millones, y la Auditoría Superior de la Federación perseguía por su cuenta 514 millones en contratos del propio INE. Hay un caso de comedia involuntaria: un contrato de 48 millones a JVLY para operar el voto electrónico desde el extranjero, sostenido con papelería fiscal y opiniones de cumplimiento que pertenecían a otra empresa. La competencia simulada con método resulta más ordenada que la real, por eso el mercado electoral prefiere la ficción.
El 27 de octubre Taddei renunció y con ella se fueron quince funcionarios de su círculo, incluido el jefe de su oficina. El Consejo General puso en su silla a Blanca Yassahara Cruz García, que llevaba exactamente seis meses en el instituto y cuya llegada, el 21 de abril, no tuvo el abrazo de la oposición: 334 votos de Morena, el Verde y el PT contra 127 del PAN, el PRI y el Movimiento Ciudadano, en el primer paquete de consejeros aprobado sin consenso desde que hay registro. En Puebla, donde presidió el instituto local, se le atribuye haber transferido más de 27 mil votos de Morena a Fuerza por México para que ese partido conserve el registro, y haber pagado 68 millones por un PREP que se desplomó al 83 por ciento del conteo. Un observatorio midió que coincidió entre 88 y 100 por ciento de sus votaciones con la ex presidenta. La continuidad tiene una ventaja, no hay que explicarla.
La presidenta Claudia Sheinbaum, mientras tanto, ha administrado el caso con la técnica de quien apaga un incendio arrojándole muebles. En 2023 dijo de Taddei que era “una mujer honesta” y que había sido electa por subasta, ¿qué tiene qué decir la oposición? Nada. El 20 de octubre sostenía que no podía haber sombra de corrupción en el INE, el 26 celebró la renuncia como acertada, el 29 pronunció la palabra que ordena todo el relato: traición. Traición al pueblo, -precisó- no a ella ni al movimiento, “traicionaron el puesto en el que estuvieron”. Vino luego el deslinde técnico, ¿cómo fue electa Guadalupe Taddei? ¿Por el presidente de la República? -fue electa por el Congreso a partir de una tómbola- y después el desplazamiento temporal, el problema viene de hace veinte años, las empresas son «coyotes» que ganan desde 1999, la burocracia electoral se formó en dos décadas, y de paso “ahora que no nos vengan a decir que ellos eran los impolutos”. La tómbola, sin embargo, no fue un accidente de la naturaleza, se llegó a ella porque la bancada oficialista no reunió los votos para designar por mayoría calificada. Bien decía Groucho Marx : Sólo hay una forma de saber si un hombre es honesto, preguntárselo, si responde que sí, ya sabemos que está corrompido.
Dos días después, durante la comparecencia del contralor, el vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, hizo el trabajo que el órgano de control no había hecho, pidió cárcel. La señora Guadalupe Taddei debe ir a la cárcel, -dijo- y exigió que la Fiscalía General de la República investigue de oficio y asegure cuentas y bienes de las empresas, y remató con la palabra de moda: vamos a abrir un maxiproceso. Que la FGR tenga que actuar de oficio es el reconocimiento tácito de que nadie denunció, que el maxiproceso se anuncie en el mismo salón donde el contralor presentaba láminas deja al descubierto el hueco, nadie pidió nada contra Carvente. Se quema a la operadora para que el mecanismo sobreviva, y el que debía vigilar conserva el cargo, el sueldo y la firma. Todo cadalso necesita antes que nada un buen carpintero.
El calendario ya está escrito y es el dato menos irónico de todos. El 4 de noviembre el pleno prevé aprobar la convocatoria, exclusiva para mujeres, con un comité técnico de cinco personas -tres a designación de la Junta de Coordinación Política y dos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos- una quinteta finalista y votación en el pleno el 6 o el 7 de diciembre, con dos terceras partes, si falla, insaculación, y si vuelve a fallar, la Suprema Corte. La diferencia con 2023 es que ahora Morena y sus aliados sí tienen la mayoría calificada, y que la crisis los obliga a fingir que no la tienen. Alrededor, el país no se detuvo: ocho cárteles designados organizaciones terroristas extranjeras desde Washington, diez funcionarios sinaloenses acusados por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa, diecisiete coordinaciones estatales repartidas entre reclamos de dados cargados, una ley para regular memes que interpretarán los jueces electos con 13 por ciento de participación, y un IMSS cerrando en diez días de protestas con ocho por ciento de aumento salarial acumulado y un conflicto que dejó muertos neonatales. Muchos frentes y una sola moneda, la mayoría de 2024, certificada por el mismo árbitro que acaba de quedar en duda.
Por eso, la pregunta que importa no es quién sustituye a Lupita, sino de dónde va a sacar el régimen la certeza que el INE acaba de perder, y la respuesta honesta es que de ningún lado, porque el respaldo popular no se renueva, se gasta, y se está gastando en cada justificación. Si el 7 de diciembre el relevo sale otra vez con 334 a favor y 127 en contra, no habrá solución, habrá prórroga hasta 2027 con el mismo árbitro escorado y una oposición ya entrenada en la narrativa de la imposición. Lo que sí funcionaría cabe en tres renglones, un nombre con prestigio que incluso avale también el PAN, la reforma al artículo 45 para quitarle a la presidencia del INE los superpoderes que le concedió Morena en 2024, y un Órgano Interno de Control que no sea cuota de nadie. La escoba de la que hablaba López Obrador se usó, pero siempre hacia abajo y siempre en el escalón de otro, y el descanso de arriba sigue intacto. En palabras de Cioran sobre Judas: “Solo traicionó a un dios, supo a quién traicionaba, entregó a alguien, como otros entregan algo: una patria u otros pretextos más o menos colectivos”.
@gandhiantipatro
