Tribunal ordena restituir a familias indígenas desalojadas del predio La Peña en Tampamolón
La resolución federal concede una suspensión provisional con efectos restitutorios y obliga a devolver de inmediato a las familias tének y nahuas a sus viviendas y tierras en la comunidad Agua Fría.
Tampamolón Corona, S.L.P.- El conflicto por el predio La Peña dio un giro relevante luego de que un Tribunal Federal modificó la resolución inicial y concedió una suspensión provisional con efectos restitutorios, ordenando que las familias indígenas desalojadas sean devueltas de manera inmediata a las viviendas y tierras de las que fueron expulsadas en el Rancho La Peña, comunidad Agua Fría, en el municipio de Tampamolón Corona.
La determinación fue emitida dentro del Recurso de Queja 195/2026 y representa un revés para las actuaciones del Ayuntamiento de Tampamolón, además de colocar bajo revisión la intervención de autoridades estatales, luego de que los afectados y organizaciones campesinas señalaran presunto respaldo institucional al operativo que derivó en el desalojo de familias tének y nahuas.
De acuerdo con los habitantes, las familias mantenían la posesión pacífica del predio desde hace más de tres décadas, por lo que la resolución federal cobra especial importancia en materia de derechos indígenas, debido proceso y protección de la vivienda.
El documento judicial establece que se modifica el auto recurrido y se concede la suspensión para el efecto de restituir a los quejosos en la posesión de sus viviendas y tierras. Además, ordena que el cumplimiento se realice de manera inmediata mediante una diligencia encabezada por el Ministerio Público adscrito a Tampamolón Corona, quien deberá levantar un acta circunstanciada y remitir las constancias correspondientes al Juzgado Quinto de Distrito.
Asimismo, el juzgado ordenó solicitar la participación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) para designar intérpretes en lenguas náhuatl, tének y maya, con el objetivo de garantizar que las personas afectadas comprendan plenamente el desarrollo de las diligencias y se respeten sus derechos como integrantes de pueblos originarios.
La resolución ocurre días después de que los habitantes denunciaran públicamente que, tras el desalojo, sus viviendas habrían sido destruidas, sus pertenencias saqueadas y posteriormente quemadas, hechos que atribuyeron a trabajadores municipales y elementos de seguridad.
Incluso, la dirigencia estatal de la CIOAC señaló que la alcaldesa Silvia Medina Burgaña habría asegurado contar con respaldo del Gobierno del Estado para ejecutar dichas acciones, acusación que ahora queda en medio del análisis público y jurídico sobre la actuación de las autoridades involucradas.
Con esta determinación, la justicia federal ordena proteger los derechos de las comunidades indígenas y garantizar el cumplimiento del debido proceso, dejando bajo cuestionamiento el operativo realizado en el predio La Peña.
Ahora, la atención se centra en el cumplimiento de la orden federal. En caso de que las autoridades responsables retrasen o desacaten la restitución ordenada, podrían enfrentar consecuencias legales por incumplir un mandato de la justicia federal.
