La soga al cuello: Divagaciones
Es curioso que aún queden ganas de molestar al poderoso, sobre todo cuando vivimos en una democracia simulada que suele avasallar al disidente por la fuerza de las armas o la coacción del dinero, el ciudadano común interactúa muy bien con ese juego perverso del político mañoso que compra voluntades y provoca deslealtades. Últimamente somos muy dados a justificar las acciones deleznables de algún personaje de la vida pública comparándolo con otros, -iguales o peores- ya no se insiste en negar el hecho irrefutable de que todos somos corruptos, desde el oficial de la policía vial que deja ir un infractor a cambio de una compensación económica, hasta el inspector de comercio que extorsiona algún vendedor ambulante sin permiso. Dicen que el entorno es lo que favorece al delito, igual y es cultural, casi todos los primo delincuentes manifiestan haberlo hecho por necesidad o ignorancia, ninguno dirá que simplemente fue la codicia.
Tan corrupto el pobre que hace lo necesario para sobrevivir, como el empresario inmobiliario que soborna servidores públicos del INTERAPAS para obtener factibilidades de agua y patrocina campañas políticas para agilizar trámites y leyes favorables que lo exentan de obligaciones legales. Años después cuando se inunda la colonia o aparece un socavón que devora una iglesia, habrá un alcalde que culpe a las administraciones anteriores por haber autorizado un asentamiento urbano en el fondo de una cañada y sin respetar el atlas de riesgos. Dirán que fue culpa de alguna herencia maldita, mientras hacen negocios con el mismo empresario inmobiliario -tan campante. Las grandes fortunas de las familias más ricas de San Luis Potosí se han hecho al amparo de la corrupción y la especulación inmobiliaria. Esas mismas familias de privilegiados que se encierran en pequeñas fortalezas incrustadas en cerros, rodeados de murallas y ejércitos de pobres que velan por su seguridad y arreglan sus jardines. El rico potosino promedio no solo es corrupto, incongruente e hipócrita, sino que además camandulero.
Según que ahora sí todos bien respetuosos de la ley, operativos en los antros diariamente, el titular de protección civil estatal hasta parece delegado de la fiscalía general de la república, -y sus tarifas andan más o menos por el mismo rumbo. El director de gobernación del estado no ha dicho ni pío, sobre todo después de que salieron a la luz documentos donde quedaba claro que no solo la dirección de comercio del ayuntamiento de la capital había aceptado el trámite del restaurante bar Rich. Pos oigan, cuando estaban haciendo perros del mal a los funcionarios municipales todos “risa y risa”, los periodistas a sueldo y hasta los matones de las redes sociales de siempre exigen todo el peso de la ley.
Pero a nadie se le ocurrió preguntarle a un abogado penalista la pena máxima que alcanza el homicidio por culpa y el re grandísimo problema que es encausar a un determinado servidor público y conseguir una orden de aprehensión por omisión -aunque se demuestre que fue omiso- y peor aún, una sentencia. Obviamente que cuando el gobernador, los padres de las víctimas, mi vecina toda indignada y hasta el cura de la parroquia se enteren que la pena máxima que podrían alcanzar son cinco años seis meses, se van a rasgar las vestiduras. Pero la fiscal general del estado Manuela García Cázares ya está curada de espanto, fue procuradora de justicia, jueza y magistrada del supremo tribunal -sin que ello sea signo de algo malo o bueno. Manuela sabe cómo opera el sistema de justicia y conoce todo los entresijos del poder, pero primordialmente sabe de derecho penal y no se arriesgará a sostener una conjetura inviable, y menos a ser expuesta y que con un amparo se le caiga el tinglado. Ya no está en edad de cometer errores y quienes han colaborado con ella la describen como una persona meticulosa y suspicaz.
Los tres imputados en la causa penal del antro Rich saben las implicaciones de cada palabra que dejen caer en el desarrollo del juicio y que si comienzan a señalar funcionarios públicos municipales -o estatales- a quienes supuestamente habrían sobornado para operar sin reunir los requisitos de discoteca siendo restaurant bar, se van hundir más en esas arenas movedizas que están pisando. Por eso dicen que el crimen no paga, tarde o temprano alguien iba a caer por ese barandal, es cosa de sentido común, un lugar donde podían entrar menores de edad a beber alcohol hasta altas horas de la noche, con una pinchurrienta baranda a nueve metros de altura, era un accidente buscando a la mala suerte. Pero seamos claros, en esta historia no hay víctimas, porque hasta los menores que cayeron al vacío sabían que no deberían estar en ese lugar, incluso los padres que dieron su consentimiento y tal vez hasta patrocinaron la velada son responsables de la seguridad de sus vástagos -eso también lo dice la ley.
Los mexicanos somos malos para lidiar con la crítica y para asumir nuestra responsabilidad, porque a nosotros nos rige el sentimiento de culpa, y eso hay que decirlo, es una derivación de nuestro complejo y accidentado proceso cultural y religioso. Cristo murió por nuestros pecados, al menos los que nacimos hasta la década de los setenta del siglo pasado, somos producto del “ruega por vosotros y ten piedad de nosotros”. En este país todo se trata de no quedarse con la culpa, que si un día se cayó la mina de Pasta de Conchos, sabrá Dios quién estaba vigilando eso. Que si perdimos en penales la posibilidad de un quinto partido en un campeonato mundial, el que hizo la lista de tiradores es un imbécil. Que si el “error de diciembre”, el Fobaproa y el rescate bancario para que los ricos no fueran a la cárcel, eso sí fue una chingadera y todavía estamos pagando esa deuda. Como decía mi abuela: un pendejo siempre tiene a la mano dos cosas, un pretexto y un culpable.
